31 de marzo de 2010

La Información y la Comunicación como derechos

Por Erick R. Torrico Villanueva


Hay un doble y reiterado reduccionismo que es preciso superar si se quiere alcanzar un diálogo fructífero respecto al tema de una eventual legislación informativo-comunicacional en el país: uno es el que considera que este es un asunto exclusivo del mundo periodístico; el otro, complementario del anterior, es el que pretende hacer girar toda reflexión posible en torno a la cuestión única de la vigencia o no de la Ley de Imprenta, ya casi nonagenaria.

Frente a ello, la Fundación UNIR Bolivia entiende que no sólo es indispensable apostar por una comprensión más amplia de la problemática señalada sino también modificar los ejes y los términos del análisis que se viene haciendo al respecto. En buena medida, de que se asuma o no este cambio de perspectiva dependerán tanto el curso y los contenidos de los acontecimientos como sus resultados probables.

De lo que se trata, entonces, es de remontarse por encima del antiguo dilema básico entre “libertad de expresión privada” y “censura gubernamental” abriendo otro horizonte de discusión desde los planos de la democracia y el ejercicio de la ciudadanía, es decir, del pluralismo y la participación, por una parte, y de los derechos y las obligaciones, por otra.

Breve conceptualización

Como régimen político, la democracia organiza institucionalmente la vida de la comunidad mediante un sistema de reglas tendientes a asegurar los mínimos de ciudadanía necesarios y a posibilitar la gestión ordenada de los conflictos .

En este sentido, la democracia requiere hacer efectiva la ciudadanía integral e intercultural para todos, esto es, la ciudadanía civil, la ciudadanía política y la ciudadanía social con reconocimiento pleno de la diversidad. En otras palabras, lo que hace falta para que una democracia sea real y legítima es que a los derechos para la libertad individual —entre los que se hallan los derechos a la libertad de pensamiento, expresión y prensa— se sumen los derechos a la participación en el poder político —dentro de los que se inscribe el derecho a la información— y también los derechos al bienestar económico, social y cultural, de los cuales hace parte el derecho a la comunicación.

Cabe puntualizar aquí que así como la democracia nunca será una obra acabada, la ciudadanía necesita ensancharse constante y progresivamente aprovechando las oportunidades que se presenten o se requieran para su afianzamiento.

El desarrollo de la noción de derechos humanos, con importantes antecedentes en la Inglaterra del siglo diecisiete o en la Francia del siglo diecinueve , recién tuvo su auge tras la finalización de la segunda guerra mundial, en la década de 1940, cuando la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) consiguió la internacionalización de los derechos fundamentales. Posteriormente surgieron las formulaciones sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales al igual que sobre los Derechos Ambientales.

Aunque las libertades de pensamiento, expresión e información estuvieron presentes desde los primeros momentos de esa trayectoria, fue entre los decenios de 1960 y 1980 que quedaron mejor configurados el Derecho a la Información y el Derecho a la Comunicación, el primero referido a la libertad de investigar, recibir, almacenar, procesar y difundir información y el segundo concerniente a las libertades de palabra, reunión, asociación, participación, discusión, disidencia, imagen propia y acceso al saber, el arte, la información y la herencia cultural como bienes públicos.

Por eso no se puede negar que la teoría de los derechos humanos se ha ido perfeccionando a lo largo de los siglos, pero es verdad igualmente que aún resta mucho por conquistar en el nivel concreto de su puesta en práctica. Así, en el caso de la información y la comunicación, apenas si se han mantenido en vigor las libertades civiles —preferentemente promovidas y aprovechadas por los sectores mediáticos empresariales— con evidente descuido de las que corresponden a las formas de la ciudadanía política y social.

Esto quiere decir, además, que los ciudadanos continúan marginados de los lugares y los papeles protagónicos que debieran tener en estos ámbitos, situación que, por ejemplo, es del todo visible en el proceso de construcción de la esfera pública, es decir, en la elaboración del temario de interés colectivo en materia de información y opinión así como en la producción de los mapas cognitivos usados para interpretar la realidad social cotidiana, tareas que parecieran estar a cargo solamente de las élites políticas y de las mediáticas audiovisuales .

De ahí que resulte pertinente, a propósito de la posibilidad de que vaya a darse una legislación comunicacional, sostener la necesidad de proyectar cualquier futuro debate sobre el particular considerando los derechos y las libertades civiles pero superando sus fronteras, en la expectativa —así mismo— de la universalidad, la indivisibilidad y la exigibilidad de los derechos humanos.

Cabe recordar, al respecto, que existe un importante cúmulo de instrumentos internacionales como la ya citada Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos o la Declaración de las Naciones Unidas sobre Medios de Comunicación de Masas que brindan amplio sustento doctrinal y jurídico al Derecho a la Información y la Comunicación.

Circunstancias políticas para considerar

Bolivia comenzó ya una etapa de profunda reinstitucionalización vinculada a la adecuación de su anterior sistema normativo a los preceptos de la nueva Constitución Política del Estado; en ese marco se debiera asumir con mayor seriedad el anuncio contenido en el programa de gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) de que habrá una “Ley de Información y Comunicación Social” —que obviamente, desde la denominación planteada, no será la Ley de Imprenta de 1925—, lo cual además debiera permitir a los sectores interesados tomar conciencia de algunos datos de la realidad política que definen el contexto actual.

La supremacía que hasta ahora ha obtenido el oficialismo en el voto, el poder ampliado que posee el MAS en las arenas política, social y aun discursiva, la visible disminución y dispersión de la oposición partidaria y cívica, la mayoría política gubernamental en la Asamblea Legislativa Plurinacional y la capacidad oficial de iniciativa para legislar son parte de esos elementos del entorno que insoslayablemente se tiene que considerar antes de adoptar decisiones, fijar posiciones o adelantar acciones respecto a las anticipaciones gubernamentales sobre una legislación informativo-comunicacional.

Tampoco se puede dejar de tener presente la voluntad presidencial para normar la actividad mediática que el propio Evo Morales expresó a fines de enero pasado, pues representa un factor inédito en las casi tres décadas de vida democrática que lleva el país.

Los actores clave

Es lógico, por tanto, que el Órgano Ejecutivo y la Asamblea Legislativa Plurinacional serán una parte fundamental del conjunto de actores que se involucrarán en la formulación de esa probable legislación.

Otros actores de nivel semejante serán, por supuesto, los propietarios y los trabajadores de los distintos tipos de medios de difusión , así como los gremios que les agrupan, a los que se sumarán los futuros gobiernos de las nuevas autonomías.

Pero asimismo se debería incorporar a los anunciantes, los productores de mensajes no periodísticos, los formadores de personal para los medios, los investigadores de los procesos comunicacionales y finalmente a la ciudadanía en general, que no tiene que seguir siendo vista como mero público consumidor o como electorado pasivo.

En realidad, sólo la participación activa de los ciudadanos en sus diferentes sectores podría garantizar que una potencial normativa informativo-comunicacional se inscriba en la perspectiva de los derechos humanos y en un proyecto de consolidación democrática. Por eso, los actores mediáticos, en todos sus segmentos, debieran proponerse la construcción de alianzas ciudadanas no sólo en su interés de restaurar sus lazos con la gente sino ante todo teniendo en cuenta la necesidad de recuperar la polifonía de los actores sociales en un tiempo signado por tendencias de corporativización e incluso por acciones de cooptación que son propiciadas desde el plano gubernamental.

Las posiciones registradas

Hasta ahora, sin embargo, lo que se ha percibido en la escena pública es una especie de nuevo capítulo de la confrontación entre gobierno y medios privados que se desató el momento mismo de la posesión presidencial de Evo Morales el 22 de enero de 2006, enfrentamiento que alimenta los reduccionismos de que se habló al principio de esta presentación.

Las posiciones que han exteriorizado esos dos actores se han circunscrito a ese estrecho marco que, como se dijo antes, cierra y empobrece el espectro del debate posible y deja completamente afuera a la ciudadanía, sujeto principal de los derechos.

El oficialismo, pese a que en su programa de gobierno menciona una “Ley de Información y Comunicación”, sostuvo que se requiere una nueva “ley de medios”, sobre todo —como declaró el presidente Morales el pasado 25 de enero— para evitar que dichos medios mientan .

A su vez, en el campo de los dueños y los trabajadores de los medios privados se han manifestado dos posiciones extremas complementarias —“la Ley de Imprenta no se toca”, “la autorregulación periodística es suficiente”— y otra moderada: “sólo es aceptable una actualización de la Ley de 1925”, “las organizaciones sindicales de la prensa prepararán anteproyectos”.

Así, a los todavía insuficientes insumos para debatir se agrega la flaqueza de los argumentos esgrimidos.

No ha habido pronunciamientos institucionales de otros actores y nadie parece haberse percatado de que la nueva Carta Magna, por un lado, se refiere ambiguamente a una ley relacionada con medios y periodistas y, por otro, deja sin efecto un componente central de la actual Ley de Imprenta, los Tribunales de Imprenta, al desconocer las “comisiones especiales” (Art. 120. I) y los “fueros, privilegios y tribunales de excepción” (Art. 180. III).

Debido a las imprecisiones ya anotadas en la identificación y delimitación de los ejes de la discusión, como a la falta de proactividad para el diálogo social, la Fundación UNIR Bolivia considera que si algo habría que examinar con participación de todos los actores tendría que ser el Derecho a la Información y la Comunicación en concordancia con lo establecido por el artículo 106, parágrafo I, de la Constitución promulgada en enero de 2009.

Las condiciones de la coyuntura

Pero, ¿cuál es el “clima” político y social conectado con este tema?

Es, primero, uno marcado por una relación tensa entre el gobierno (en particular el presidente Morales) y los medios privados (en particular las redes televisivas, pero también los diarios) y caracterizado por cuestionamientos y hasta recriminaciones oficiales que han recibido como respuesta la reafirmación empresarial y sindical —aunque en situaciones distintas — de las libertades de expresión y prensa. Cabe recordar que la estrategia comunicacional oficial desde un inicio definió a los principales medios privados como adversarios y paralelamente se ocupó de potenciar el sistema mediático en manos del gobierno .

En segundo lugar, es una “atmósfera” en la cual tiende a prevalecer la segmentación ideológica de las audiencias mediáticas producto de la polarización político-regional reciente al igual que la multiplicación de expresiones de desconfianza ciudadana frente al trabajo informativo de los medios . Esto viene generando al menos tres tipos de comportamiento entre los involucrados: 1) la negación sistemática de esta situación por parte de los empresarios mediáticos que a partir de algunos sondeos de opinión se autoconvencen de que la credibilidad social en los medios es de las más altas; 2) el surgimiento de corrientes autocríticas en el seno de algunas organizaciones sindicales de la prensa, y 3) la preocupante proliferación de actos de agresión contra reporteros, camarógrafos, fotógrafos, equipos o instalaciones de medios .

No es dable sostener, por ende, que el periodismo se encuentre en uno de sus mejores momentos, pues a la estrategia confrontacional utilizada por el gobierno en sus primeros 4 años de gestión se suma el descontento ciudadano con el sensacionalismo, la improvisación profesional y la politización abierta de muchos medios , aparte de la existencia de circunstancias propicias para radicalismos sociales y la visible desarticulación interna de los gremios del sector , factores éstos que debilitan a los actores mediáticos en la actual coyuntura.

De ahí, otra vez, que sea poco pertinente que desde el campo mediático varios insistan en reducir el debate sobre una posible legislación informativo-comunicacional al ámbito del periodismo y la Ley de Imprenta.

Los escenarios (im)posibles

El panorama descrito invita a pensar prospectivamente, es decir, a imaginar, a partir de la situación presente, las opciones que se abren para los acontecimientos en el próximo futuro.

Un primer escenario, que quizá habría que descartar por su casi evidente inviabilidad, es el de que todo continúe como se mantuvo desde 1925. Esta fórmula no resulta razonable por cuanto implica un desconocimiento de la correlación de fuerzas actual y del proceso de reinstitucionalización en curso, además de que con seguridad supondría para el gobierno un inaceptable retroceso a la fase previa a la nueva Constitución.

Un cuadro intermedio es el que está surgiendo como propuesta en algunos espacios sindicales de la prensa: que se “modernice” la Ley de Imprenta. Esta visión podría servir como un punto de negociación, pero requeriría contar con definiciones precisas acerca de qué es lo que se debiera modificar o complementar en esa norma, además de que tendría que hallar salidas a la ya mencionada anulación constitucional de los tribunales de excepción y a la noción más abarcadora de Derecho a la Información y la Comunicación incorporada en la actual Carta Magna.

Una tercera posibilidad es que el gobierno resuelva imponer una nueva ley hecha a la medida de sus necesidades, dando amplios márgenes de decisión a sectores radicales del Órgano Ejecutivo y la Asamblea Legislativa Plurinacional. Esto podría ser una reacción oficial extrema a la resistencia empresarial inicial ante cualquier iniciativa de legislación, aunque obviamente generaría un ambiente de ilegitimidad e invalidación para esa norma y tal vez desembocaría en una situación de negociación forzada que no obstante ofrecería escasas posibilidades de éxito para los involucrados no gubernamentales dado que el oficialismo ya habría sentado las bases de las reglas del juego.

Finalmente, la alternativa ideal podría expresarse en el hecho de que se promueva una normativa integral, democrática y con el mayor consenso posible con participación de todos los actores clave en una deliberación de alcance nacional capaz de desembocar en propuestas para la Asamblea Legislativa. Esta última vía, sin duda, es algo que es dable construir, pero con la inexcusable intervención de la ciudadanía.

En este caso, asumiendo que los derechos de los medios dependen de los derechos de la ciudadanía y a la inversa, una plataforma ciudadana que articule alianzas por el Derecho a la Información y la Comunicación debería partir de acuerdos básicos sobre principios democráticos irrenunciables como las libertades de pensamiento, expresión, prensa e información, la inexistencia de censura previa, el respeto a la intimidad, la dignidad y el interés público, el pluralismo, la participación, el rechazo de toda forma de discriminación, el libre acceso a la información pública o la transparencia de los sistemas mediáticos.

Para el diálogo

Es claro, a estas alturas, que el tema de una posible legislación informativo-comunicacional hace prever una situación de conflicto social y político que en criterio de la Fundación UNIR Bolivia debiera ser considerada una oportunidad para conseguir avances democráticos que beneficien a los ciudadanos en materia de expandir, garantizar y consolidar derechos y libertades.

Por ejemplo, el logro de una complementación armónica entre autorregulación (para la información, la opinión y la opinión periodísticas) y regulación (para los contenidos no noticiosos, la asignación de frecuencias en el espacio radioeléctrico, la formación y las condiciones laborales de los trabajadores de los medios o los derechos de las personas) puede ser un componente central de esa oportunidad.

Y lo mismo, entre otros aspectos, se puede decir de la necesidad de pluralizar el espacio público, promover la interculturalidad y la interregionalidad, desarrollar medios públicos con producción propia o abrir el Estado para transparentarlo.

Se entenderá entonces, sin pasar por alto el riesgo de que se pretenda hacer un uso político de la regulación, que las condiciones para transformar una situación de presunta amenaza en otra aprovechable son dejar de ver el tema desde la centralidad excluyente de los medios, trabajar en pro de la vigencia real del Derecho a la Información y la Comunicación, alentar el protagonismo ciudadano plural y pensar en términos de una política pública que no sustituya ni reduza los principios de las normas hasta hoy vigentes sino, en lo posible, los sistematice, integre y proyecte hacia un ordenamiento democrático y dignificante de los procesos informativo-comunicacionales.

Todo ello requiere de los actores involucrados una voluntad para ampliar los temas-eje del debate, para llevar adelante análisis y diálogos sustentados tanto como para buscar y alcanzar consensos democráticos mínimos capaces de desplegar iniciativas y negociaciones mayoritariamente favorables.

El entendimiento de la Información y la Comunicación como derechos junto a la proactividad responsable de los actores ciudadanos —y entre ellos, como es obvio, de la gente de los medios— pueden representar, así, una combinación exitosa en pro de un Estado con ciudadanía integral e intercultural.


Fuentes consultadas


- BENVENUTO, Jayme (2001): Los Derechos Humanos, Económicos, Sociales y Culturales. Plural Edit. La Paz.
- Constitución Política del Estado (2009). Edit. CI Ibáñez. La Paz.
- CONTRERAS, Adalid y CARRASCO, Diego (2006): Transiciones de la Libertad de Expresión al Derecho a la Comunicación. Azul Editores. La Paz.
- GORE, Al (2007): El ataque contra la razón. Debate. Buenos Aires.
- JURADO, Romel (2009): Reconstrucción de la demanda por el derecho humano a la comunicación. CIESPAL. Quito. Col. Intiyan, nº 54
- MENDEL, Toby (2009): El Derecho a la Información en América Latina. Comparación jurídica. UNESCO. Quito.
- MOUFFE, Chantal (2003): La paradoja democrática. Edit. Gedisa. Barcelona.
- NAVAS, Marco (2005): Los derechos de la comunicación. INREDH – Punto de Comunicación. Quito. 2ª edic.
- OBSERVATORIO NACIONAL DE MEDIOS (2009): Medios a la vista. Informe sobre el periodismo en Bolivia 2005-2008. UNIR-ABOCCS. La Paz.
- PNUD (2004): La democracia en América Latina. Hacia una democracia de ciudadanos y ciudadanas. Alfaguara. Buenos Aires.
- PNUD-OEA (2009): La democracia de ciudadanía. Una agenda para la construcción de ciudadanía en América Latina. s.l.
- RUIZ, Carlos (1996): Manual para la elaboración de políticas públicas. Plaza y Valdés Edit. México.
- TAUFIC, Camilo (2004): Manual de ética periodística comparada. FUCATEL. Santiago de Chile.
- UNESCO (1981): Un solo mundo, voces múltiples. Comunicación e Información en nuestro tiempo. Fondo de Cultura Económica. México.
- UNESCO (2008a): Voces para Acallar el Silencio: Libertad de Expresión y de Prensa. UNESCO. San José de Costa Rica.
- UNESCO (2008b): Indicadores de Desarrollo Mediático: Marco para evaluar el desarrollo de los medios de comunicación social. París.


etv/2010

18 de marzo de 2010

¿Propuestas de gobierno o campañas propagandísticas?

Sandra Villegas

La cobertura periodística de las elecciones 2009 ofreció un inédito despliegue de periodistas y equipos, pero el contenido informativo siguió centrado en las movilizaciones y acciones de campaña en desmedro de los programas de gobierno que quedaron relegados.

Las propuestas programáticas representaron sólo el 5% de las noticias en prensa, el 2% en telenoticieros y el 1% en radionoticieros sobre la cobertura electoral, de acuerdo con tres estudios desarrollados por el Observatorio Nacional de Medios (ONADEM) sobre las elecciones del 6 de diciembre de 2009.



Los temas y argumentos de las propuestas de programas de gobierno fueron minimizados en la cobertura y, cuando se habló de ellos, en la mayoría de los casos se mostró los slogans definidos por los actores políticos sin que hubiese habido un abordaje periodístico que indagara sobre su factibilidad, sus probables mecanismos de ejecución y/o las diferencias o semejanzas existentes entre contenidos programáticos en torno a un mismo tema.

En cuanto a las fuentes noticiosas partidarias, los tres partidos que encabezaban las encuestas preelectorales tuvieron una cobertura privilegiada en las noticias sobre las elecciones. El resto resultó prácticamente invisibilizado. La cobertura informativa del candidato y el partido en funciones de gobierno (MAS) duplicó en radio y TV la cobertura realizada al siguiente candidato que recibió más cobertura (PPB-CN).



El MAS fue el partido político más citado en Bolivia TV (51%), en radio Patria Nueva (80%) y en La Razón (24%). El PPB-CN fue el partido más citado en Unitel (26%).

Mujeres invisibilizadas

Las mujeres fueron fuente informativa relegada. La desigualdad en la cobertura a hombres y mujeres en las noticias sobre elecciones fue evidente, puesto que las fuentes femeninas fueron el 17% (en promedio) y las masculinas el 83% de 965 fuentes consultadas en medios televisivos.

En los periódicos las fuentes femeninas sólo fueron el 13% (en promedio) mientras que las masculinas constituyeron el 87% de un total de 7278. En las redes de radio, las mujeres fueron fuentes en el 21% de los casos.



Poca cobertura a las “otras” elecciones

La cobertura informativa del día de las Elecciones 2009 se refirió mayoritariamente a los resultados de la votación presidencial y a la futura conformación de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Por el contrario, esa misma cobertura ignoró casi por completo los resultados referidos a la votación para las autonomías departamentales, regionales e indígenas, que se desarrolló de manera inédita en Bolivia paralelamente a las elecciones presidenciales y de asambleístas. Al día siguiente de las elecciones los diarios reportaron poco en torno a los resultados de estos procesos en tanto que la TV casi ni los tomó en cuenta.

Sólo 2% de noticias (en promedio) sobre las elecciones en radio, prensa y Tv correspondió a cobertura informativa relativa a los referendos sobre autonomías departamentales, indígenas y la autonomía regional en el Chaco.


La cobertura periodística de las elecciones 2009 mostró una vez más —pues en anteriores comicios se obtuvo similares resultados— que la exposición y el análisis de las propuestas de gobierno, la presentación de las demandas ciudadanas y otros temas que podrían haber configurado una agenda mediática propia fueron relegados.

Más bien, reproduciendo un patrón ya típico del comportamiento informativo en tiempo de elecciones, primaron los temas puestos en la mesa por los candidatos, en una suerte de repetición de lo ya señalado respecto a los medios en Bolivia: periodistas y políticos comparten el espacio público y se ocupan también de definir las líneas e ideas fuerza que mueven la agenda pública, retroalimentándose entre sí pero con escaso margen de iniciativa para los primeros que tienden a reproducir la agenda trazada por los actores políticos.

Los planteamientos de los propios periodistas que la Fundación UNIR Bolivia recogió en la “Guía para la cobertura electoral” —incluir a todos los candidatos, pasar de las consignas a las propuestas, buscar el equilibrio o construir una agenda mediática propia, por ejemplo— quedaron nuevamente como una tarea pendiente para el trabajo periodístico.

La Paz, marzo de 2010

5 de marzo de 2010

Agresiones a periodistas 2009

Vania Sandoval Arenas

Durante la pasada gestión, las agresiones a periodistas y medios continuaron marcadas por la conflictividad política nacional y regional. Lo preocupante del 2009 es que crecieron los ataques a periodistas ejecutados por agresores anónimos (25,6%), los que en la mayoría de los casos actuaron violentamente contra periodistas cuando éstos estuvieron solos. Lo que no cambió fue la impunidad de los agresores ni la ineficiencia de los poderes públicos para esclarecer y sancionar los casos.
Los conflictos con movilizaciones volvieron a centralizarse en la sede de gobierno el año 2009 pero disminuyeron las movilizaciones de carácter regional que habían tenido mayor presencia en el escenario político en los dos años anteriores. En el último año La Paz registró el 45% de agresiones a periodistas y medios.



Los periodistas más agredidos -en 26 meses se registraron 339 casos de agresiones a periodistas y medios- fueron los de TV con el 53% de los casos. Los trabajadores de TV se expusieron a mayores riesgos por obtener imágenes de los hechos –incluyendo situaciones de violencia- y además, en varios casos fueron perseguidos para que entreguen las imágenes que habían registrado. Los de radio figuran en el 19% de los registros de agresiones y los de prensa en el 17%.


El año pasado se efectuaron en mayor medida que en otras gestiones ataques graves con lesiones perpetradas directamente contra algún periodista. Por las características de estos ataques resulta difícil establecer en todos los casos si las agresiones tienen que ver con el trabajo periodístico, ya que podrían ser también hechos delictivos comunes. Las investigaciones en estos casos resultan más complejas y las víctimas quedan desprotegidas al no haberse podido establecer las razones ni la identidad de los agresores.
Un ejemplo de este tipo de agresión lo sufrió Marcelo Lobo, camarógrafo, quien la madrugada del 25 de julio de 2009 salía de la oficina del canal Gigavisión en La Paz luego de cumplir su turno. En ese momento dos sujetos lo arrastraron hasta las gradas cercanas a las instalaciones del canal, lo dejaron inconsciente por un golpe en la cabeza y le produjeron cortes, en forma de A, en la parte inferior de la mejilla izquierda; su lengua fue también cortada como forma de intimidación para acallar su voz. Otros ejemplos de este tipo de agresión fueron el ataque a Julio Peñaloza, periodista de Bolivia TV (canal gubernamental), quien fue golpeado el 20 de octubre del 2009 en la puerta de su domicilio, y el realizado contra Ramiro Ramírez, del diario gubernamental Cambio.


Uno de los casos más violentos del 2009 fue el de la balacera contra Alberto Ruth y Francisco Cuéllar, periodista y camarógrafo de la red televisiva Unitel Santa Cruz (el 5 de septiembre del 2009), respectivamente, quienes presentaron una denuncia por haber sido agredidos con armas de fuego, supuestamente por el capitán Wálter Andrade, del disuelto grupo de la Unidad Táctica de Resolución de Crisis, durante un operativo policial que buscaba la detención de un hacendado. Actualmente el proceso se encuentra paralizado, en pugna por la jurisdicción territorial del mismo. El capitán Andrade no ha prestado declaraciones ante la fiscalía. La Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Santa Cruz fue la que inicialmente apoyó a los periodistas agredidos; luego de varios meses se sumó la empresa periodística como parte demandante.
Otro caso grave, que motivó el pronunciamiento de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, fue la agresión a periodistas de la red televisiva PAT en Santa Cruz, el 30 de noviembre pasado. En primera instancia, policías agredieron físicamente a periodistas que cubrían información sobre un secuestro en horas de la madrugada por haberlos confundido —dijeron—con antisociales. Horas después, la periodista Paola Mallea fue herida en la mano con un puñal, por un sujeto que la agredió luego de preguntarle si ella trabajaba en PAT. Posteriormente, Mallea fue secuestrada por nueve horas . Hasta ahora no se ha comprobado la relación entre los dos casos.

Las condiciones no mejoran, la impunidad continúa

En vista de las escasas sanciones y la impunidad de los agresores, no se vislumbra una salida a corto plazo para disminuir las agresiones, protagonizadas incluso por el Presidente de la República y algunos Alcaldes. Problemas como la crisis de credibilidad y calidad del periodismo —relacionada en parte con la polarización política y también mediática en ciertos casos—, las dificultades para lograr que se sancione a los agresores, la carencia de condiciones laborales adecuadas en muchos medios de comunicación, la ausencia de seguro social y de vida para quienes cubren la información, entre otros factores, hacen que de momento las previsiones a futuro no sean optimistas.
Mientras sigan precarizándose las condiciones laborales de los periodistas, mientras siga la impunidad a la par que la ineficiencia mostrada por fiscales y jueces, mientras las agresiones a periodistas sean un problema sólo tratado por los trabajadores agredidos y algunas instancias sindicales sin que se involucren los propietarios de medios en la mayor parte de los casos ni otras organizaciones sociales, el trabajo periodístico en Bolivia continuará siendo un trabajo de riesgo.


La Paz, marzo 2010