EN LOS MEDIOS DE LA PAZ Y EL ALTO: SE HABLA, PERO NO SE LEE AYMARA

Bernardo Poma Ulo

Entre los medios de información radiofónicos y televisivos de las ciudades de La Paz y El Alto se puede hallar una gama de formatos y contenidos de programación en idioma aymara, lo que, sin embargo, contrasta con la falta de al menos un periódico que permita leer noticias impresas en ese idioma nativo en las dos mayores urbes andinas de un país con cerca de un millón y medio de aymara hablantes .

En efecto, en un total de 17 medios estudiados de ambas ciudades —entre septiembre y octubre de 2010— sólo los televisivos y de radio ofrecieron y presentaron programación en aymara. Entre ellos, destacó una mayoría de 11 radioemisoras (65%) en relación a 6 canales de televisión (35%) que difunden algún programa o segmento en aymara.

El estudio hecho al respecto por el Observatorio Nacional de Medios (ONADEM) tuvo el objetivo de explorar y clasificar la oferta mediática en aymara en esas dos ciudades para después caracterizar específicamente los programas de carácter periodístico. Cabe señalar que la muestra inicial y total de 17 medios fue determinada por la exploración previa de las parrillas de programación y luego por la posibilidad técnica de grabación de los que presentaron efectivamente programas periodísticos.

 

En la muestra, presentaron alguna programación en aymara 10 medios paceños (59%), distribuidos entre 6 radioemisoras y 4 canales de televisión. Por tanto, el número de 7 medios alteños observados —con programación en ese idioma nativo— resultó menor (41%), los cuales, a su vez, se distribuyeron en 5 radioemisoras y 2 televisoras.

No obstante el menor número de medios alteños observados, éstos emitieron una notoria y mayoritaria cantidad de 53 programas en aymara (79%), en tanto que los paceños sólo un poco más de la quinta parte (14 programas, 21%) del total contabilizado en ambas ciudades (67 programas, 100%).

 

Diversos formatos, poco periodismo

La exploración inicial de esos 67 programas en aymara difundidos por los medios de La Paz y El Alto mostró una gama diversa de estructuras, contenidos y formatos. Para encarar esa diversidad se estableció una tipología con dos categorías que diferenció los programas con producción periodística de aquellos otros cuya forma y contenido no se ajustan al tratamiento noticioso de los temas presentados.

En esa categorización se pudo establecer que los programas periodísticos constituyeron menos de la cuarta parte (16 programas, 24%) de la oferta en aymara respecto de los otros contenidos que sobrepasaron las tres cuartas partes de la oferta (51 programas, 76%).

 

En la categoría mayoritaria de los otros programas, que no se ajustaron a la formalización periodística en aymara, la tipología más frecuente fue la de variedades (41%), esto es, los que presentaron información con una alta proporción de opinión (comentarios o diálogos informales de o entre los presentadores) y matizada, en ocasiones, con música. En este grupo fueron catalogados también algunos programas que presentaron noticias en español y que las comentaron en aymara.

En segundo término, se encontró a los programas cuya conducción fue en aymara pero para la difusión exclusiva de música (27%).

Un grupo de programas conducidos en aymara fue el de los producidos por instituciones que se identificaron expresamente (institucionales, 22%). Entre éstos, el que tuvo mayor difusión fue el micro-informativo del Gobierno Municipal de La Paz (“Buenas noticias para La Paz”) que tiene un segmento en aymara y fue emitido en 8 de los medios observados tanto de La Paz como de El Alto y en diferentes horarios. También se registró los programas del Centro de Educación y Comunicación para Comunidades y Pueblos Indígenas (CECOPI) y del Centro de Desarrollo Integral de la Mujer Aymara Amuyta (CDIMA) que fueron difundidos por dos radioemisoras de El Alto. Cabe señalar que estos programas, además de informar, cumplen con la función de preservar y difundir la imagen corporativa de la institución correspondiente.

Otro grupo de programas, los menos frecuentes (10%), no sólo concentraron sus contenidos en temáticas específicas sino que las dirigieron a la orientación de su audiencia. Fueron 5 programas todos presentados por 3 radioemisoras de El Alto, que abordaron temas jurídicos y agropecuarios (en radio Pachaqamasa), de Derechos Humanos y autonomías (en San Gabriel) y de salud (en Wiñay Jatha).

Aunque en otro artículo se detallarán las características de los programas periodísticos en aymara, hasta aquí se puede enfatizar y adelantar que menos de un cuarto de los programas de radio y televisión en este idioma resultó con estructura y formalización noticiosa. Además, como se dijo, el periodismo en aymara se vio disminuido aun más por la falta de siquiera un periódico en este idioma en la concentración urbana más grande no sólo del altiplano boliviano sino del país: las contiguas La Paz y El Alto. Un medio periodístico impreso con al menos una sección en aymara resultaría así necesario si se entiende que la mayoría de hablantes de este idioma nativo está ubicada en el altiplano paceño.

SIMULACRO DE DERECHO

Por Erick R. Torrico Villanueva

Un simulacro, dice el diccionario castellano, es “la acción por la que se aparenta algo”, y es justamente eso lo que el gobierno, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y el Órgano Electoral le han hecho vivir al país en los últimos días a propósito de los anuncios de modificar el “régimen especial de propaganda” para las elecciones del Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional establecido en los artículos 80 al 84 de la Ley del Régimen Electoral.

Luego de desconocer o de descalificar las críticas y los reclamos que generó el conjunto de prohibiciones fijado por ese régimen —que al impedir que los candidatos, los medios de difusión y la ciudadanía hablen sobre ese proceso electoral vulneran las libertades de expresión, opinión e información y atentan contra el Derecho a la Información y la Comunicación constitucionalizado en 2009—, finalmente el Órgano Ejecutivo, mediante el presidente Evo Morales que dijo haber “escuchado al pueblo” otra vez, admitió de manera indirecta que había cosas que arreglar en esa norma y pidió a la ALP que procediera a hacer los ajustes correspondientes.

El acelerado trámite para dar curso a las modificaciones supuso la inmediata elaboración de una propuesta por el Tribunal Supremo Electoral, la cual fue aprobada tanto por la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de la Cámara de Diputados como por la mayoría oficialista del pleno de dicha Cámara que, a su turno, acataron el instructivo presidencial. Sin embargo, el desconcierto surgió tras conocerse el texto y el carácter de las modificaciones introducidas en el ya citado régimen.

Por un lado, ese anteproyecto de ley deroga las disposiciones que impedían a los candidatos hablar de sus postulaciones y participar en espacios periodísticos de entrevista, pero al mismo tiempo mantiene las barreras que evitarán que los candidatos participen en programas mediáticos bajo riesgo de inhabilitación. Por otro lado, y en una nueva contradicción, libera la posibilidad de que los medios puedan opinar, “en forma positiva o negativa”, sobre los candidatos, a la vez que confirma la prohibición de que haya espacios de opinión en los medios.

Sin embargo, ahí no acaban las incoherencias. El referido anteproyecto legal permite a los medios publicar información sobre las candidaturas que sea distinta a la que oficialmente difundirá el Órgano Electoral, aunque a la vez deja sin modificación el artículo sobre la “Difusión de méritos”que otorga al Tribunal Supremo Electoral la condición de “única instancia autorizada para difundir los méritos de los postulantes seleccionados”. Y algo más interesante aún, como también mucho más preocupante, es que mientras ratifica que “ninguna persona particular, individual o colectiva, organización social, colegiada o política, podrá realizar campaña o propaganda a favor o en contra de alguna o algún postulante”, da la opción a las autoridades e instituciones públicas de poder “emitir opiniones o realizar acciones que favorezcan o perjudiquen a alguna de las postulaciones”.

En consecuencia, los cambios introducidos en el “régimen especial de propaganda” no sólo que no modifican nada de la situación previa de limitación del Derecho a la Información y la Comunicación sino que inclusive la empeoran; he ahí el simulacro. Lo que se tiene como resultado de ese juego de apariencias es el establecimiento de un semi-derecho, extraña figura que quizá sólo nacería en el seno de una semi-democracia.

QUE MUERAN LOS MEDIOS

Erick R. Torrico Villanueva

A diferencia de la sociedad retribalizada por las tecnologías comunicacionales que el pensador canadiense Marshall McLuhan imaginó en la década de 1960 –la “aldea global”–, algunos ideólogos actuales del comunitarismo en Bolivia parecen considerar que más bien de lo que se trata es de hallar formas de prescindir de esos recursos que, en su perspectiva, casi resultarían obstaculizadores no sólo del añorado proceso de recomponer la solidaridad y la convivencia aldeanas en el plano doméstico sino además del avance mismo de la democracia.

Esa quizá sea una de las explicaciones para que el gobierno, a tiempo de ratificar en la Ley del Régimen Electoral la vigencia del Derecho a la Información y la Comunicación reconocido en la Constitución de 2009, haya adoptado paradójicamente unas reglas de juego electorales que anulan toda posibilidad de que los votantes se informen y opinen de manera abierta, pues ni los medios masivos ni la Internet o la telefonía celular deberán ser utilizados para esos propósitos (seguramente detestables) durante el período en que se elija a las nuevas autoridades del ámbito judicial.

 

Esa norma que conducirá al país a una innegable etapa oscurantista, aprobada en julio de 2010, impide la circulación de toda información o juicio respecto a los candidatos a los cargos del Tribunal Constitucional Plurinacional, el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura. Los artículos 82 al 84 de esa ley son la más patética evidencia de que el Estado decidió convertirse en un gran censor, irónicamente para preservar la transparencia y equidad de esa sui géneris elección. Pero, ¿cómo se resuelve la contradicción de querer proteger derechos y libertades al tiempo que se los vulnera? La única respuesta posible es que hace falta apelar a sofismas.

 

Y los proveedores de argumentos para que esa estrategia de la falacia funcione no se dejaron esperar. Por ejemplo, mientras la Constitución prohíbe a los postulantes “realizar campaña electoral a favor de sus candidaturas” (Art. 182, numeral III), la ya referida ley extendió el veto al trabajo periodístico, equiparando propaganda con información. O mientras esa misma Constitución habla indistintamente de postulantes o candidatos, ahora el lenguaje oficial prefiere borrar la segunda opción para intentar enfatizar una desvinculación entre el futuro hecho eleccionario y el proselitismo. Mas ahí no termina todo, pues ya hubo incluso quien afirmó que sí sería posible desarrollar un amplio debate público sobre el tema “más allá de los medios”, seguramente trasmutando la geografía nacional en un ágora ilimitada, idea absurda por irrealizable.

Así, “en defensa del honor, la igualdad y la democracia”, la selección por voto popular de los candidatos pre-calificados por la mayoría política de la Asamblea Legislativa Plurinacional será apenas una convalidación formalista y desinformada de las decisiones parlamentarias, a la vez que representará un momento de “agonía” para los medios. Pero estos serán males menores frente a la imposición de la censura y la represión de la palabra, gravísima situación que empeorará con una lógica pérdida de confianza en el voto y con la consiguiente deslegitimación de origen de las autoridades que resulten electas. En resumen, ¡que mueran los medios!, pero que haya conciencia en los responsables del poder respecto a que ese deceso supondrá también el desfallecimiento de la democracia.

etorrico@unirbolivia.org

EL DESAFIO DE HACER PERIODISMO EN IDIOMAS NATIVOS

Santiago Espinoza A.*

En un país que se asume intercultural y reivindica su pluralismo lingüístico, no debería ser tan extraño abrir un periódico y encontrar un extenso reportaje redactado en quechua. Sin embargo, lo es. Más allá de su reconocimiento constitucional y de su vigencia cultural, el quechua -como los otros idiomas nativos que la Carta Magna señala como oficiales del Estado boliviano- continúa ocupando un lugar muy marginal en la estructural institucional del país. Y cuando nos referimos a la estructura institucional, estamos hablando también de los medios de comunicación, donde los idiomas nativos tienen una presencia imperceptible, sobre todo, en los medios masivos urbanos.

De ahí que, al abrir la edición del diario Opinión del domingo 27 de marzo pasado, no haya sido menor la extrañeza del que escribe al percatarse de que las páginas 12 y 13 A del matutino eran ocupadas por un largo reportaje escrito, casi por completo, en quechua (el segundo idioma más hablado en Cochabamba y en Bolivia luego del castellano). “Manchachikuyta chinkachina tiyan ama qisachay kananpaq”, rezaba al titular que abría el reportaje (traducido como “Tenemos que perder el miedo para eliminar la discriminación”) firmado por Zulma Camacho (periodista de planta de Opinión) y Eufrocina Soto (integrante de la Academia Regional de Quechua-Cochabamba).

Desde el año pasado, el Observatorio Nacional de Medios (ONADEM) de la Fundación UNIR Bolivia, que asume la interculturalidad como una transversal de su trabajo, ha abierto una línea de investigación orientada a la caracterización y valoración de las prácticas comunicacionales y periodísticas en idiomas nativos. Su primer resultado ha sido el estudio “En busca de una agenda informativa del mundo quechua. La oferta periodística en quechua en la ciudad de Cochabamba”, elaborado por la corresponsalía del ONADEM en Cochabamba, y a la fecha está en desarrollo otro trabajo sobre la oferta periodística en aymara en las ciudades de La Paz y El Alto, y se prepara una investigación similar sobre el periodismo en quechua en Sucre.

En el citado estudio sobre la oferta periodística en quechua en la ciudad de Cochabamba, se había advertido que el uso del idioma nativo en los medios masivos locales era mínimo, sobre todo, en la televisión y en la prensa. De hecho, apenas se había identificado un periódico institucional y de circulación bimensual con una oferta regular de contenidos periodísticos en quechua. Por eso causa sorpresa que un diario de circulación abierta y nacional, como Opinión, haya incluido en su edición dominical un reportaje en quechua, algo que, hasta hace sólo unos meses, habría sido impensable.

A modo de presentación del reportaje en quechua, el periódico explica que la publicación del texto en quechua obedece a los principios rectores del trabajo del matutino que “valora la diversidad y las culturas originarias”. Y añade que su objetivo es “llegar cada vez más a los lectores quechua parlantes”. El texto introductorio aclara que la pretensión del reportaje es reflejar la “percepción ciudadana sobre el trato que reciben los campesinos en las ciudades y los avances que se registran en la lucha contra la discriminación”. Para ello tiene por principal fuente al alcalde de Tacopaya, municipio perteneciente a la provincia Arque, enclavada en la región andina del departamento de Cochabamba, donde el quechua es de uso generalizado. La voz del alcalde es complementada por el testimonio de otros habitantes de Tacopaya, así como de otras poblaciones quechua parlantes, cuya voz, se infiere, ha sido recogida en el idioma nativo. La palabra de las personas consultadas sirve para valorar en qué medida han cambiado los comportamientos discriminatorios hacia ciudadanos del área rural, más aún tras la puesta en vigencia de la Ley Antirracismo.

Visualmente, lo primero que llama la atención del reportaje es el significativo espacio que ocupa en la edición dominical: dos páginas. Una extensión sólo reservada para los reportajes especiales de fin de semana, como es el caso. Otro detalle para nada despreciable es que el reportaje forme parte del cuerpo principal del periódico, en el que se publican los contenidos más importantes de la edición. Así pues, no se trata de un suplemento o de unas páginas especialmente diferenciadas del resto del cuerpo principal, sino que hace parte de él, convive con el resto de los materiales periodísticos cifrados en español.

Algo que también cabe resaltar particularmente del reportaje es el uso exhaustivo del idioma nativo en los diferentes componentes que hacen al texto periodístico publicado. A más de la columna introductoria, del rótulo de identificación de las páginas del periódico que ocupa y de un sugerente glosario (con algunos términos quechuas traducidos al español), el texto está redactado por completo en quechua. Antetítulos, titulares, recuadros con información adicional, recuadros con testimonios textuales, recuadros de análisis opinativo (de un especialista), pies de fotos y otros recursos propios del formato de presentación del diario, están escritos en el idioma nativo, lo que evidencia el esfuerzo por presentar un reportaje destinado a un lector quechua exigente. Incluso las fotografías que ilustran el reportaje dan cuenta de sujetos y realidades identificables con el mundo rural quechua. Las imágenes muestran a bolivianos con sombrero y ponchos y a bolivianas de trenzas y pollera, a sujetos que pueden permitir la identificación de los lectores quechua hablantes con el contenido del reportaje.

Y así como, formalmente, el reportaje apuesta por el uso del quechua en sus diferentes componentes morfológicos, temáticamente también apunta a dar cuenta de una problemática de interés especial para las personas quechua hablantes, en especial, para las procedentes del área rural. Su tema es la discriminación como conducta que media las relaciones entre las instituciones e individuos urbanos y castellano hablantes y las personas procedentes del área rural que son quechua hablantes (bilingües, en su mayoría).

Vistas así las cosas, el reportaje se ajusta a una tendencia de la construcción del discurso periodístico –identificada en el estudio del ONADEM sobre la oferta periodística en quechua en Cochabamba- en la que el idioma nativo no se limita a traducir informaciones impuestas por la agenda mediática tradicional, sino que sirve como punto de referencia para definir escenarios, fuentes, temáticas y formas de uso del lenguaje en los contenidos periodísticos.

Desde el ONADEM se busca brindar una mirada crítica sobre el desempeño de los medios de comunicación y la calidad de la oferta periodística en el país. Sin embargo, ello no implica que el Observatorio sólo haga mención de los problemas o taras que inciden negativamente sobre la calidad del periodismo boliviano, siendo también menester suyo dar cuenta de aquellas prácticas informativas virtuosas, que hablan bien del trabajo periodístico desarrollado en el medio local y que bien podrían ser imitadas. Y ése es el caso del reportaje en quechua publicado en Opinión. La iniciativa de este diario cochabambino no puede menos que ser resaltada, pues constituye un ejemplo de cómo los medios de comunicación pueden aportar a la construcción de un país intercultural, incorporando en sus páginas (o en sus emisiones radiales o audiovisuales) mensajes confeccionados en otros idiomas tan bolivianos como el castellano. Prácticas de este tipo sirven no sólo para llegar a aquellos públicos lingüísticamente interpelados por los mensajes, como en este caso son los quechua hablantes procedentes del área rural, sino que también pueden permitir que otros públicos, como los sujetos urbanos hispano hablantes, reconozcan y valoren la existencia y vitalidad de otras lenguas, de otros sujetos, de otras culturas en este país.

Por supuesto, un solo reportaje en quechua no puede ser tomado como una victoria per se de la pluralidad de lenguas y de la interculturalidad en Bolivia. Pero sí puede servir como punto de partida para plantear nuevos desafíos a fin de construir un escenario periodístico-comunicacional más intercultural y, por extensión, una sociedad más proclive al diálogo intercultural. Sería deseable, en este sentido, que la publicación de contenidos periodísticos en quechua se regularice y deje de ser motivo de sorpresas. Y esto, desde luego, es deseable no sólo para el diario Opinión, sino para otros medios locales y nacionales, ya sea impresos, radiales o televisivos. Así pues, el desafío de hacer periodismo en idiomas nativos está lanzado.

* Corresponsal del ONADEM en Cochabamba

AGRESIONES A PERIODISTAS 2010

Vania Sandoval Arenas




Las agresiones a periodistas y a medios de comunicación el año 2010 estuvieron marcadas por la cobertura informativa en situaciones de movilización y protesta social, en las que sectores de la sociedad civil que sostenían medidas de presión agredieron a periodistas. A la vez, las denuncias de periodistas contra policías se duplicaron (de 8 a 19) respecto del año

2009, mientras que ciertos funcionarios públicos y miembros del poder judicial continuaron realizando de manera pública agresiones y obstaculización el trabajo periodístico, de acuerdo al informe “Agresiones a Periodistas 2010: cubrir conflictos continúa siendo lo más peligroso” elaborado por el Observatorio Nacional de Medios (ONADEM) de la Fundación UNIR Bolivia.



El informe de agresiones a periodistas 2010 comprende los datos de las agresiones correspondientes a este año visibilizadas por los medios de difusión y las organizaciones sindicales. No es un documento que incluya todos los casos ocurridos en Bolivia; pretende mostrar tendencias y contribuir a que los actores involucrados tomen acciones concretas para prevenir y también para sancionar los hechos denunciados, en busca de garantizar mejores condiciones laborales para los periodistas y fortalecer así la calidad informativa en el país en pro de una cada vez mejor y mayor democracia. Algunos datos relevantes son presentados a continuación:



Cuatro departamentos concentraron las agresiones



La Paz fue el departamento con mayor número de agresiones visibilizadas (39), continuando la tendencia del año 2009. El conflicto de Caranavi, con bloqueos de caminos por la demanda de ser la sede de una planta industrializadora de cítricos, así como otras movilizaciones sociales en el centro de la ciudad de La Paz y en El Alto registraron violentas agresiones a periodistas protagonizadas por policías y sectores movilizados. En el año 2010 aumentó a más del doble (de 6 a 15) el número de periodistas agredidos en Cochabamba. En Sucre se registraron 13 trabajadores de la información afectados, en casos vinculados con los conflictos por la Alcaldía; se trata de un incremento considerable dado que en el año 2009 no se visibilizó más que un caso.



La policía, la institución más denunciada



La policía protagonizó un número mayor de agresiones contra periodistas respecto a los tres años anteriores. En el año 2010 fue protagonista de 19 casos de agresión, mientras que en el año 2009 estuvo involucrada en 8 sucesos denunciados. Las denuncias de periodistas contra policías se duplicaron y más (de 8 a 19) respecto del año 2009, mientras que algunos funcionarios públicos y miembros del poder judicial continuaron de manera pública con agresiones y obstaculizaron el trabajo periodístico.



¿Sirve de algo denunciar?



El 90% de los casos registrados fueron presentados como denuncia pública a las organizaciones sindicales y gremiales, mientras que la denuncia a los niveles judiciales o policiales sólo alcanzó el 10% en el 2010. En ese tema se nota un decrecimiento respecto al año 2009, cuando se efectuaron más denuncias a las instancias judiciales correspondientes (15%).


El Informe de Agresiones a Periodistas 2009 de la Fundación UNIR Bolivia señalaba que crecieron los ataques violentos y anónimos contra periodistas. Estos ataques aún no han sido esclarecidos. El año 2010 fueron denunciados siete ataques de este tipo, perpetrados por presuntos delincuentes, tres casos menos que en el año 2009. Desde el año 2007, las agresiones físicas a periodistas han sido sancionadas sólo en dos ocasiones, (aproximadamente el 2% de los casos denunciados de agresiones de ese tipo) con encarcelamiento temporal de los denunciados. La impunidad continuó como tendencia.



Es importante destacar también los despidos injustos, las trabas que impiden conformar sindicatos dentro de algunas empresas, las condiciones laborales en creciente precarización, la falta de seguro médico, seguro de vida, estabilidad laboral, entre otras carencias, son agresiones internas que reciben cotidianamente muchos periodistas en Bolivia. Las organizaciones sindicales han denunciado este tipo de problema de manera permanente.



La carencia de condiciones laborales adecuadas siguió marcando la ruta del trabajo periodístico en Bolivia el 2010; sin embargo, se espera que en este 2011 las agresiones -a todo nivel- disminuyan o desaparezcan, pues así se garantizará un ejercicio periodístico pleno y se contribuirá a un bien público como es el Derecho a la Información y la Comunicación, con calidad y responsabilidad.



El informe completo puede obtenerse en www.unirbolivia.org