5 de mayo de 2014

LA CIUDADANÍA MEDIÁTICA, UN "ANTÍDOTO" NECESARIO


 Erick R. Torrico Villanueva[1]


            Lenguaje soez, bromas machistas, imágenes sanguinolentas, “pasarelas” de modelos semi-vestidas, anuncios publicitarios con mujeres-cosa, tensas noticias sobre violencia criminal, social y política o escenas frecuentes de sexo explícito forman el repertorio cotidiano de mensajes “envenenados” propalados en espacios y horarios inapropiados por los medios de difusión e Internet. Y eso, sin duda, requiere de algún “antídoto”.

Habría que agregar a la lista, entre otros casos, la revictimización de quienes sufrieron accidentes, atracos o violaciones, la reiteración morbosa de imágenes captadas por cámaras de seguridad, la vulneración de la identidad y la intimidad de víctimas de la delincuencia, la organización espontánea de “ruedas de prensa” para delincuentes capturados,  la intromisión en vidas privadas, la erotización de las fiestas folclóricas, la dramatización de los hechos noticiosos, la exposición abusiva de imágenes de cadáveres o la presentación de la violencia policial, social o política como forma eficaz de resolución de conflictos.

            Así, sensacionalismo, espectacularización, comercialismo y vulgaridad hallaron lugar en los mensajes mediáticos y son cultivados con creciente asiduidad. De ahí que casi no haya película o serie televisiva sin gritos, golpes o armas, que la crónica roja esté en el menú cotidiano, que presentadoras de TV sean obligadas a trabajar en minifalda, que las telenovelas rebosen de balazos y prácticas sexistas o que prolifere en los avisos clasificados la oferta de servicios sexuales que esconde –o devela– prostitución y trata de personas.

            Pero los medios no tienen toda la culpa; el problema es más complejo. ¿Qué esperar en una sociedad que tolera y hasta alienta la borrachera adolescente y aun infantil o que celebra las expresiones procaces en los sitios públicos o el propio hogar? ¿Qué reclamar en un contexto que no distingue entre autoridad y poder, que arrastra seculares carencias socioeconómicas o que con la TV global, la piratería, las “nuevas tecnologías”  y los dispositivos “inteligentes” incrementó los espejos ajenos para ver su rostro propio e incita a vivir modelos extraños? ¿Qué pedir en un país con baja inversión en educación, en el que   –como dice un amigo politólogo– se bebe con frenesí dizque para honrar a un santo o en el que mujeres entonan coplas carnavaleras machistas?

            Cargadas así las tintas, con las excepciones de siempre y con la duda en ciertos discursos emancipadores, los medios resultan apenas una pieza de un engranaje mayor, mas no una pieza cualquiera, sino una sumamente significativa por su potencial llegada a grandes públicos y su incidencia en los imaginarios.

            Por eso es importante tomar debida nota de los recientes cuestionamientos de un sector de vecinos de El Alto a dos programas televisivos extranjeros –“Los Simpson” y “12 Corazones”– que expresan un sentimiento de crítica más extendido acerca de los contenidos mediáticos y demandan una intervención pública más consistente. Pero, ¿qué se puede hacer hoy si se tiene un reclamo por la carga de violencia, el lenguaje obsceno o la estigmatización presentes en un mensaje mediático? La protesta alteña mostró que todavía muy poco.

            La Ley (348) Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia define a la violencia mediática como “(…) aquella producida por los medios masivos de comunicación a través de publicaciones, difusión de mensajes e imágenes estereotipadas que promueven la sumisión y/o explotación de mujeres, que la injurian, difaman, discriminan, deshonran, humillan o que atentan contra su dignidad, su nombre y su imagen” (numeral 4 del Art. 7) y anuncia la creación de un programa sectorial de comunicación para “deconstruir los estereotipos sexistas y los roles asignados socialmente a las mujeres, promoviendo la autorregulación de los medios de comunicación en cuanto a la publicidad que emiten, el uso irrespetuoso y comercial de la imagen de las mujeres” (numeral 5 del Art. 14), pero esa norma de marzo de 2013 continúa sin reglamentar.

            La Ley (264) de Seguridad Ciudadana señala que “El Ministerio de Comunicación regulará los horarios de emisión de programas cuyo contenido tenga violencia explícita” (numeral III del Cap. III) y agrega en el Art. 70 que “La sociedad civil organizada ejercerá el control social a todos los medios de comunicación social, públicos y privados, pudiendo realizar la correspondiente denuncia ante la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes, en caso de advertir el incumplimiento de la presente Ley”. Hay que aclarar que entre las atribuciones del Ministerio de Comunicación no figura la regulación de horarios de programación, algo que tendría que haber estado en la Ley General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación, pero que no está,  por lo cual la Autoridad arriba referida, la ATT, tampoco está habilitada para conocer ese tipo de casos y actuar.

            Frente a ese vacío legal y operativo queda una salida parcial: acudir a las instancias de vigilancia ética de las organizaciones del periodismo que pueden atender denuncias relativas al comportamiento periodístico y emitir recomendaciones. El entretenimiento, la publicidad y la propaganda quedan al margen.

            Se requiere, por tanto, desarrollar una regulación específica a semejanza de la que rige en muchos países del mundo y que, por ejemplo, establece criterios de clasificación para contenidos audiovisuales (de TV y cine) y determina horarios y tipos de salas, define tipos y tiempos de publicidad o constituye observatorios, defensorías o consejos plurales de comunicación para garantizar los derechos de las personas en esta materia. Y al mismo tiempo hace falta potenciar la autorregulación de medios, anunciantes y productores de contenidos. Es ahí donde se inscribe la propuesta de la ciudadanía mediática, el “antídoto” que aquí se esboza.

            Ciudadanía mediática es que los medios ajusten sus desempeños al respeto pleno de las personas que hacen parte de sus contenidos y de las que los reciben y usan. Se trata de que periódicos, revistas, radioemisoras, teledifusoras, salas de exhibición cinematográfica, periódicos electrónicos, sitios web, blogs y redes sociales virtuales, cualquiera sea su propiedad, eviten conscientemente atentar contra la dignidad o la salud mental de sus públicos y de su propio personal, artistas y fuentes de información.

            Con ella los medios se convierten en espacios efectivos para el ejercicio de la ciudadanía y consiguen una mayor confianza de la gente que se siente beneficiada con una labor responsable y útil. Esto, en el nivel ideal,  redunda en una sociedad más y mejor involucrada en los asuntos colectivos.

            Los medios son actores centrales en el espacio público y su conducta debe estar acorde a ese estatus en el marco del Derecho a la Información y la Comunicación que Bolivia constitucionalizó desde 2009.



[1]   Responsable del Proyecto de Comunicación Democrática de la Fundación UNIR Bolivia.