QUE MUERAN LOS MEDIOS

Erick R. Torrico Villanueva

A diferencia de la sociedad retribalizada por las tecnologías comunicacionales que el pensador canadiense Marshall McLuhan imaginó en la década de 1960 –la “aldea global”–, algunos ideólogos actuales del comunitarismo en Bolivia parecen considerar que más bien de lo que se trata es de hallar formas de prescindir de esos recursos que, en su perspectiva, casi resultarían obstaculizadores no sólo del añorado proceso de recomponer la solidaridad y la convivencia aldeanas en el plano doméstico sino además del avance mismo de la democracia.

Esa quizá sea una de las explicaciones para que el gobierno, a tiempo de ratificar en la Ley del Régimen Electoral la vigencia del Derecho a la Información y la Comunicación reconocido en la Constitución de 2009, haya adoptado paradójicamente unas reglas de juego electorales que anulan toda posibilidad de que los votantes se informen y opinen de manera abierta, pues ni los medios masivos ni la Internet o la telefonía celular deberán ser utilizados para esos propósitos (seguramente detestables) durante el período en que se elija a las nuevas autoridades del ámbito judicial.

 

Esa norma que conducirá al país a una innegable etapa oscurantista, aprobada en julio de 2010, impide la circulación de toda información o juicio respecto a los candidatos a los cargos del Tribunal Constitucional Plurinacional, el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura. Los artículos 82 al 84 de esa ley son la más patética evidencia de que el Estado decidió convertirse en un gran censor, irónicamente para preservar la transparencia y equidad de esa sui géneris elección. Pero, ¿cómo se resuelve la contradicción de querer proteger derechos y libertades al tiempo que se los vulnera? La única respuesta posible es que hace falta apelar a sofismas.

 

Y los proveedores de argumentos para que esa estrategia de la falacia funcione no se dejaron esperar. Por ejemplo, mientras la Constitución prohíbe a los postulantes “realizar campaña electoral a favor de sus candidaturas” (Art. 182, numeral III), la ya referida ley extendió el veto al trabajo periodístico, equiparando propaganda con información. O mientras esa misma Constitución habla indistintamente de postulantes o candidatos, ahora el lenguaje oficial prefiere borrar la segunda opción para intentar enfatizar una desvinculación entre el futuro hecho eleccionario y el proselitismo. Mas ahí no termina todo, pues ya hubo incluso quien afirmó que sí sería posible desarrollar un amplio debate público sobre el tema “más allá de los medios”, seguramente trasmutando la geografía nacional en un ágora ilimitada, idea absurda por irrealizable.

Así, “en defensa del honor, la igualdad y la democracia”, la selección por voto popular de los candidatos pre-calificados por la mayoría política de la Asamblea Legislativa Plurinacional será apenas una convalidación formalista y desinformada de las decisiones parlamentarias, a la vez que representará un momento de “agonía” para los medios. Pero estos serán males menores frente a la imposición de la censura y la represión de la palabra, gravísima situación que empeorará con una lógica pérdida de confianza en el voto y con la consiguiente deslegitimación de origen de las autoridades que resulten electas. En resumen, ¡que mueran los medios!, pero que haya conciencia en los responsables del poder respecto a que ese deceso supondrá también el desfallecimiento de la democracia.

etorrico@unirbolivia.org