7 de octubre de 2010

ABRIR EL DEBATE

Por Erick R. Torrico V.



A diferencia de lo acontecido con las ya varias leyes que en los últimos meses aprobó la Asamblea Legislativa Plurinacional sin dar mucho margen a la participación ciudadana, el proyecto de la ley anti-discriminaciones conocido hace poco más de dos semanas tras su consideración por la cámara de diputados sí ha generado un importante e interesante debate público extra-legislativo.



Quizá ello se deba a que los medios de difusión asumieron la defensa explícita de las libertades de expresión, opinión e información —mismas que podrían ser menoscabadas por siquiera tres de las disposiciones contenidas en esa norma— que, hay que reiterarlo, forman parte del Derecho a la Información y la Comunicación establecido por la Constitución Política del Estado como prerrogativa de todas las personas.



En realidad, aunque el presidente Evo Morales calificó de “racistas confesos” a quienes formularon algunas observaciones sobre el mencionado proyecto, no hubo quien se opusiera a los propósitos y al fondo de esa ley puesto que la discriminación por diferentes causas, entre ellas las originadas por mentalidades racistas, es un dato de la cotidianidad boliviana que debe ser erradicado. Las preocupaciones más bien tienen que ver con la necesidad de que se haga algunas precisiones que mejoren el texto de la futura norma para evitar resultados contraproducentes en su aplicación.



No obstante, la respuesta predominante de miembros del órgano ejecutivo, de asambleístas oficialistas y de representantes de organizaciones que habrían trabajado en la elaboración del proyecto se ha orientado hacia el bloqueo de la discusión, señalando que la cámara de senadores tiene que aprobar la propuesta sin modificar ni una sola coma. La excepción a esa rígida directriz la marcó la Comisión de Constitución, Derechos Humanos y Sistema Electoral del senado, que tomó la iniciativa de escuchar los criterios y sugerencias de diversas organizaciones de la sociedad, pese a que fue clara en que tal ejercicio no garantizaba la incorporación de los eventuales aportes en la redacción final de la ley. En cualquier caso, se trató de una lección de gobierno: no se puede desconocer lo que piensa, quiere y plantea la ciudadanía a título de haber sido elegido su representante.



Una democracia que se reclama participativa tiene que estar abierta al debate, esa es una de sus precondiciones; pero pareciera que la práctica política no siempre condice con lo que se declara en el discurso. Quienes se han aferrado a la letra muerta del proyecto aprobado por los diputados no presentaron argumentos que llevaran a aceptar una situación de “suficiente discusión”. Así, se llegó incluso a convocar a los movimientos sociales a que salgan a defender el proyecto, esto es, a ejercer presión sobre los asambleístas a fin de que procedan a su pronta aprobación sin cambios.



Pero más allá de ese lenguaje de fuerza, las posiciones más cerradas del oficialismo expusieron lo que consideran sus razones para rechazar las sugerencias de modificación. Aquí algunas de ellas: el racismo es la base de todas las formas de discriminación; el racismo es un comportamiento exclusivo de la clase dominante; los medios de difusión desarrollan acciones racistas y discriminatorias; el Estado no puede acatar principios internacionales que son colonialistas y tampoco puede admitir la imposición extranjera. Es claro que se necesita abrir el debate, mas no a partir de premisas inflexibles.