25 de agosto de 2008

POLARIZACIÓN INFORMATIVA EN LA COBERTURA TELEVISIVA DE LOS REFERENDOS PRO AUTONOMÍAS DEPARTAMENTALES

Sandra Villegas Taborga[1]

Bolivia ha vivido cinco procesos electorales entre mayo y agosto de este 2008, eventos que se han realizado en medio de la situación enfrentada entre el gobierno nacional refrendado con el 67% de aprobación al mandato presidencial de Evo Morales y la oposición, representada por 4 prefectos también ratificados por el voto. La incertidumbre respecto a la resolución de la crisis política en el país está latente, alimentada también por la información polarizada brindada por los medios de comunicación, de los cuales el más cuestionado por la ciudadanía es la televisión.

El análisis de la cobertura informativa de los noticieros de televisión que efectuó el Observatorio Nacional de Medios (ONADEM)
[2] en mayo y junio de 2008 sobre los Referendos por Estatutos Autonómicos en Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija demostró que hubo una agenda mediática supeditada a la agenda política así como la contraposición de dos tipos de discursos polarizados de acuerdo con el alineamiento mediático a favor o en contra de los referendos.

Cuando uno escucha dos versiones diferentes sobre un mismo hecho, le queda la duda de cuál será la verdad y quién la dirá, quedando la incertidumbre como consecuencia lógica.

Poca idea podrá hacerse un ciudadano de lo sucedido con las informaciones de los medios y el desconcierto trasciende las fronteras para el boliviano que vive en otro país.

Lo evidente es que las noticias según el canal (privado o estatal) que se elija mostraron dos caras de la moneda, dos “realidades” totalmente diferentes.

Varios canales de televisión privados resumieron las jornadas electorales así: “éxito y tranquilidad de la jornada democrática” o “la contundente victoria del Sí en rechazo al gobierno”. Los hechos de violencia suscitados, en especial el 4 de mayo, fueron calificados como “aislados”. En el otro extremo, en la televisión estatal (Canal 7) el primer referendo fue calificado como “consulta ciudadana” y su realización como “rotundo fracaso”, a la vez que la participación en la votación fue descrita como “alto ausentismo”.

El discurso sobre la legalidad y derecho democrático de las regiones a través de los referendos (canales privados) contrastó así con el relativo a la ilegalidad y el fraude “organizado por los cívicos y prefectos” (canal estatal y un par de canales privados afines de alcance local).

El espectáculo primó en las coberturas porque los heridos, la violencia y los sucesos inciertos fueron magnificados para hacer noticia. Un ejemplo para muestra: mientras la mayoría de los canales privados anunciaban la detención de Amadeo Amorin (presentado incorrectamente como Viceministro) por portar material electoral en un vehículo junto a otras dos personas, el canal estatal explicaba que Amorin había encontrado papeletas marcadas con el Sí y las llevaba ante la justicia como prueba del fraude organizado en el referendo en Santa Cruz. Luego de hacer seguimiento al hecho se supo que no era un viceministro sino un ex funcionario de gobierno (error de los canales privados); sin embargo, llamó la atención que en noticias posteriores se habló de escándalos desatados por diputados de la oposición en los juzgados, que los procedimientos judiciales fueron obstruidos y que Amorin habría gozado de protección por instrucciones del gobierno.

Las imprecisiones de este tipo fueron magnificadas por la difusión de información no confirmada como la muerte de un anciano (4 de mayo) como producto de enfrentamientos de jóvenes de la Unión Juvenil Cruceñista y adherentes del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) en el Plan Tres Mil. El Canal 7 mostraba al Ministro de Gobierno, Alfredo Rada, brindando amplias explicaciones sobre el hecho y anunciando investigaciones posteriores, minimizando el fallecimiento hasta evaluarlo. Sin embargo, luego se supo que el anciano falleció por causas naturales. En esa misma fecha, un canal privado anunció la muerte de dos niños como resultado de la violencia desatada, pero este hecho nunca fue confirmado.

Mientras Canal 7 deploraba la participación de una niña de 14 años como jurado electoral, PAT y Bolivisión anunciaron la detención de 30 jóvenes unionistas como noticia de último momento, situación que no se desmintió al comprobarse que no había sucedido tal hecho.

Los canales privados UNITEL y RED UNO minimizaron los cabildos organizados en El Alto y Cochabamba en contra del referendo cruceño y Canal 7 habló de “multitudinarias marchas y movilizaciones”. ¿A quién creerle? Lo cierto es que las verdades se dijeron a medias, se maximizaron o minimizaron según el lente con que se miraba, elaboraba y difundía la noticia.

Volviendo a los resultados generales para las fuentes informativas, el estudio del ONADEM identificó que existió un 51% de fuentes que apoyaban a los referendos, un 32% que los cuestionaban, un 11% de fuentes más imparciales y un 6% de fuentes sin identificar.

Como parte de la cobertura, sobre todo en los canales, se invitó a diversos personajes (78 en total) como “analistas políticos” –en su mayoría varones– para evaluar la coyuntura. Sin embargo, muchos de ellos no guardaron el equilibrio ni la distancia necesarios para evaluar, orientar o complementar la información proporcionada. También los discursos de los comentaristas y analistas se alinearon a favor o en contra de los referendos; escasos fueron los mensajes conciliadores que convocaron al diálogo y la concertación.

Los aciertos

Varios medios trabajaron en red para optimizar recursos y potenciar su impacto. Los despliegues técnicos de la TV privada mostraron importantes innovaciones en materia de escenografía, tecnologías, desplazamientos para contactos en directo y presentación gráfica de resultados.

La excepción —presente en algunos medios y en pocos momentos— fue la cobertura informativa plural, equilibrada, con la presencia de analistas y fuentes que expresaran la variedad de puntos de vista y reflejaran la complejidad del tema.

Pero además del discurso, la parte técnica y el despliegue humano y tecnológico de las coberturas informativas probó haber avanzado positivamente. Los equipos de prensa trabajaron con al menos 6 periodistas y destinaron de 3 a 4 unidades móviles con corresponsales desde el lugar de los hechos; hubo un promedio de 5 despachos desde áreas rurales y 4 desde barrios fuera de los centros urbanos. Las cadenas nacionales de televisión retransmitieron en directo desde sus estudios en Santa Cruz, La Paz y Tarija con permanentes contactos con Cochabamba, Oruro, Trinidad, Cobija y Sucre.

A su vez, algunas redes de televisión trabajaron con empresas encuestadoras: IPSOS, Apoyo, Opinión y Mercado (ATB); Equipos Mori (UNITEL); Captura Consulting (PAT); y Focaliza (Red Uno).

En síntesis

La cobertura informativa televisiva fue sesgada, poco plural en cuanto a temas, fuentes y posiciones. No existió equilibrio informativo, se apoyó o cuestionó explícitamente los referendos.

Se puede decir que no se utilizó un lenguaje que haya contribuido a que la gente pudiera comprender la complejidad de la composición de la sociedad boliviana actual, sino que más bien se llevó a simplificar las posiciones de la población usando el esquema protagonista-antagonista en la construcción noticiosa.

La cobertura periodística, en líneas generales, no contribuyó a dar insumos noticiosos y de análisis para que la población reciba una información plural y precisa que le permita tomar decisiones y formar su criterio libremente sobre un tema de interés público.




[1] Coordinadora Metodológica del Observatorio Nacional de Medios (ONADEM).

[2] Una iniciativa de la Fundación UNIR Bolivia y la Asociación Boliviana de Carreras de Comunicación (ABOCCS) desde abril de 2006.

7 de agosto de 2008

La necesidad de la calidad en la información noticiosa sobre las personas con discapacidad

Por José Luis Aguirre Alvis*

En los últimos días en el país se ha originado un incesante así como inusual caudal informativo en los diferentes medios de difusión masiva a raíz de la demanda del Bono de Equidad ofrecido por el Gobierno boliviano al sector de la discapacidad hace más de un año.

Esta circunstancia nos ha dejado particularmente conmovidos ya que son pocas o raras las ocasiones en que este colectivo concentra la atención de los medios de difusión en general. El hecho de ver reflejados rostros, escuchar algunos testimonios y hasta ver cómo los elementos básicos del respeto humano han sido transgredidos a través de una desmedida violencia contra las personas con discapacidad ha develado además una faz poco advertida de la discriminación que puede operarse contra este sector.

Esta forma de violencia también ha sido puesta de manifiesto a través del lenguaje informativo utilizado. Los medios han mostrado un sensible desconocimiento de la evolución dirigida al buen trato, relaciones de inclusión y equidad, además de operar la construcción informativa desde una ética de la diversidad y que especialmente en materia de las personas con discapacidad se ha venido gestando como parte del crecimiento democrático en el tiempo actual.

Así, llama la atención cómo se califica al sector de la discapacidad bajo términos que si bien en un amplio contexto informativo pudieran ponerse del lado de sus intereses desde el lenguaje lo menosprecian y disminuyen, quitando a sus miembros, de forma inversa, su valía como personas.

La batalla por las reivindicaciones sociales también va de mano del lenguaje. Los movimientos de las personas con discapacidad en foros mundiales y en espacios de debate democrático ya han hecho notar acerca del cuidado que debe darse desde los medios en el uso de los adjetivos que se les atribuye. Así, expresiones como “los deficientes”, “los discapacitados”, “los minusválidos”, y como se ha escuchado en estos días “personas especiales”, y “personas diferentes” son las que reproducen justamente el estereotipo de su presunta invalidez.

La estigmatización de la discapacidad ha hecho que se substituya la persona, el sujeto y su identidad a través de instrumentos, adjetivos y formas que deterioran su imagen; la forma reconocida hoy para referirse a esta población es la de “persona o personas con discapacidad”.

Este no es un caso de forma lingüística sino concierne a la salvaguarda de la sustantividad de la persona y al reconocimiento integral de sus derechos. Las personas con discapacidad, durante muchos años y a través de sus organizaciones y movimientos asociativos, han luchado incesantemente por recibir un trato equitativo especialmente en lo que refiere al lenguaje que utilizan los medios de difusión a fin de evitar ahondar la discriminación que se opera hacia ellos y que se refuerza desde una imagen de carácter asistencialista, de benevolencia y lástima y que devienen en su marginación social.

En este sentido, cuando se informa utilizando la palabra y la imagen correcta sobre la temática de la discapacidad se logra educar a la sociedad, lo que normalmente conlleva un cambio de actitud que favorece la inclusión de estas personas. La discapacidad tiene una reconocida dimensión social, en virtud de ella y al margen de concesiones paternalistas o de juegos de mercadotecnia asistencialista demanda de la función informativa un trato correcto por su comunicación en igualdad de oportunidades.

Todos los que trabajamos directa o indirectamente en los medios de difusión y por una comunicación democrática tenemos la obligación de construir la realidad de modo que las personas con discapacidad se vean efectivamente reflejada como es, sin apasionamientos ni sensiblería pues al ser sujetos plenos de derechos también les corresponde el derecho a su justa representación y expresión así como a la canalización de su propia palabra.

El estudio de los medios sobre el tratamiento informativo que dan a la discapacidad fue iniciado en la agenda de la Universidad Católica Boliviana el año 2003 en oportunidad de realizarse el Primer Seminario Taller Internacional sobre Medios de Comunicación y Discapacidad.

En el evento se expuso un primer estudio sobre el tratamiento de los medios impresos nacionales constatándose que los mismos no habían superado desde el lenguaje una postura de conmiseración y desconocimiento de la realidad de las personas con discapacidad. Se evidenció así la presencia de estereotipos, imágenes distorsionadas y la reproducción de la postura del modelo médico que sienta sus bases en la enfermedad y no así en la persona como sujeto social e integral.

Desde este evento se han promovido acciones de sensibilización hacia los comunicadores e informadores así como con la propia presencia de los sectores de la discapacidad en la elaboración de una Guía de Comunicación Inclusiva además de pautas para una ética y manejo del lenguaje inclusivo desde la diversidad. Entre las pautas que dan estos instrumentos aparecen constataciones y recomendaciones como las siguientes:

- Siendo los medios de difusión un vehículo importante para la participación pública su contribución para dinamizar la presencia de las personas con discapacidad se constituye en una prioridad para alcanzar su ejercicio ciudadano.

- La información sobre las personas con discapacidad debe enfatizar las facetas positivas, las potencialidades, los logros y avances, además de sus cualidades humanas, especialmente su interacción en y con la comunidad.

- Desmontar falsas creencias, mitos y prejuicios sobre la discapacidad para ayudar a romper con la conceptualización asistencial hacia este sector.

- Alejar la discapacidad de la crónica roja rompiendo el falso vínculo violencia-enfermedad.

- Dejar hablar a los protagonistas, para potenciar la información individualizada que pueden aportar las propias personas con discapacidad como herramienta para crear una imagen positiva.

- Contextualizar y contrastar la información desde las propias personas con discapacidad.

- Contrastar las noticias institucionales y del mundo médico-científico con las versiones de las personas con discapacidad y sus organizaciones.

Estos elementos abren la oportunidad de mejorar la calidad de la información sobre la discapacidad desde un tratamiento equitativo, ético y participativo. Considerándose aun más que en Bolivia este sector representan el 10 por ciento de sus población total, según las estimaciones de la Organización Panamericana de la Salud.

· Proyecto ”Por el derecho a la comunicación e información de las personas con discapacidad.” Universidad Católica Boliviana “San Pablo” – SECRAD (La Paz).
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www..secrad.ucb.edu.bo