19 de enero de 2015

UNA NUEVA AGENDA DE DESARROLLO : LA INFORMACIÓN, UNA CLAVE EN DISCUSIÓN

 Erick R. Torrico Villanueva
Responsable del Proyecto de Comunicación Democrática,
Fundación UNIR Bolivia


La Organización de las Naciones Unidas (ONU) inicia este lunes 19 de enero una crucial etapa de deliberaciones que debe concluir en septiembre próximo con la adopción de un plan de acción orientado a hacer realidad la promesa del desarrollo sostenible y a erradicar la pobreza extrema de la faz del planeta. Su horizonte temporal es el año 2030 y el acceso a la información uno de sus requisitos fundamentales.

            Hay que recordar que la asamblea general de la ONU celebrada al cierre del siglo veinte aprobó la “Declaración del Milenio” y asumió una serie de compromisos para modificar la situación de la población pobre del mundo hasta el presente año, es decir, 2015.

            En ese documento, los representantes de todos los Estados miembros afirmaron: “No escatimaremos esfuerzos para liberar a nuestros semejantes, hombres, mujeres y niños, de las condiciones abyectas y deshumanizadoras de la pobreza extrema, a la que en la actualidad están sometidos más de 1.000 millones de seres humanos. Estamos empeñados en hacer realidad para todos ellos el derecho al desarrollo y a poner a toda la especie humana al abrigo de la necesidad”.

            En vista a ello, fueron aprobados estos Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM):  1) Erradicar la pobreza extrema y el hambre, 2) Lograr la enseñanza primaria universal, 3) Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer, 4) Reducir la mortalidad infantil, 5) Mejorar la salud materna, 6) Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades, 7) Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y 8) Fomentar una alianza mundial para el desarrollo. Además, fueron definidas 21 metas y un conjunto de indicadores para medir los avances alcanzados.

            A poco de cumplirse el plazo fijado para la consecución de dichos objetivos, las evaluaciones efectuadas dan cuenta de que, pese a los significativos logros registrados en algunos países –China, por ejemplo–, la situación general sigue siendo muy compleja y en muchos casos precaria, entre otras causas por la ausencia de voluntad política y la falta de financiamiento y de cooperación, razón por la que desde hace casi dos años se comenzó a plantear la formulación de una “Agenda post-2015”.

            Al efecto, el Grupo de Trabajo Abierto constituido por la asamblea general de Naciones Unidas en 2013 y del que formaron parte representantes de 70 naciones (entre ellas Bolivia), elaboró una propuesta con estos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS):

1)      Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.
2)      Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible.
3)      Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
4)      Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
5)      Lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas.
6)      Garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación sostenible y el saneamiento para todos.
7)      Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos.
8)      Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.
9)      Construir infraestructura resiliente(*), promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.
10)  Reducir la desigualdad en y entre los países.
11)  Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
12)  Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.
13)  Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.
14)  Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible.
15)  Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, efectuar una ordenación sostenible de los bosques, luchar contra la desertificación, detener y revertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica.
16)  Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.
17)  Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la alianza mundial para el desarrollo sostenible

Este planteamiento, en su conjunto, es mucho más ambicioso y demandante que el de los ODM del año 2000, no solamente porque implica un mayor número de objetivos y de metas (ahora son 169), sino especialmente porque está dirigido a todas las naciones e incorpora dos temas fundamentales: la lucha contra el cambio climático y la garantía efectiva de todos los derechos y libertades, destacándose los vinculados con la información.

En términos políticos, esto significa que si la asamblea general de la ONU de septiembre venidero consigue aprobar el documento de los ODS con amplio consenso puede dar lugar a un nuevo tipo de relaciones internacionales y a un aporte significativo en la construcción democrática interna de todos sus países miembros al igual que a un posible cambio esencial en el modo en que la humanidad viene relacionándose con la naturaleza. De ahí que las deliberaciones que empiezan esta semana revistan suma relevancia.

En ese marco, el ODS número 16 que concierne a la plena vigencia de los derechos remarca en su meta número 10 que todos los Estados deben “asegurar el acceso a la información pública y proteger las libertades fundamentales en concordancia con las legislaciones nacionales y los acuerdos internacionales”.

Es en ese espíritu que se pronunció la conferencia de expertos en información celebrada en Nairobi en noviembre pasado: “El desarrollo sostenible depende de la participación informada del pueblo en los procesos de gobernanza y toma de decisiones, la cual a su turno requiere del acceso a la información y el efectivo ejercicio del derecho a la libertad de expresión, incluyendo la existencia de medios libres e independientes”. Y el propio secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon, en su reciente informe sobre la agenda de desarrollo sostenible post-2015, manifestó que “la libertad de prensa, el acceso a la información y la libertad de expresión” son “facilitadores esenciales del desarrollo sostenible”.

Así, el papel de la información está nuevamente en la mesa de las preocupaciones y los debates internacionales.

Bolivia, que cuenta con una avanzada disposición constitucional en materia de reconocimiento del Derecho a la Información y la Comunicación (Cap. VII, Art. 106) aunque todavía carece de una ley de transparencia y acceso a la información pública, tendrá sin duda una valiosa oportunidad para contribuir a que se plasme en la ONU un consenso con potencialidades transformadoras. Habrá que estar expectantes.
           

(*) “Resiliente” es un neologismo que equivale a “resistencia” a la vez que a “elasticidad” de las infraestructuras.



24 de septiembre de 2014

MÁS INFORMACIÓN PARA LA DEMOCRACIA

Por Erick R. Torrico Villanueva





Si informarse es la primera condición para la participación ciudadana en la vida pública, se puede entender  también que el papel de los medios periodísticos resulta crucial para el logro de ese cometido. Y si se lleva este razonamiento un poco más lejos se hace claro que una democracia con calidad implica necesariamente fluidez en el intercambio de información plural  y amplio acceso a ella.

            Es gracias a la información que se toma conocimiento, se forma opinión, se adopta alguna posición, se asume una decisión y se actúa, secuencia de pasos fundamental para el ejercicio  efectivo de la ciudadanía. Por eso, cuando los procesos informativos en una sociedad son deficientes, insuficientes o irrelevantes surgen con mayor facilidad las condiciones para la apatía, el conformismo y la manipulación tanto como para el conflicto.

            En el caso del desempeño del régimen democrático, los problemas relacionados con la mala gestión de la información están en la base de su deterioro y deslegitimación.

            La Consulta Ciudadana “Tu palabra sobre las noticias: Elecciones 2014” que llevó a cabo el Proyecto de Comunicación Democrática de la Fundación UNIR Bolivia el pasado 26 de julio en las ciudades de El Alto, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz partió de ese convencimiento sobre el valor de la información en general  para la convivencia social y de la consiguiente contribución que, en un período electoral, puede brindar el periodismo al afianzamiento democrático en el país.

Una “encuesta al revés”

            La Consulta Ciudadana aplicó un cuestionario con preguntas abiertas y de opción múltiple a 1.150 personas desde los 18 años de edad que voluntariamente quisieron emitir su opinión en alguna de las mesas que UNIR instaló en sitios públicos de cada una de las urbes mencionadas. Esta práctica, que “invierte” la relación típica entre el que investiga y quienes son investigados, es asimismo la que otorga representatividad y validez a los datos y criterios obtenidos puesto que éstos provienen de informantes preocupados por el tema sobre el que son preguntados. A su vez, el número de participantes consultados corresponde proporcionalmente a la composición demográfica (edad y sexo) de cada uno de los lugares comprendidos en el estudio.

            Se trata, entonces, de un procedimiento de averiguación de percepciones, hábitos y demandas de usuarios de medios que combina elementos metodológicos cualitativos y cuantitativos, pero que no se basa en una definición muestral probabilística ni presenta inferencias estadísticas.

            Otro aspecto original de la Consulta Ciudadana ejecutada por UNIR es que en sus tres versiones (2008, 2012 y 2014) se ha interesado exclusivamente por las relaciones entre ciudadanía y medios noticiosos.

Escuchar a la gente

            A pesar de las posibilidades de interacción que hoy ofrecen las tecnologías informativo-comunicacionales, la norma en el periodismo es todavía que se caracterice por ser unilateral respecto de sus públicos. Es decir que, mientras medios y periodistas “hablan”, los receptores de sus mensajes “escuchan”. De ahí que sea importante, al menos de vez en cuando, saber qué piensan los lectores, oyentes, espectadores e internautas del trabajo periodístico y qué quisieran que éste les brinde.

Dado que por lo regular es difícil que los medios recojan de modo directo esas visiones y planteamientos, UNIR desarrolló la Consulta para coadyuvar en esa labor de escucha de la ciudadanía a fin de retroalimentar al periodismo al tiempo de favorecer la participación social en la construcción del espacio público en un momento de tanta significación como el de unos comicios nacionales.

¿Qué dijo la gente?

            En breve, las personas consultadas en las cuatro urbes señalaron que son los medios tradicionales —TV, radio y prensa, en este orden— los que la población usa de modo preferente para informarse de las elecciones y dijeron creerle más al periódico  que a la radio, pero situando a ambos por debajo de la televisión en esta materia. La información que proveen los medios noticiosos fue considerada mayoritariamente útil para que los electores definan su voto, por lo que los espacios especiales que crean determinados medios para tratar de forma expresa asuntos de las elecciones fueron calificados como muy importantes por más de la mitad de los interrogados, en tanto que la calidad de las informaciones fue definida como buena por el 75% de los consultados. 

            No obstante, estas últimas valoraciones positivas tienen su contraparte en las demandas ciudadanas de mayor y mejor información. A esto se refieren los reiterados  planteamientos acerca de que los medios cumplan la función de informar con profesionalismo, ecuanimidad, pluralismo y ética que recogió la Consulta.

Las expectativas identificadas

            A cierta distancia del tipo de contenidos que suelen nutrir los menús habituales de los medios noticiosos en período electoral (hechos y declaraciones de campaña, datos del proceso electoral en sí, sondeos de intención de voto, opiniones de analistas, etc.), los ciudadanos interrogados sostuvieron que más bien desearían recibir información relativa tanto a las propuestas electorales y planes de gobierno de los partidos contendientes como a los perfiles y trayectorias de los candidatos principales, en lo posible, en sus propias voces.

             Y la mención a ello apareció relacionada con el interés en conocer más de temas político-económicos de mediano y largo plazo que manifestaron los consultados junto a su requerimiento de entrevistas a los candidatos principales y de debates de fondo entre ellos.  

Necesidad de evitar el retroceso

            Se advierte, entonces, que la agenda electoral ciudadana, que sí existe, lamentablemente es poco (re)conocida y menos visibilizada. Al contrario, la agenda que prevalece en la escena pública es la de los políticos en competencia, la cual no sólo es reproducida y amplificada cotidianamente en el espacio mediático en términos noticiosos sino que además resulta reforzada por la difusión pagada de propaganda. En consecuencia, los medios dan cabida preferente a los temarios propuestos por los políticos, supeditando a éstos incluso su propia posibilidad de definir una agenda informativa más cercana a los intereses ciudadanos.

            Esta desatención de la agenda ciudadana, que no se registra apenas durante los períodos electorales, es un incentivo para la desvalorización de la democracia, que puede volver a ser vista y vivida como un simple ritual periódico de concurrencia a las urnas para delegar el poder social de gobernar. De ahí que en el actual lapso dedicado al proselitismo predomine la convocatoria  política al “voto-masa”  prácticamente sin argumentos programáticos, hecho que da cuenta de un severo menoscabo en la concepción y el ejercicio democráticos.

            La Consulta Ciudadana mostró, sin embargo, que la población votante de las ciudades del eje y El Alto aspira a tener más información y de otra calidad, lo que significa que hay un desencuentro  entre políticos, medios y ciudadanía que se debiera remediar antes de tener que lamentar el retorno del vacuo formalismo de la democracia electoral, es decir, de aquella ficción democrática que no cultiva la información y se funda en un caudal de apoyo a personajes o grupos en vez de basarse en el respaldo crítico a propuestas de solución viables para problemas compartidos.

            Se puede concluir, por tanto, que en buena medida la clase de democracia que se consiga dependerá de la clase de información de que se disponga.


 Más información: www.unirbolivia.org

2 de septiembre de 2014

MEDIOS A LA VISTA 3

Vania Sandoval Arenas




El Observatorio Nacional de Medios (ONADEM) de la Fundación UNIR Bolivia inició actividades formalmente en abril del año 2006. En ese tiempo ha buscado aportar al mejoramiento de la calidad de la información periodística mediante el análisis de coberturas informativas ligadas a la conflictividad social, estudios sobre condiciones laborales de periodistas con énfasis en las agresiones que éstos sufren, elaboración de insumos conceptuales y difusión del Derecho a la Información y la Comunicación (DIC). También ha realizado una vigilancia relativa al ejercicio del DIC expresada en la elaboración de propuestas públicas. El trabajo del ONADEM se ha insertado en la senda de la comunicación democrática, uno de los pilares de la cultura de paz promovida por UNIR.

El tercer volumen de Medios a la Vista reúne 19 textos producto de monitoreos analíticos y estudios propositivos, siguiendo la línea de Medios a la Vista - Informe sobre el periodismo en Bolivia 2005-2008 y Medios a la Vista 2 - Análisis sobre el Derecho a la Información y la Comunicación y el periodismo en Bolivia 2009-20011[1]. Los trabajos fueron realizados por Erick Torrico (Coordinador del ONADEM), Vania Sandoval, Bernardo Poma, Sandra Villegas, Cecilia Banegas, Óscar Meneses, Virginie Poyetton (integrantes del equipo) y la investigadora Jenny Ampuero (autora de el monitoreo sobre periodismo en guaraní).

A continuación se sintetizan las ideas centrales de este libro que fue presentado –junto con otros dos textos del ONADEM – el 26 de agosto en la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP).

El DIC, conocido a medias por la ciudadanía

La Consulta Ciudadana 2012 “Tu palabra sobre las noticias y el DIC” mostró que el Derecho a la Información y la Comunicación es un tema del que la mayor parte de las personas encuestadas (51%) dice haber escuchado hablar alguna vez, aunque reveló que este derecho no es suficientemente conocido. Existe la necesidad de seguir trabajando por su apropiación y de apostar por la educación crítica de audiencias.

La aplicación de los estándares de calidad del periodismo, una tarea pendiente

A partir de los trabajos realizados por el ONADEM, y sin caer en generalizaciones, se puede afirmar que en las noticias emitidas por los medios audiovisuales, en particular, además de mostrar imágenes que no respetan los derechos de niños niñas y adolescentes, así como de otros sujetos y víctimas de delitos, se generan o refuerzan juicios anticipados, se construyen noticias que mezclan rumores con información confirmada, no se contextualiza ni se aborda el tema de la violencia como problemática estructural y sólo se muestra información fragmentada con énfasis en lo morboso. En esa línea, en el trabajo titulado “Mujer, prensa y liderazgo”, se muestra que la televisión, cuando habla de las mujeres, prioriza un enfoque noticioso en el que ellas son, primero y ante todo, víctima de violencia (79% de las notas referidas a mujeres).

También se contribuye a reforzar estereotipos que distorsionan la realidad. Por ejemplo, un monitoreo realizado sobre la información difundida en la ciudad de El Alto visibiliza la poca cobertura informativa que la joven ciudad recibe por parte de los diarios y muestra que la violencia y criminalidad son el principal tema noticioso cuando se habla esta urbe.

Existe un déficit de pluralismo en algunos medios, situación que se acentúa en ciertos temas. Por ejemplo, el análisis sobre las “Representaciones de la Seguridad Ciudadana en la prensa cruceña” refleja que en las noticias sobre esta temática priman las fuentes oficiales y existe un déficit en el uso de contrapartes. También se demuestra que existen noticias con una sola fuente y sin contrastación en los noticieros radiofónicos alteños y paceños[2].

El periodismo en idiomas nativos es escaso y no tiene fomento

Siguiendo la línea de estudiar la comunicación intercultural desde el ONADEM, en este libro se incluye un trabajo analítico que muestra la escasa producción periodística en idioma guaraní en la ciudad de Santa Cruz, donde sólo se produce el informativo Ñande Ñee. El periodismo en idiomas nativos se presenta en las ciudades capitales únicamente de manera marginal.

La conflictividad social marca la ruta de las agresiones a periodistas

En los años 2012 y 2013 las agresiones a periodistas y medios estuvieron enmarcadas en la conflictividad social –hubo periodistas agredidos durante movilizaciones generadas por demandas sociales o protestas– con énfasis en lo local. Medios de comunicación pertenecientes a grupos concretos –como radios mineras– o periodistas que realizaron denuncias de corrupción fueron víctimas de ataques.

Estado y comunicación democrática, avances y grandes desafíos

La interacción de la ciudadanía con el Estado para fortalecer la vigilancia ciudadana y el control social establecido en la CPE está ligada a la posibilidad de recibir información pública. En esa línea uno de los trabajos aquí publicados muestra que los sitios web municipales son escasos e incompletos, con ausencia de información útil para realizar un seguimiento informado a la gestión.

UNIR se ha pronunciado públicamente cuando ha sido necesario realizar aclaraciones para preservar el cumplimiento del DIC, como en los casos del proyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública o del juicio penal abierto por el Ministerio de la Presidencia contra tres medios de comunicación, documentos insertos en este volumen.

La necesidad de que existan medios públicos para que –entre otras acciones– se pueda promover el debate entre sociedad civil y Estado es uno de los temas abordados en el último capítulo de este libro. El análisis realizado determina que en Bolivia aún no existen plenamente medios públicos, y se trazan propuestas para que se desarrolle el tipo de medios de comunicación necesarios para sustentar una democracia participativa.
Medios a la Vista 3, por tanto, da cuenta de la situación del DIC y del desempeño de los medios periodísticos entre 2012 y 2013 con miras a apuntalar la comunicación para una ciudadanía integral e intercultural, concepto clave en los lineamientos y la visión de la Fundación UNIR Bolivia, orientado a generar y promover la participación informada y el debate ciudadano de políticas públicas, a la vez que busca contribuir a transparentar la gestión pública en el marco del DIC.

El libro –junto a otros tres textos del ONADEM- se presentará públicamente en Santa Cruz el 9 de septiembre en el Museo de Historia (Junín Nº 151), y el 10 del mismo mes en Cochabamba en el Colegio de Contadores (Colombia Nº 187). Todos los libros producidos por la Fundación UNIR Bolivia pueden ser descargados en su versión digital en la página web www.unirbolivia.org





[1] Se presentaron también los libros Periodismo Digital en Bolivia 2012-2013 (Coordinado por Cecilia Banegas)  y Tras las Huellas del DIC en Bolivia 2009-2013 de Erick Torrico Villanueva.

23 de julio de 2014

CONSULTA CIUDADANA SOBRE LAS NOTICIAS DE LAS ELECCIONES 2014



Este sábado 26 de julio en lugares concurridos de La Paz, Santa Cruz, El Alto y Cochabamba la ciudadanía podrá expresar su opinión en torno a las noticias de las elecciones y acerca de lo que espera de los medios de comunicación para votar de una manera informada en octubre.

Para ello, la Fundación UNIR Bolivia, mediante su Proyecto de Comunicación Democrática y con apoyo de la Deutsche Welle Akademie, llevará a cabo la Consulta Ciudadana “Tu palabra sobre las noticias de las elecciones 2014” en las cuatro ciudades mencionadas a fin de recoger criterios de la gente sobre la importancia que le otorga a la información periodística como insumo para votar, pero también para conocer sus demandas y recomendaciones orientadas a los medios noticiosos y periodistas.

Como en anteriores ocasiones, de 9 de la mañana a 6 de la tarde se instalará mesas en sitios públicos de cada uno de los lugares citados, donde un grupo de entrevistadores atenderá a las personas de 18 años en adelante que quieran responder el cuestionario de UNIR.

Esta Consulta busca generar herramientas para fortalecer el debate público en torno a las propuestas electorales, con el fin de alentar en este proceso eleccionario un ejercicio ciudadano basado en información de calidad, en el marco del Derecho a la Información y la Comunicación.

En el contexto preelectoral, se hace necesario que la ciudadanía ejerza su derecho ciudadano de acceder a información de calidad, proporcionada tanto por los medios y periodistas como por los actores políticos y las instituciones gubernamentales correspondientes.

Se trata, entonces, de fortalecer un periodismo cercano a la ciudadanía, como vehículo para conectar a la sociedad civil con los partidos políticos, candidatos y gestores institucionales del proceso electoral.

Por ello, los datos que se obtenga serán presentados a los periodistas y estarán disponibles para toda persona interesada en el sitio web de la Fundación UNIR Bolivia: www.unirbolivia.org

La Consulta también se llevará a cabo en Vinto (Cochabamba) el 28 de julio y en Llallagua (Potosí) el 30 de julio.

14 de julio de 2014

NO EXISTE PLENO ACCESO A LA INFORMACIÓN MUNICIPAL EN LÍNEA

Sandra Villegas T.

La evaluación de los sitios web de 9 municipios entre el 19 y 23 de agosto de 2013 determinó que existe poca información pública accesible para garantizar el pleno ejercicio del derecho a la información, a la participación y al control social de la  población.

Este estudio se propuso evaluar la transparencia y la calidad del acceso a la información pública que brindan los sitios web de gobiernos autónomos municipales en las capitales de departamento[1] y El Alto bajo el respaldo constitucional del derecho a la información.

El derecho a la información es una de las principales garantías constitucionales de los ciudadanos. Este derecho permite supervisar y controlar la gestión pública, promover la rendición de cuentas de las autoridades y funcionarios públicos. Este derecho está respaldado en el Art. 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y por el Art. 13 del Pacto de San José (CADH).

De acuerdo con la indagación efectuada, existe acceso irrestricto pero no pleno a la información municipal. El acceso a los sitios web de los municipios de capitales de departamento no garantiza el “pleno acceso” a información actualizada sobre la planificación operativa, los presupuestos o la gestión municipal. Tampoco se garantiza la transparencia en el manejo de reportes de auditoría interna o externa, la contratación de personal o la compra de bienes y servicios de forma eficiente.

En ese sentido, se concluyó que existen diferentes niveles de acceso a la información municipal.

En lo cuantitativo, los nueve sitios web de municipios analizados presentan diseños atractivos pero no todos ofrecen la garantía técnica de navegabilidad necesaria para acceder a toda la información puesta a disposición de la población.

a)      El diseño de los sitios web fue clasificado por presentar recursos visuales como sencillo (Trinidad, Cobija, Sucre y Tarija), intermedio (Santa Cruz, Cochabamba, El Alto y Oruro) y complejo (La Paz).

La evaluación de la accesibilidad de los sitios municipales demostró que siete de ellos son accesibles, el de Sucre es muy lento y el de Tarija no siempre está disponible.

En cuanto a la encontrabilidad de los sitios se evidenció que 8 es fácilmente hallable y uno (el de Tarija) no lo es.

b)      En relación a la transparencia institucional se clasificó en tres niveles:
ü  Alta si incluyen POA, presupuesto e informes de auditoría. Este es el caso del sitio web del municipio de La Paz.
ü  Media si incluyen POA y presupuesto  o POA e informe de auditoría. Los sitios web con estas características son los municipios de Cochabamba, Santa Cruz, Trinidad, Oruro y El Alto.
ü  Baja si se difunde el POA o el presupuesto o informes de auditoría. Al menos uno de estos documentos es difundido en los sitios de Cobija, Sucre y Tarija.
De acuerdo a estos resultados, existe un nivel intermedio de transparencia institucional en los sitios web de los municipios observados para este análisis, en particular para la agilización del pago de impuestos, aspecto que no se puede considerar suficiente para promover la participación ciudadana y/o control social.
c)      En cuanto a los mecanismos disponibles para el acceso a la información municipal se concluyó que existen también tres niveles.

Un primer nivel de amplio acceso a información sobre la gestión municipal (presencia de espacios para comentarios, consultas, quejas y/o denuncias); este es el caso del sitio del municipio de La Paz.

Un segundo nivel de acceso relativo (proyectos, obras y responsables, reglamentos, disposiciones); en este rango se encuentra a los sitios web de Cochabamba, Santa Cruz, Trinidad, Oruro y El Alto.

Y un tercer nivel de bajo acceso relativo sólo a información institucional general que se aplica a los municipios de Cobija, Sucre y Tarija.

A nivel cualitativo se puede afirmar que:

a)      La actualización de la información pública municipal  puede ser considerada óptima (La Paz, El Alto y Cochabamba), relativa (Oruro, Cobija, Santa Cruz, Sucre y Trinidad) y nula (Tarija).
b)      La navegabilidad de los sitios web municipales es de un nivel alto (La Paz y Santa Cruz), medio (Oruro, Cobija, El Alto, Cochabamba y Trinidad) y bajo (Tarija y Sucre).
c)      La interactividad con la ciudadanía se puede clasificar como alta en los sitios web de los municipios de La Paz y Cochabamba; media en los sitios de Oruro, Cobija, Trinidad y Sucre, y baja en los sitios de Tarija, El Alto y Santa Cruz.

A partir de los contenidos disponibles referidos a la gestión municipal se corroboró que los sitios web de los municipios de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Oruro, Sucre y Trinidad presentan información suficiente y oportuna a su población, en tanto que los municipios de Cobija, El Alto y Tarija no lo hacen.

Adicionalmente, se evidenció que los sitios web de La Paz y Cobija poseen instancias propias de control como el Observatorio de Transparencia y la Unidad de Transparencia, respectivamente.

Evaluación final

Los municipios cuelgan información en sus portales web, pero más allá de las noticias no siempre actuales que publican hay una notable ausencia de información que permita hacer seguimiento a la gestión municipal (POAs, proyectos, presupuestos, auditorías) y tampoco facilitan la interacción con las demandas y sugerencias de la ciudadanía. Resulta necesario, por tanto, reforzar los mecanismos tecnológicos para optimizar la interacción entre los gobiernos municipales y los ciudadanos.

De acuerdo con los resultados del estudio el 100% de los sitios web de municipios analizados se encuentra aún en la primera fase de implementación del gobierno electrónico, la relativa a la difusión de información institucional no siempre actualizada. No obstante, un  44 % de esas páginas web institucionales está avanzando a la segunda fase en la que se promueve en parte la participación ciudadana como fiscalizadora de la gestión municipal. Y además un 33%  está logrando ingresar a la tercera fase para ofrecer servicios municipales en línea, en particular trámites de impuestos. 

Los bajos niveles de interactividad y navegabilidad explican el descuido en el manejo profesional de los contenidos digitales en línea (información pública) y del soporte técnico para el funcionamiento de los sitios (gran cantidad de links no habilitados).

Por lo dicho, el derecho a la información no se puede ejercer plenamente en las ciudades comprendidas en el estudio porque no está garantizado el acceso a la información pública municipal a través de los sitios web debido a la falta condiciones técnicas y operativas así como a la falta de una normativa que rija la transparencia en la gestión edil.




[1] El municipio de Potosí no contaba con sitio web durante la etapa de análisis.