Por Marcelo Guardia Crespo
La Asociación Nacional de la Prensa ha cuestionado algunos términos del texto constitucional aprobado por la Asamblea Constituyente. El texto de la Constitución Política del Estado (CPE) dice que la información y las opiniones deben respetar los principios de “veracidad y responsabilidad”. La ANP tiene razón. No hay cosa más difícil que definir la noción de verdad aunque todos la deseamos. Lo que es verdad para el gobierno no siempre es para la oposición. Ejemplos tenemos todos los días. Nadie puede atribuirse la capacidad de ser portador de la verdad. Con esta idea pueden ejercer censura y autoritarismo quienes detentan el poder. Democracia supone convivencia de pensamientos distintos.
Sin duda que la noción de responsabilidad es fundamental. La información emitida debe ser respaldada, comprobable y no vulnerar los derechos de los demás.
El texto constitucional es avanzado en el campo del derecho a la información. Ha incluido esta noción que supone la capacidad de investigar, expresar y recibir información de interés público. Con ello se completa la necesidad de que los medios y periodistas trabajen para que la población esté informada oportunamente. No sólo para ejercitar su libertad de opinión.
En la CPE vigente se destaca solamente el derecho a la libertad de expresión. Con ese argumento se cometen abusos en el ejercicio de la profesión y en el manejo de medios. Algunos conductores de programas y periodistas dicen cualquier cosa a título de tener derecho a expresarse libremente. Olvidan que el periodista debe buscar la verdad aunque sepa que es difícil llegar objetivamente a ella.
Muchos medios privados tienen compromisos con grandes poderes económicos y políticos. Políticos y autoridades inciden en las agendas de los medios y en el tratamiento de fuentes y contenidos. Hacen contratos para emitir propaganda en su favor con lo que comprometen las líneas editoriales por la vía económica. Se conocen casos de corrupción de periodistas con pagos extras que no dejan ninguna prueba. El único indicio contundente es la huella en el tratamiento parcializado de las noticias. El supuesto compromiso con la misión de informar de manera imparcial y verdadera se diluye en la conflictiva coyuntura social del país.
Los medios de comunicación se han convertido en instrumento de persuasión en un clima de disputa por la posesión de verdad. Tanto el gobierno como la oposición utilizan medios y periodistas para sus fines. La opinión pública se forma en medio de un caos mediático que frecuentemente transmite datos incompletos, tergiversados o falsos.
¡Pobre público! Tiene que escarbar el denso mundo mediático para tener datos confiables. Felizmente se multiplicaron las redes y sistemas de información alternativa a los medios masivos. La población no forma su opinión sólo a partir de los medios. La globalización ha multiplicado también las fuentes de referencia.
Periodistas improvisados cumplen labores que requieren de capacitación técnica y ética. No se cumple la disposición legal que exige la profesionalidad de los periodistas. Algunos medios hacen exactamente lo que no se debe hacer.
El manejo de fuentes es desequilibrado. Los sectores hegemónicos tienen más gente y recursos en los (sus) medios. Los programas de opinión y supuesto análisis se han multiplicado vertiginosamente. Cualquier persona asume el rol de analista político o periodista. Es obvio que todos tienen derecho de expresarse libremente por cualquier medio. Pero no todos están capacitados para hacer periodismo. Los hospitales tienen médicos profesionales en sus plantas. Nunca ejercen la medicina personas no autorizadas y sin licencia. Es un acto de responsabilidad social y legalidad. Lo mismo debía ocurrir en los medios.
Existe libertad de expresión en Bolivia pero no se satisface el derecho a la información. El cambio de enfoque de la legislación puede favorecer a que se priorice la necesidad de informar a la población más que intentar persuadirla o simplemente expresarse con libertad. Empresarios y periodistas debieran trabajar en función del derecho informativo. Muchos lo hacen muy responsable y eficientemente. La mayoría no.
Los límites entre la verdad y la libertad no están claros en el medio periodístico. Este reclamo es tan importante que debiera tener el apoyo de todas las organizaciones de periodistas y comunicadores del país. Aunque no está bien sólo exigir libertad irrestricta si del otro lado no se reafirma y demuestra el compromiso con el trabajo profesional y el derecho a la información.
El autor es director de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Católica Boliviana San Pablo filial Cochabamba
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