Agresiones a periodistas a propósito del conflicto por el TIPNIS (1)

Informe Sobre Agresiones a Periodistas - Caso TIPNIS Julior /> 

Cubrir conflictos es una tarea riesgosa para el periodismo boliviano. Y las movilizaciones sociales de apoyo o rechazo a la construcción de una carretera proyectada para atravesar el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) lo confirman. Entre la VIII Marcha Indígena cuya demanda fue evitar la construcción del Tramo II que cruzaría el núcleo del territorio indígena[1], la marcha del Consejo Indígena del Sur (CONISUR) pidiendo más bien la construcción de la misma[2] y la IX marcha ratificando las demandas de la VIII[3], van 25 periodistas agredidos y un medio de comunicación violentado, en un periodo de nueve meses (ver Anexo).

El Observatorio Nacional de Medios de la Fundación UNIR Bolivia (ONADEM), a partir de un monitoreo informativo que comenzó el 15 de agosto de 2011 en coincidencia con el inicio de la VIII marcha y que continúa a la fecha, ha sistematizado las agresiones a periodistas y medios relacionadas con las movilizaciones ligadas al tema TIPNIS realizando un corte metodológico para presentar los datos hasta el 15 de mayo 2012.[5]

            Las agresiones a periodistas y medios más frecuentes fueron las físicas, seguidas del ejercicio de la violencia verbal :

GRÁFICO Nº 1

Fuente: ONADEM

Los periodistas que sufrieron mayor violencia, en términos generales, fueron los de televisión, dado que recibieron el 56% del total de agresiones. Los hechos de violencia durante el desarrollo de la VIII marcha ocuparon la agenda de los medios, los camarógrafos y fotógrafos obtuvieron imágenes “exclusivas” que fueron transmitidas a la población, razón por la cual fueron obligados a entregar las cintas en que registraron las imágenes:

GRÁFICO Nº2

 

Fuente: ONADEM

Los discursos polarizados a causa de la construcción del tramo II de la carretera y la calificación del trabajo periodístico como parcializado con uno de los polos (gobierno y organizaciones aliadas a favor de la carretera y contra la VIII Marcha vs. la CIDOB y otras organizaciones aliadas que rechazan esta vía), fueron las principales causas de agresión a periodistas.

El contexto político, interdependiente del mediático, determinó que se clasifique también a los medios como favorables o desfavorables a la VIII Marcha, lo que fue asumido por varios actores sociales involucrados en el conflicto al interactuar con los periodistas. Un ejemplo de ello es que sólo algunos medios, principalmente los estatales, fueron convocados para grabar al diputado y dirigente indígena Pedro Nuni –uno de los líderes de la movilización indígena–consumiendo bebidas alcohólicas en Trinidad. Sus familiares en esta situación fueron denunciados como agresores de los periodistas que habían acudido a filmar al diputado, argumentando injerencia en una actividad privada de carácter familiar.[6]

El 25 de septiembre de 2011, en la población de San Ignacio de Yucumo, la VIII marcha indígena fue dispersada luego de una violenta intervención policial. Los camarógrafos y fotorreporteros fueron obligados a apagar sus cámaras y en algunos casos golpeados e insultados por miembros de la Policía Boliviana que hicieron el operativo. Entre el 16 y el 25 de septiembre, días antes y hasta la misma jornada de la intervención policial, fueron agredidos 11 periodistas de medios privados, por policías o por quienes bloqueaban el paso a los marchistas en Yucumo o en la cercana población de San Borja.

Trabajadores de medios estatales recibieron otro tipo de agresiones. La reportera de Bolivia TV, Laura Ibáñez, y su camarógrafo fueron obligados a apagar las cámaras en San Borja: “fuimos ultrajados por los marchistas por ser de Bolivia TV”, denunció.

Posteriormente, en enero de 2012 se registraron hechos violentos en la sede de gobierno, cuando la marcha de los integrantes del CONISUR en apoyo a la decisión gubernamental de construir una carretera atravesando el TIPNIS, llegó a la ciudad de la Paz e intentó ingresar a la plaza Murillo. Al no lograrlo dada la protección policial, agredieron a los uniformados lanzando objetos que también alcanzaron a los periodistas. En aquella ocasión cinco periodistas sufrieron las consecuencias, entre ellos la periodista de Gigavisión, Helga Velasco, quien perdió dos piezas dentales luego de que una piedra impactara contra su rostro.[7]

Los presuntos agresores de periodistas en el lapso estudiado de 10 meses fueron, en su mayoría, los opositores a la VIII marcha indígena, es decir, colonizadores o representantes del CONISUR:

GRÁFICO Nº 3

Fuente: ONADEM

Durante los preparativos de la IX marcha indígena se registró una agresión a una emisora radial local, en medio del clima polarizado --a favor y en contra de la movilización-- existente en San Ignacio de Moxos. El 22 de abril, tres días antes del inicio de la medida de protesta, la radio comunitaria Arairu Sache (Soy para todos) fue intervenida y obligada a cortar su emisión después de que un locutor diera lectura a una resolución que convocaba a la marcha contra la construcción de la carretera. Según la denuncia efectuada, el director de la radio René Nuni y el reportero Hefiquio Salazar, fueron golpeados por personas que se oponían a la lectura del comunicado que convocaba a la marcha. Los agresores --pertenecientes a organizaciones locales que se oponen a la marcha indígena-- irrumpieron violentamente en la radio y hurtaron equipos.

Analizando estos datos, se puede concluir que la polarización política entre gobierno y opositores a sus decisiones en torno al TIPNIS ha ocasionado que el periodismo esté inserto en la conflictividad y sea identificado –según el tipo de medio y la cobertura realizada– como favorable o desfavorable a las movilizaciones en torno a este Territorio Indígena y Parque Nacional. Las clasificaciones de los medios y el tratamiento que les dieron los actores políticos se pueden visibilizar en las declaraciones del Presidente Evo Morales y de los ministros de Estado en torno a la cobertura informativa. También los colonizadores (llamados comunidades interculturales) y los marchistas indígenas identificaron medios supuestamente pertenecientes a uno u otro bando.

La VIII marcha indígena y la “contramarcha” del CONISUR fueron cubiertas de manera muy distinta por el periodismo. La primera tuvo un amplio despliegue de periodistas y espacios informativos durante todo su proceso, con especial énfasis en la cobertura de la violenta intervención policial realizada en Chaparina el 25 de septiembre del 2011, la que se cubrió con dificultades que involucraron riesgo a la integridad física de los periodistas desplazados en el lugar. Como correspondía a la magnitud de la coyuntura informativa, los medios televisivos mostraron las imágenes de las agresiones policiales en emisiones especiales. Y redes de radio salieron al aire de manera extraordinaria ese domingo en la tarde para informar sobre la intervención de la marcha en una emisión de varias horas, registrando las repercusiones desde varios puntos del país.

El gobierno criticó esta cobertura, señalando que se produjeron imprecisiones en la cobertura de los medios. El propio Presidente Morales conminó a que le demuestren que hubo un niño muerto, como informaron algunos medios con base en el boletín publicado por la unidad de comunicación de la marcha.[8]

La VIII Marcha tuvo cobertura de medios alternativos de información y redes sociales, como blogs, sitios web de instituciones que apoyaron a la esta movilización, que informaron minuto a minuto sobre los acontecimientos con incidencia informativa sobre todo dentro del público citadino. Estos medios actualmente continúan realizando un seguimiento cotidiano e incluso promueven los aportes ciudadanos y ayuda humanitaria para la IX Marcha, movilización que está recibiendo un despliegue periodístico importante desde el anuncio de su realización.

La marcha del CONISUR, en cambio, fue cubierta por la prensa con menor despliegue de periodistas. Se destacaron las situaciones de violencia generadas con la llegada de los marchistas a la ciudad de La Paz, cuando se les impidió el ingreso a la plaza Murillo y se registraron agresiones a policías y periodistas.

Al ser la problemática del TIPNIS un tema que ha generado opiniones polarizadas y en la sociedad boliviana entre los actores sociales y políticos, y que involucra la gestión de los recursos naturales, los alcances de la autonomía indígena y el ejercicio de derechos fundamentales, se hace necesario que se instale en todos los actores involucrados (incluyendo gremios periodísticos, dueños de medios, gobierno central, departamental y gobiernos municipales, organizaciones e instituciones de la sociedad civil) la reflexión sobre el rol de los informadores en escenarios de conflicto, garantizándose un ejercicio libre del periodismo y promoviendo la información de calidad, situaciones que incluyen obligatoriamente la preservación de la integridad física de las y los periodistas. Como se encuentra en curso la IX marcha que mantiene similares características en la polarización de los discursos de los actores involucrados, es necesario visibilizar la temática de agresiones a periodistas en su real dimensión, en la línea de fortalecer la creación de significados sociales conjuntos de respeto a los derechos fundamentales.

Bolivia, junio de 2012

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[1] En el presente trabajo se toma en cuenta las agresiones denunciadas públicamente por los propios periodistas agredidos y difundidas por el medio de comunicación en el que trabajan y/u otro medio de comunicación. No se registran posibles agresiones que no hayan sido denunciadas públicamente.

[2] Los pueblos indígenas de las tierras bajas habitantes del TIPNIS, organizados en la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), Sub Central TIPNIS, y otras organizaciones indígenas y sociales, se movilizaron en la VIII Gran Marcha Indígena por la Defensa del TIPNIS, por la Vida, la Dignidad y los Derechos de los Pueblos Indígenas que partió desde Trinidad hacia La Paz el 15 de agosto de 2011. La demanda central fue frenar la construcción de la carretera Villa Tunari - San Ignacio de Moxos que atravesaría por su territorio con impactos sociales, ambientales y económicos irreversibles. La marcha que llegó a la sede de gobierno, el 19 de octubre 2011, fue recibida por gran parte de la población paceña que se volcó a las calles para expresar su apoyo y solidaridad. El gobierno central luego del arribo de la marcha, promulgó la Ley 180, que estableció la intangibilidad del TIPNIS. Además de las demandas por la mencionada carretera, tanto la VIII como la IX Marchas Indígenas elaboraron una plataforma de demandas relacionada a la titulación y formas de gestión de sus territorios.

[3] La Marcha del CONISUR fue una movilización realizada por organizaciones campesinas y de colonizadores (actualmente llamados comunidades interculturales) afines al gobierno de Evo Morales, quienes demandaron la anulación de la Ley 180, que declaraba territorio intangible al TIPNIS, para que más bien se construya la carretera Villa Tunari- San Ignacio de Moxos atravesándolo.

[4] La VIII marcha indígena, que se oponía a la construcción, demoró 65 días (15 de agosto al 19 de octubre de 2011). La marcha del CONISUR, llegó en 43 días (del 17 de diciembre de 2011 al 30 de enero de 2012). La IX marcha indígena, que partió desde Trinidad el pasado 25 de abril, pide que se respete la Ley 180

prácticamente desconocida por la Ley 222 que establece la consulta a las comunidades para la construcción de la carretera, argumentando que la consulta establecida por el gobierno es “posterior y no previa” considerando que ya se construyeron el tramo I y III, y además que el contrato para el tramo II ya había sido firmado. La CIDOB asegura que la consulta no ha sido organizada junto a las organizaciones representativas de los indígenas ni ha sido emprendida de buena fe. El gobierno, por su parte, argumenta que es necesaria la mayor presencia del Estado dentro del parque por la cantidad de explotación ilegal de madera que existe, además de insistir en que no hay otro tramo por donde pueda construirse una carretera. Fundamenta la Ley 222 indicando que las comunidades tienen que ejercer el derecho a la consulta previa establecido internacionalmente, y ataca a la IX marcha acusándola de tener fines desestabilizadores del gobierno.

[5] Este análisis puntual se enmarca dentro del trabajo integral de seguimiento de Agresiones a Periodistas y Medios en Bolivia, que el ONADEM de la Fundación UNIR Bolivia realiza de manera permanente desde el año 2007. La sistematización y análisis de ese tema forma parte del libro “Medios a la Vista 2. Análisis sobre el Derecho a la Información y la Comunicación y el Periodismo en Bolivia 2009-2011” presentado en diciembre 2011. 

[6] “Nosotros fuimos allá (al festejo de la familia de Pedro Nuni) debido a que recibimos una información de que dirigentes que habían salido de la marcha estaban consumiendo bebidas alcohólicas, por lo tanto quisimos hacer una entrevista y preguntar, que nos den información sobre la situación de la marcha, pero lamentablemente fuimos recibidos de muy mala forma con agresiones”. Carlos Cuba, periodista del canal 21 en Beni (http://www.cambio.bo/noticia.php?fecha=2011-08-29&idn=53276) Sitio consultado el 10 de mayo 2012.

[7] La periodista Helga Velasco testimonió: “Tengo dos piezas dentarias dañadas, me las van a tener que reconstruir, uno no espera que pasen estas cosas, tampoco nos exponemos, estábamos detrás de los policías y fue en un segundo que levante la cabeza y me llegó la piedra” (Ver: http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2012/0131/noticias.php?id=41861). Sitio consultado el 10 de mayo 2012.

[8] En una nota de prensa, el presidente Evo Morales declaró que “algunos grupos usan a la prensa y la prensa tergiversa. Ayer (por el lunes) el pueblo con razón estaba gritando sobre un niño fallecido, y ahora que me digan dónde está el niño, quiénes son sus padres, dónde se enterró, cómo se llama. Es la prensa de la derecha (utilizada) para confundir a la población, para causar reacción en la población, quieren enfrentar” (http://www.cambio.bo/noticia.php?fecha=2011-09-28&idn=55383) Sitio consultado el 12 de diciembre 2011.

Representaciones de la seguridad ciudadana en la prensa cruceña

Por Cecilia Banegas Flores(1)

Los problemas como la violencia urbana relacionada con delitos como ser atracos, narcotráfico, homicidios, entre otros, convierten a la demanda por  seguridad ciudadana en un tema prioritario que merece la atención de todas las instituciones públicas, privadas y la sociedad civil en su conjunto. La demanda que hace la población por seguridad ciudadana surge a partir de la percepción de un aumento del delito o incremento de la violencia. Esta percepción, que se forma en el imaginario colectivo de la sociedad, está fuertemente vinculada al discurso que los medios masivos de información difunden sobre la situación de la seguridad ciudadana.

Los medios masivos  reconstruyen la percepción social o imaginario colectivo de la realidad. A esto apuntan teorías de la comunicación masiva como la de la Agenda Setting, que afirman que los medios de comunicación se centran en unos temas destacándolos más que otros e influyen al decirle a la gente sobre qué es importante pensar, más que en cómo o qué pensar sobre los temas. Así el discurso mass-mediático contribuye a la construcción social de la realidad y a la “tematización” del espacio público, es decir, la definición de cuáles son los temas importantes a los que se debe prestar atención. Según el profesor de periodismo político Xavier Giró, las políticas que los gobiernos adoptan para erradicar la inseguridad, “están influidas por la percepción social de los delitos y de las personas que los cometen y esa percepción está condicionada, cada día que pasa con más fuerza, por el discurso de los medios de comunicación” (2).

Es por ello que el Observatorio Nacional de Medios (ONADEM) de la Fundación UNIR Bolivia realizó una investigación sobre las características de la cobertura periodística dada al tema de la inseguridad ciudadana en Santa Cruz. ¿Cuáles son las temáticas abordadas? ¿Quiénes son las fuentes consultadas? ¿Cómo describen a los hechos y sus actores? ¿Cómo se presentan los delitos de violencia contra la mujer y niños o adolescentes? ¿Se explica el contexto social, económico, cultural y las causas estructurales de la violencia? Y ¿qué propuestas de políticas de seguridad se plantean? Tales fueron  algunas de las interrogantes que el ONADEM se propuso responder a través de un análisis de contenido realizado a 493 noticias y 23 editoriales correspondientes a 72 ediciones diarias de los periódicos El Deber, El Mundo, La Estrella del Oriente y El Día, entre los meses de abril y agosto de 2011. En base a listas de preguntas abiertas y cerradas y por categorías, se analizó un total de 76 indicadores para describir las características de la cobertura periodística sobre el tema con los siguientes resultados:

Las temáticas de las noticias.  Las temáticas relacionadas a la seguridad ciudadana que predominan en los medios impresos en Santa Cruz son el narcotráfico —que es un tema constante en la prensa— y temas con fuertes cargas de violencia como los homicidios y atracos. Los temas relacionados a la prevención de delitos, como las políticas de seguridad, han tenido bastante difusión; sin embargo, esto se debe a que fueron temas de coyuntura en el periodo analizado. Individualmente cada diario dio prioridad a temas particulares. En El Mundo y El Día, el narcotráfico fue el tema más publicado. En La Estrella del Oriente  y El Deber el intento de homicidio.

Las fuentes de la noticia. Respecto a las fuentes consultadas, los diarios coincidieron en tomar a la Policía como la principal fuente de información; en segundo lugar está el Ministerio Público, en tercer lugar  Autoridades Judiciales y en cuarto lugar las víctimas de los hechos y personas relacionadas con ellas. Las autoridades de la Gobernación, del Órgano Ejecutivo Nacional y las autoridades médico forenses son otros grupos de fuentes bastantes consultadas. Sin embargo, llama la atención que a pesar de ser los hechos relacionados con la violencia y la inseguridad problemas sociales que tienen sus causas en las estructuras socio-económicas y la desigualdad social, no se consulte con fuentes especializadas que analicen esa situación, como investigadores sociales, informes de instituciones públicas, organismos internacionales u organizaciones no gubernamentales relacionadas con los Derechos Humanos y expertos en el tema.
Al ser la Policía, el Ministerio Público, las autoridades judiciales, las fuentes mayormente consultadas, se elabora la noticia a partir de las posiciones de poder y de la autoridad. Entre los actores involucrados en el hecho, la víctima y personas relacionadas con ella, son las fuentes más consultadas. Son escasas las consultas a los testigos del hecho, el acusado y personas relacionadas con él. En este sentido, la noticia también se elabora a partir de la posición de la víctima.

El pluralismo y la ecuanimidad, que se refieren a la variedad de perspectivas, al balance y equilibrio en las fuentes de información, son dos estándares de calidad periodística propuestos por el ONADEM (3). La investigación demostró que no hubo pluralismo ni ecuanimidad en las fuentes, puesto que la mayoría de las noticias contaron sólo con una fuente de información, siendo El Mundo el diario que utilizó mayormente una sola fuente en el 68%  de sus notas,  dos fuentes en el 16 % de las notas, además de que en el 9 % de sus notas no mencionó la fuente. En La Estrella del Oriente el 49 % de las notas tiene una sola fuente, el 30 % dos fuentes, el 12 % tres fuentes y el 8,5 % de sus notas no tiene fuentes de información. En El Día, el 38 % de las notas tienen una sola fuente, el 33 % dos fuentes, el 11 % presenta tres fuentes y en el 10 %  de las notas no se menciona la fuente de información. En el caso de El Deber, un 36% de las notas usan una sola fuente, el 22 % dos fuentes, el 21 % tres fuentes y el 10 % de las notas no mencionan una fuente de información. Aunque en un mínimo porcentaje este último medio también publicó notas con 4, 5, 6 y 7 fuentes de información, en este sentido se podría decir que fue el medio más plural. 

Representación de los actores de los hechos. Germán Rey afirma que “el delito es casi siempre una forma de imaginación del Otro, y en muchos casos también una forma de discriminación del otro, el extraño, el diferente. Estas fronteras entre unos y otros están muy marcadas por la información de los medios” (4) .  Y es que según la forma  cómo describan los medios a los actores involucrados en hechos delictivos o de violencia se pueden también crear estereotipos positivos o negativos de estos grupos sociales, como ha pasado en el caso de las pandillas o los barrios y sectores marginales. Estas representaciones de las “figuras amenazantes” pueden conducir a la definición y ejecución de las políticas de seguridad e inclusive a acciones extremas tomadas por grupos sociales, como en el caso de los linchamientos que se han dado en Bolivia u otras formas de hacer justicia por mano propia.

En la mayoría de las noticias de los diarios cruceños analizados se identifica y se da a conocer el nombre de la víctima y del supuesto victimario. En cuanto a las fotografías, la  figura que aparece mayormente en las imágenes es la del presunto victimario, siendo el diario El Mundo el que muestra esta figura con mayor frecuencia, seguido por La Estrella del Oriente y El Deber. La segunda figura que aparece con mayor frecuencia es la víctima, en tercer lugar se muestra a la fuerza pública (policías, gendarmes, militares). La identificación de los actores del hecho, en el caso de que sean menores de edad, ya sea publicando  su nombre o su imagen, vulnera el derecho a la privacidad, intimidad, honra, honor, propia imagen y dignidad como lo establece el Art. 21 de la Constitución Política del Estado. Además al publicar el nombre del “presunto culpable” y anunciarlo como el autor de los hechos delictivos o de violencia, se atenta también contra el derecho universal a la presunción de inocencia que afirma que “toda persona acusada de un delito tiene el derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa” (5). Siendo culpable o no, para el público, la identidad e imagen del presunto victimario quedará señalada ya como un delincuente. En estos casos se debe presentar a los acusados como “presuntos culpables”.

Sensacionalismo. En el caso de las noticias relativas a la seguridad ciudadana, el estudio realizado por Dastres y otros autores afirma que los altos niveles de sensacionalismo en la presentación de las noticias sobre delitos y violencia genera un incremento del temor al crimen en los miembros de la comunidad (6).  Por ello, el estudio del ONADEM analizó si los titulares y textos de las noticias contenían frases de impacto, apertura sensacionalista o un cierre emotivo. En los resultados, se evidenció que en la mayoría de las noticias los titulares y el texto no tenían frases sensacionalistas. El diario  que publicó más titulares sensacionalistas fue El Mundo en un 29,5 % de las noticias sobre la temática de seguridad ciudadana. El Día publicó titulares sensacionalistas en un 27, 6% de sus noticias, El Deber en un 19,4 % y La Estrella del Oriente utilizó sensacionalismo en un 17 % de las noticias. Otros recursos como la apertura sensacionalista o  cierre emotivo fueron usados por El Día en el 23,7 % de sus notas, seguido por El Mundo que lo utilizó en el 16,9 % de sus notas. Algunos ejemplos de titulares y textos sensacionalistas fueron los siguientes:

Titular: “Atracaron a un hombre y le cortaron la tráquea”  Texto: “Un hombre fue atracado por  delincuentes, quienes no conforme con robarles sus pertenencias le cortaron el cuello…La víctima sufrió una perforación en la tráquea y no podía hablar, incluso no pudo identificarse” (La Estrella 13-04-11). En este titular y el texto de la noticia se puede observar la repetición y descripción detallada del hecho violento. Otros titulares sensacionalistas que se encontraron fueron: “En las narices de varias personas asaltan y acuchillan a un cobrador”(La Estrella 14-04-11); “Fue amarrada, quemada y violada” (La Estrella 25-8-11); “'Narco' multi - reincidente regresó a su 'casa': la cárcel de Palmasola” (La Estrella 25-8-11).

Representaciones del delito y sus actores.  La investigación del ONADEM hizo un seguimiento especial a algunos hechos de inseguridad que tuvieron mucha repercusión en los medios. En el caso del intento de asesinato contra el gobernador Rubén Costas ocurrido en abril de 2011, cuando trató de evitar el atraco a una funcionaria de Credinform y a consecuencia de ello resultó herido por un disparo que rozó su cráneo, las noticias pusieron énfasis en calificar este hecho como un acto heroico por parte Costas y su sobrevivencia se calificó como un milagro: “Intervino en el atraco porque no podía quedar de brazos cruzados” (El Mundo 13/04/2011); “Destacan actitud de Rubén Costas” (El Deber 13-4-11); “Un milagro. Rubén Costas vuelve a nacer. El Gobernador sobrevive a un disparo en la cabeza” (El Deber 13-4-11); “A milímetros de encontrar la muerte” (El Deber 13-4-11). También se puso énfasis en los escasos resultados de la investigación convirtiéndose los medios en una presión para que la policía encontrara a los autores del hecho.
En las noticias sobre la Cumbre de Seguridad que se efectuó el 16 y 17 de junio de 2011, se dio énfasis a lo anecdótico, como se evidenció en estos titulares: “Presidente en contra de las telenovelas” (La Estrella 17-06-11); “Alcohol y telenovelas causan inseguridad” (El Día 17-06-11); “Revela que bebió durante varios días”  (El Deber 17-6-11);  “Películas y novelas son las causas de causas de crimen y divorcios” (El Mundo 17-06-11).  Otras noticias se enfocaron en mostrar las exposiciones de los problemas de la inseguridad y las propuestas que surgieron en la Cumbre de Seguridad Ciudadana.

Se  analizaron también los tipos de fuentes consultadas para hablar de Políticas de Seguridad Ciudadana y  las temáticas que se plantearon. Las fuentes más consultadas por los medios en temas de políticas de seguridad fueron el Gobierno Nacional y el Gobierno Departamental, que fueron dos primeras fuentes más consultadas. Los investigadores sociales fueron para El Deber su tercera fuente mas consultada; sin embargo, no fueron tomados en cuenta por los demás medios. El Comité Cívico Pro Santa Cruz fue la tercera fuente más consultada por el diario El Mundo. Las organizaciones de DD.HH., Policía y Autoridades Legislativas, fueron consultadas pocas veces. Fueron casi inexistentes las consultas a la sociedad civil.

Respecto a las propuestas de políticas de seguridad que se mencionaron en los diarios, la elaboración del un plan de seguridad fue la más mencionada; convocar a las instituciones que tienen que ver con tema de seguridad ciudadana y la creación políticas departamentales de seguridad ciudadana fueron respectivamente  la 2a y 3a propuesta más frecuente los diarios. Además hubo otras propuestas como cualificar y aumentar los oficiales y reformar la policía, educar a la gente, creación de una ley para regularizar la venta y consumo de alcohol, aumentar y mejorar las cárceles, crear Observatorio de Comportamientos Sociales, que se mencionaron pocas veces en la prensa.

Sobre el tema narcotráfico se podría afirmar que las noticias han puesto énfasis en la magnitud y crecimiento del narcotráfico en Santa Cruz, enfocándose en las cantidades de droga, fábricas, dinero incautado y detenidos.  Por otro lado, también se magnificó el delito afirmando que la seguridad del Estado está en peligro:“Carteles penetraron la seguridad del Estado”  (El Mundo 30-06-11); “El narcotráfico nuestro de cada día”  (El Día 17-7-11); “Millonarios y presos” (El Día 17-7-11). También fue muy frecuente encontrar una estereotipación negativa de nacionalidades y regiones, por ejemplo: “Sicarios peruanos y bolivianos ejecutaron a Baptista por deudas” (La Estrella 15-7-11); “Envían a Chonchocoro y a Palmasola a peruanos” (La Estrella 16-7-11); “Sicarios brasileños operan en Bolivia” (El Día 21/07/2011); “Peruanos son nuevamente llevados a audiencia” (El Mundo 17-07-11); “Hay muchos colombianos ligados al narcotráfico” (La Estrella 2-7-11); “Santa Cruz es catalogada zona roja del narcotráfico” (La Estrella 28-8-11); “…los pueblos de San Germán, San Carlos y Nuevo Horizonte son considerados la sede del narcotráfico” (El Día 17-7-11); “Yapaní: Megacentro del narcotráfico” (El Mundo 16-07-11).

En el caso del secuestro de Adriana Rivera Bravo, ocurrido en julio de 2011 cuando la víctima se encontraba en posesión de 10 mil dólares americanos, fue otro de los sucesos que tuvo bastante repercusión mediática. La víctima estuvo secuestrada por 4 días y finalmente pudo ser rescatada por la Policía y se aprendió a tres personas. En este caso, el énfasis de las noticias estuvo en la relación familiar que tiene el esposo de la víctima, Alfredo Von Borries, con el Dr. Jorge Von Borries, quien en ese entonces ejercía como Presidente de la Corte Suprema de Justicia. Repetidamente las notas sobre el tema mencionaron este parentesco: “Asalto y secuestro estremece a la familia Von Borries” (El Mundo 1-07-11); “No encuentran a la esposa de Von Borries” (El Día 3-7-11); “…Von Borries es sobrino del Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Von Borries y al momento del suceso su esposa tenía alrededor de 10 mil dólares”(La estrella 3-7-11). En este caso hubieron otros datos sorprendes como el hecho de que un ex teniente de Policía  y un  ex funcionario del Ministerio de Gobierno que pertenecieron a este despacho en el 2008, fueron detenidos como parte del grupo que secuestró a Adriana Ribera. Dos personas aprendidas por este caso también fueron acusadas de estar involucradas en el caso de intento de homicidio al abogado Denver Pedraza.

En el caso del intento de homicidio  contra el abogado Denver Pedraza, sucedido en julio del 2011 en las afueras del Palacio de Justicia de Santa Cruz cuando un sicario disparó nueve balazos contra el abogado, de los cuales dos proyectiles lograron impactarle en el cuerpo; los diarios La Estrella del Oriente y El Mundo destacaron el hecho de que haya salvado su vida por un celular: “Celular salva la vida del abogado Denver Pedraza” (El Mundo 19-07-2011); “Abogado baleado se salvó gracias a su celular”  (La Estrella del Oriente 19-07-2011). Por su lado, los diarios El Deber y El Día pusieron énfasis en la trayectoria  y desempeño profesional de la víctima: “Balean a polémico abogado” (El Día 19-07-2011); “Apoyado y resistido en su labor”  (El Deber 19-07-2011); “Balean a un abogado de casos de narcotráfico” (El Deber 19-07-2011). En este caso, también se acusó a un teniente de la Policía como autor intelectual del hecho.

El porqué y las causas de la violencia. Al igual que los demás tipos de noticia, la noticia sobre seguridad ciudadana, sigue una pauta orientada por las preguntas clásicas: ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? y ¿Por qué? Las noticias generalmente están compuestas por al menos tres de las cinco primeras preguntas; sin embargo, resolver la sexta, es decir, el por qué, las causas por las cuales ocurren los hechos de delitos y violencia, requiere de un análisis que conlleve investigación, profundidad, documentación y contextualización, que son otros de los estándares de calidad del periodismo propuestos por el ONADEM.
Problemas estructurales como la pobreza y desigualdad social  inciden en el incremento de los hechos delictivos; en este sentido, se analizó si en las noticias sobre inseguridad se explicaba también el contexto social y económico de los hechos. En los resultados, la gran mayoría de las notas no explican este contexto. Los diarios que tuvieron un mayor porcentaje de notas donde se explicaba el contexto fueron El Deber y El Día en el 10% y 18 % de sus notas, respectivamente. La Estrella del Oriente sólo lo hizo en el 1 % y El Mundo en el 3 % de sus notas. El estudio analizó también si en las notas periodísticas se mencionaban investigaciones sociales sobre inseguridad ciudadana, pero se evidenció que un muy bajo porcentaje de notas mencionaban investigaciones sobre este tema. La Estrella del Oriente lo hizo sólo en el 1% de sus notas, El Mundo en un 3% de sus notas; El Día y El Deber fueron los diarios que utilizaron más estos datos en el 8 % y 14 % de sus notas, respectivamente.

El patriarcado y la violencia de género. El patriarcado es el conjunto de creencias que suponen que los hombres son superiores a las mujeres y que por lo tanto pueden someterlas, maltratarlas, imponerles un tipo de conducta y un rol que cumplir en la sociedad, considerando incluso que el hombre tiene derecho de propiedad sobre las mujeres. La vigencia de este sistema de creencias es tan fuerte que incluso muchas mujeres lo comparten y aceptan vivir en una relación de opresión injusta y violenta que consideran “normal”. Los medios de comunicación, como productores de discursos que llegan a un público amplio, pueden contribuir a fomentar, mantener o desvirtuar este y otro tipo de creencias.

En este sentido, se analizó con qué enfoque se mostraban los delitos de violencia de género en los diarios.  En los resultados se vio que los diarios La Estrella del Oriente y El Deber en la mayoría de sus notas (87 % y 62 %, respectivamente) mostraron el hecho como un atentado contra los derechos de las mujeres. Por otro lado, en la mayoría de las notas de los diarios El Mundo y El Día (67 % y 100 %, respectivamente) se presentaron los hechos de violencia de género como un delito más de la sección de seguridad. Es decir, no hubo un análisis sobre la vulneración de los derechos de las mujeres como personas.

Por otro lado, en las notas sobre hechos de violación, trata y tráfico de personas se encontraron algunos errores, como por ejemplo llamar Prostitución Infantil a la Violencia Sexual Comercial o Explotación Sexual Infantil contra niños, niñas y adolescentes (7). La prostitución se concibe como una actividad que implica la compra y venta de servicios sexuales entre personas adultas y de manera voluntaria;  en el caso de los infantes no se trata de prostitución sino de actos de violencia y delito. Algunos de esos errores fueron los siguientes: Titular: “Banda que prostituía a menores hoy irá ante el juez” (El Mundo 1-07-11); Titular: “Una proxeneta cobraba hasta Bs. 2.000 para prostituir niñas” (El Deber 1-7-11); Titular: “Atrapan al "cliente fijo" que pagaba por las niñas para violarlas”. Texto: … “detención de las cuatro personas que serían parte de una red de prostitución infantil”. “Se montó otro operativo para dar con el cliente fijo en Santa Cruz” (La Estrella 01-07-11). En el caso de esta última noticia, no puede hablarse de “clientes” sino de violadores.

La falta de investigación, análisis y documentación sobre las causas estructurales y consecuencias probables de la violencia, provoca un deficiente o inexistente periodismo de investigación. El periodista se queda sólo con lo que dice la autoridad (fiscal o policía) y no recurre a otras fuentes que pueden enriquecer la nota. Hace falta el análisis de las causas estructurales y las posibles consecuencias de la violencia. En los medios se relata la violencia visible o violencia directa, pero no se hace una análisis de la violencia estructural proveniente de la desigualdad social, y la violencia cultural que proviene de creencias como el machismo, racismo, homofobia, entre otros. Tampoco se hace diferenciación entre los hechos delictivos y temáticas tan preocupantes como la violencia de género.

Si bien las características de la cobertura periodística a la inseguridad, mencionadas anteriormente, son las más frecuentes en las noticias, no quiere decir que no haya en los medios analizados buenas propuestas de periodismo de investigación con altos estándares de calidad. Ahora es tarea de los periodistas, de los medios, de las instituciones y la sociedad civil, apoyar estos esfuerzos dado que los medios como actores sociales pueden favorecer procesos de formación ciudadana, convivencia pacífica y seguridad ciudadana tanto a través del análisis y difusión de las causas estructurales como de la exploración de posibles soluciones.

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(1) Corresponsal del Observatorio Nacional de Medios (ONADEM)/Fundación UNIR Bolivia,  para trabajar en Santa Cruz y Tarija.
(2) Giró,  Martí Xavier. Los medios y la cobertura de la violencia ciudadana en Revista Lazos, Año 6, Nº 9, 32-39. La Paz, Fundación UNIR Bolivia: 2011, p. 32
(3) Bernardo Poma. Estándares de calidad en la autorregulación periodística boliviana en Medios a la Vista 2. La Paz, ONADEM-Fundación UNIR: 2011, p. 233.
(4) Rey, Germán. El cuerpo del delito. Representación y narrativas mediáticas de la seguridad ciudadana. Colombia, Centro de Competencia en Comunicación para América Latina: 2005, p. 33 www.c3fes.net.
(5) Organización de la Naciones Unidas. Declaración Universal de Derechos Humanos, Art. 11.1. 1948
(6) Dastres et al. La construcción de noticias sobre Seguridad Ciudadana en prensa escrita y televisión. ¿Posicionamiento, Distorsión o Comprensión?. Santiago, Universidad de Chile- Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana. 2005, p.12.
(7) Agencia Nacional de Noticias por los Derechos de la Infancia- Anni Bolivia. Manual de Tratamiento Periodístico de la Violencia Sexual Comercial. Bolivia. 2006 

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Pueden descargar el informe completo de la investigación aqui
Representaciones de la seguridad ciudadana en la prensa cruceña

Los aportes y desafíos de la radiodifusión en Santa Cruz

Cecilia Banegas Flores (1)

El 19 de marzo se celebra en Bolivia el Día del Radialista. La fecha fue instituida como el día de los trabajadores de la radio durante el Primer Encuentro Nacional de Radialistas, realizado en 1958, en la ciudad de Cochabamba, a sugerencia del periodista Mario Castro. Han pasado ya muchos años después de ese primer encuentro de radialistas y más tiempo aún desde que se instalara la primera radiodifusora en el país, Radio Nacional de Bolivia en 1929; sin embargo, el conocimiento pleno del mundo de la radio en las diferentes regiones del país es aún un tema pendiente.

Es por ello que en conmemoración al Día del Radialista, el Observatorio Nacional de Medios (ONADEM) de la Fundación UNIR Bolivia, la Federación de Trabajadores de la Prensa de Santa Cruz y Radio Santa Cruz, organizaron un conversatorio de análisis sobre los aportes y desafíos de la radiodifusión en Santa Cruz, que se realizó y difundió a través de Radio Santa Cruz, el pasado 19 de marzo. ¿Cuáles son los aportes de la radio a la democracia, a la educación y al desarrollo regional?, ¿cuáles son las problemáticas por las que atraviesa este medio? y ¿cuáles son los desafíos que aún faltan por vencer? fueron algunas de las interrogantes que se plantearon para analizar el rol que ha tenido la radiodifusión en nuestra sociedad. Para responder a estos cuestionamientos se invitó a un panel de expertos que aportaron mucho a la radiodifusión en Santa Cruz: los radialistas José Ros, Javier Velazco, Miriam Suárez, Carlos Salazar y la investigadora y Coordinadora General del ONADEM, Vania Sandoval.

El aporte de la radiodifusión
a la democracia en Bolivia

Para José Ros, ex director y fundador de Radio Santa Cruz, el aporte de la radio en la lucha por la democracia es incomparable en relación a otros medios de comunicación, puesto que la radio como ningún otro medio ha tenido una gran influencia en las luchas políticas, sobre todo en el mundo rural, donde tiene la capacidad de penetrar en las comunidades más alejadas.

“La función especial de la radio es penetrar donde no la quieran”, afirmó José Ros citando al periodista Julian Hale y su libro La radio como arma política. En este sentido relató que en 1984 llegó a Radio Santa Cruz desde Paraguay un disco longplay enviado por un grupo folklórico de cantautores contestatarios, que denunciaban la dictadura de Alfredo Stroessner. El disco llegó acompañado de una nota que decía; “este disco está prohibido en Paraguay no podemos difundirlo, pero aquí se escucha Radio Santa Cruz, pásenlo ustedes por favor”. Entonces este medio difundió el disco comprobando así que la radio penetraba incluso donde no la quisieran.

Adolf Hitler en su libro Mi lucha, afirmaba que “La radio es un arma terrible en manos de quienes sepan hacer uso de ella”. A esta frase José Ros agregó, que la radio ha aportado también con esa “arma terrible” a favor de la población, de la gente más desposeída, de los perseguidos, como ha sucedido en Bolivia en la época de dictadura y el aporte de las radios mineras.

Para José Ros el aporte que la radio ha hecho a la democracia en Bolivia podría medirse en dos sentidos; uno constructivo y otro crítico. En su sentido constructivo, este medio ha aportado muchísimo cumpliendo una labor educativa, informando a la población, puesto que “las personas si no estamos bien informadas y no conocemos nuestros derechos y lo que ocurre en el país, difícilmente contribuiremos al afianzamiento de la democracia”, afirmó.

El sentido crítico de la radio se refiere al uso del medio como instrumento de denuncia de aquellos hechos que se produzcan en contra de la participación de la ciudadanía y la democracia. Sobre este aspecto, José Ros afirmó que fue fundamental el aporte de las radios mineras, que denunciaron en 1967 la matanza de mineros en la llamada Masacre de San Juan por parte de militares bajo las órdenes del dictador Gral. René Barrientos. También reconoció el aporte de gente valerosa como Domitila Chungara y Luis Espinal, entre muchos otros, que con el apoyo de la radio denunciaron e iniciaron la huelga de hambre en 1977 logrando posteriormente el retorno de la democracia. Radios como Pio XII, La Voz del Minero y Fides fueron valientes emisoras que denunciaron la dictadura y los golpes de Estado, cumpliendo así con su papel de denuncia y promoviendo entre la gente los valores de la participación y la democracia.

En el Oriente del país las radios
también aportaron en las luchas políticas

Según el libro La Rebeldía de la Radio en Santa Cruz del periodista Hugo Salvatierra, la radiodifusión en Santa Cruz se inició el 7 de octubre de 1938, luego de la conclusión de la Guerra del Chaco, cuando el entonces presidente Germán Busch trajo un transmisor adquirido por el periodista Luis Canedo Reyes, quien instaló Radio Oriente. Salvatierra divide la historia de la radidifusión en Santa Cruz en tres épocas; la primera época la desarrollan emisoras como Oriente, Florida, Electra, Cultura y Popular. Radio Electra fue fundada en 1943 por Gustavo Urioste y fue la segunda radio en la región que transmitió señal hasta 1952 con un transmisor de 400 vatios de potencia, fabricado por él mismo.

La segunda época, es la llamada “época de oro”. En este periodo se crean las radios Grigotá, Rural, Santa Cruz, Amboró, Centenario, Piraí, Camba y Oriental. La tercera es la “época contemporánea” que se dio con el cambio de sistema de la mayoría de las radios que pasaron de Amplitud Modulada (AM) a Frecuencia Modulada (FM).

Según José Ros, Radio Rural fue una de las primeras radios en Santa Cruz que apoya el movimiento cívico en la década de los 50’s que exigía que el 11 % de las regalías petroleras de Santa Cruz se queden en este departamento. Radio Rural se convirtió luego en Radio Santa Cruz y posteriormente pasaría al Instituto Radiofónico Fe y Alegría (IRFA) en 1983. Un año más tarde en 1984, Radio Santa Cruz hizo la primera manifestación de apoyo a la población campesina, cuando en San Julián, a raíz de un bloqueo de carretera por parte de los campesinos, se dio un enfrentamiento entre éstos y empresarios madereros. Posteriormente en los años 90’s esta misma radio se manifestó en apoyo a las marchas indígenas que exigían el derecho a la tierra y el territorio. Entre otras radios que cumplieron la función crítica de denuncia, José Ros mencionó a Radio Marítima que en los años 70’s y bajo la dirección de Juan Francisco Flores, desempeñó este rol.

La radio como espacio de expresión
de las mujeres del pueblo

Miriam Suárez, directora de la Casa de la Mujer, incursionó en la radiodifusión dándole un enfoque de género y convirtiendo a la radio en un espacio para la voz de las mujeres. Suárez retornó al país en 1983, después de la dictadura militar y su participación como radialista empieza justamente en ese momento de transición política, época que ella describe como “el momento de oro para los movimientos sociales y los medios de comunicación que acompañaban el acontecer diario, las movilizaciones y expresiones de estos movimientos populares”.

Cuando Miriam Suárez inició su trabajo en Radio Santa Cruz, esta emisora convocó a un seminario interno que contó con la participación del gran radialista y educador popular José Ignacio López Vigil. En el encuentro López Vigil planteó la necesidad de hacer un programa de mujeres al cual llamaron “Mujeres del Pueblo”. “Las mujeres no son una población vulnerable y la etapa de la dictadura lo demostró ampliamente”, afirmó Miriam Suárez, reconociendo el protagonismo de mujeres como Domitila Barrios de Chungara que se convirtieron en la fuerza y cara pública de la resistencia al régimen autoritario.

Citando a José Ignacio López Vigil, Miram Suárez afirmó que “una voz de mujer seduce, cautiva pero a veces las mujeres solamente son las voces y pocas veces son las personas visibles que hacen la comunicación en la radio”. A partir de esas reflexiones en el programa “Mujeres del pueblo” se plantearon temas de debate como ¿Quiénes son las mujeres? ¿Qué hacen? Y ¿cuáles son sus preocupaciones?. Entonces se empezaron a mostrar los “otros” roles de la mujer, su capacidad transformadora y cuestionadora. Aparece así una nueva línea de trabajo que recogía y visibilizaba lo que hicieron las mujeres en toda esa etapa en la que los hombres estaban exiliados y clandestinos.

Suárez mencionó que a partir de entonces la radio se traslada a los barrios, donde estaba sucediendo un fenómeno extraordinario con la creación de organizaciones y centros de mujeres, donde se reflexionaba sobre la situación de las mujeres, lo cual se difundía a través de la radio. “Empezaron a crear toda una corriente, yo diría revolucionaria, que replanteaba la actitud, el protagonismo, el accionar de las mujeres en su casa, en el barrio, en todos los lugares”, afirmó.

Muchos proyectos sociales como la construcción del Hospital de San Basilio o el acompañamiento al proyecto de instalación de la primera bomba de agua en el Plan 3 Mil con la Cruz Roja Suiza, nacieron en Radio Santa Cruz. Así también La Casa de la Mujer surgió como resultado de una movilización social que se transmitía y alimentaba a través de la radio. Nació como respuesta a la necesidad de tener un centro donde las mujeres puedan llegar, puesto que era imposible estar en todos los barrios. Con el tiempo, “conscientes de que la comunicación era el principal vehículo que nos podía empoderar, comunicar y hacer escuchar otras voces, surge en el seno de la Casa de la Mujer, la Radio Alternativa”, relató Suárez.

La radio, el medio del área rural

Para Carlos Salazar, coordinador de la Red Amazónica Satelital, mientras no haya servicios de energía eléctrica y otros en las zonas rurales, la radio va a seguir siendo el medio de información y entretenimiento de estas comunidades. En Bolivia, muchas radios a través de la transmisión en Onda Corta, han logrado que la gente de las zonas rurales más alejadas pueda saber lo que está pasando en el mundo. Anteriormente radios como El Mundo, Amboró y Grigotá transmitían a través de este sistema; sin embargo, actualmente son pocas las radios que pueden hacerlo como radio Santa Cruz, FIDES, Panamericana, Illimani (ahora Patria Nueva), Juan XXIII y San Miguel, que siguen jugando ese papel de vincular a las comunidades rurales.

La Red Amazónica Satelital es en los últimos años uno de los grandes aportes en la historia de la radiodifusión en el país. Son más de 73 radios que están interconectadas con la finalidad de “ser un espacio para la construcción de ciudadanía y de desarrollo equitativo e integral en esta parte verde del país”, afirmó Salazar. También a nivel nacional la Red ERBOL (Educación Radiofónica de Bolivia) ha cumplido un rol importante al conectar en red a diversas radios comunitarias e instituciones educativas de diversas regiones del país.

La radio cumple un rol importante al ser el medio que ha tenido mayor alcance en las comunidades más remotas. Como afirmaba Vladimir Ilich Lenin, “la radio es un periódico sin papel y sin fronteras”, puesto que es un medio que no necesita ser impreso, que llega a regiones sin servicio de electrificación y logra que comunidades, donde hay personas que aún no saben leer, puedan informarse de lo que pasa en el país y en el mundo.

Bolivia es un país incomunicado

Vania Sandoval, Coordinadora General del ONADEM, afirmó que un diagnóstico realizado por este observatorio, dio como resultado que Bolivia es una sociedad incomunicada. La incomunicación entre el Estado y la sociedad civil se expresa en la fuerte conflictividad que ha caracterizado el desarrollo histórico y político boliviano. Tanto el Estado como la sociedad también están incomunicados internamente. Hay grupos sociales invisibilizados, como las mujeres, las personas con capacidades diferentes, gente de la tercera edad y los indígenas, quienes internamente tampoco se conocen entre oriente y occidente.

Según Sandoval, “los medios masivos han formado parte de esta incomunicación al presentar la información y a la sociedad de una manera fragmentada y no integradora, una sociedad dispersa, contrapuesta y con adversarios con quienes tendrían posiciones irreconciliables”. Al entenderse la interculturalidad como la meta de lograr una relación de equidad entre las culturas, se podría decir que aún ese objetivo no se ha alcanzado. Sin embargo, la radio es el medio que más ha aportado a la interculturalidad, la educación popular y la visibilización de grupos marginados; por ejemplo, no podría entenderse la comunicación en aymara en el mundo urbano sin el aporte de radios como San Gabriel, Pachamama y Huayna Tambo. Otro aporte importante en el periodismo intercultural es el de la Red ERBOL.

La crisis de la radio: “Al radialista se le pueden perdonar
todos los pecados, menos el pecado del aburrimiento”

La radio también atraviesa por problemas y entre ellos está la disminución de su audiencia que ha pasado a otros medios como la televisión. Javier Velazco, director del Instituto Radiofónico Fe y Alegría, citando a José Ignacio López Vigil afirmó que “al radialista se le pueden perdonar todos los pecados, menos el pecado del aburrimiento” y señaló que uno de los problemas de la radio es que cuando se pretende hacer análisis y reflexión se cae en el aburrimiento. Velazco afirmó que “el discurso aburre mientras que el relato nunca aburre”. En este sentido recomendó la utilización de otros formatos radiales con elementos de ficción como los relatos y radionovelas que han quedado ya en desuso.

Por su parte, el radialista Carlos Salazar, afirmó que está convencido de que la radiodifusión está en crisis y que los elementos que contribuyen a esta crisis son el abandono de géneros y formatos creativos, producciones con elementos de ficción que en otras épocas impactaron tanto. Salazar señaló que se ha limitado el trabajo a géneros y formatos simples, como leer noticias, reducir la participación del radialista al comentario y usar la música como un relleno de la programación. En este sentido, actualmente la radio se ha convertido en “una suma del informativismo más música”.

Por otro lado, Salazar señaló que otra causa de la crisis de la radio es la pérdida de talentos humanos que han pasado a la televisión. Actualmente la radio ya no atrae a los jóvenes y el 90 % de los estudiantes de comunicación quieren trabajar en televisión y cine. La radio se ha convertido en el espacio de la improvisación como actividad profesional, puesto que el 95% de las radios en Santa Cruz están conducidas por gente empírica. Además la radio es el medio que paga los salarios más bajos y quizás por eso se recurre a “jovencitos improvisados” para hacer radio, entonces esto se convierte en un círculo vicioso que va en detrimento de la calidad, afirmó.

Los desafíos de la radiodifusión

El sacerdote Javier Velazco, afirmó que existe una distinción entre dos grupos de radios: las que obedecen a la mentalidad empresarial cuyo objetivo es simplemente conseguir recursos económicos y las radios “que tienen algo que hacer en el mundo actual”. Estas últimas son emisoras que están insertas en una comunidad que tiene grandes desafíos, problemas y deficiencias a los que la radio debe prestar atención. Entre estos desafíos está el abordaje profundo de temáticas importantes que afectan al país, como la seguridad ciudadana, los conflictos sociales, las dificultades de la educación y la desigual distribución de la riqueza, dado que Bolivia es unos de los países más desiguales del mundo. Sin embargo, lamentó que cuando se consulta a la población en las encuestas sobre qué es lo que buscan en la radio, se establecen como prioridades la difusión de música y de información, mientras que el tema de la educación queda en 8º o 9º lugar.

Para Vania Sandoval, falta muchísimo por conocer sobre la radiodifusión en Bolivia. Afirma que en el país existen más de mil radios, muchas de las cuales funcionan en condiciones de infraestructura y de personal muy restringidas y no son “legales”; sin embargo, inciden en la vida política, social y local del país. La comunicadora mencionó que la radio tiene grandes desafíos, como el tema de la estabilidad y seguridad laboral, puesto que la radio es el medio que peor paga y las agresiones a periodistas de radio son las que no se esclarecen jamás. “Los radialistas son los menos protegidos de todo el periodismo y los que tienen las peores condiciones laborales. Estos periodistas llegan a poblaciones donde la justicia no llega; sin embargo, son los más expuestos”, afirmó.

Un desafío pendiente es el hacer un diagnóstico interno sobre lo qué significa la radiodifusión hoy, puesto que sus formas de funcionamiento, problemáticas y características en las diferentes regiones del país son un “misterio”. Otro desafío importante es el análisis de cómo se va a operativizar la nueva Ley de Telecomunicaciones, vigente desde agosto de 2011, que distribuye el espectro de frecuencias radioeléctricas de diferente manera para el gobierno, medios privados, radios comunitarias y radios indígenas campesinas. ¿Cómo se va a aplicar esta distribución? ¿Quién va a distribuir y controlar? ¿Qué pasará con las radios comerciales que no van a entrar ya en este espectro? ¿Cómo se otorgarán las licencias a las radios campesinas y comunitarias? Son cuestiones que Vania Sandoval considera deben analizarse y que deben estar contempladas en las propuestas de reglamentación. Finalmente, la comunicadora mencionó que un gran desafío es aprovechar las nuevas tecnologías incorporando la radio al mundo digital.

El conservatorio dejó claro que los aportes de la radio a la educación, las luchas sociales y la democracia han sido muchísimos. Sin embargo, quedan aún desafíos pendientes, entre ellos el brindar mejores condiciones laborales para los trabajadores de este medio, quienes llegan con sus mensajes donde nadie más lo hace.

[1] Corresponsal del Observatorio Nacional de Medios (ONADEM)/Fundación UNIR Bolivia,  para trabajar en Santa Cruz y Tarija.  cbanegas@unirbolivia.org

El DIC y las elecciones judiciales en los editoriales de la prensa boliviana

Bernardo Poma Ulo (1)

Una “oportunidad perdida” junto a una normativa que violó “la libertad de investigación, expresión, opinión e información” fueron los cuestionamientos más reiterados en las notas editoriales de la prensa boliviana sobre las elecciones para el Órgano Judicial de octubre pasado. Las posiciones editoriales de defensa, por su parte, afirmaron que las elecciones posibilitaban la “creación de una nueva justicia” en el marco de una preselección de candidatos “democrática y con transparencia”.

Esas posiciones, expresadas desde tres meses antes de la elección en 125 editoriales y 23 subeditoriales, entre mayo y junio de 2011, fueron sistematizadas por el Observatorio Nacional de Medios (ONADEM) a partir del monitoreo de 15 diarios nacionales representativos de todas las capitales departamentales del país más El Alto: La Razón, Cambio, Página Siete (La Paz), El Alteño (El Alto), Los Tiempos, Opinión (Cochabamba), El Deber, El Día, El Mundo (Santa Cruz), La Palabra del Beni (Trinidad), El Potosí, La Patria (Oruro), Nuevo Sur, El País (Tarija), Correo del Sur (Sucre).

Los cuestionamientos y dudas fueron asumidos por la mayoría de medios escritos privados, cuyo discurso editorial se articuló principalmente alrededor de la crítica a la legitimidad del proceso eleccionario. Por otro lado, el discurso de defensa y apoyo al proceso electoral se concentró en dos medios alineados con la posición gubernamental y con la legalidad formal —sobre todo— de los actos del poder legislativo.

En el discurso editorial de cuestionamiento, entonces, se lamentó la “oportunidad perdida” (El Potosí, Los Tiempos, Correo del Sur, Nuevo Sur, 08, 09/05/2011; 17, 18/07/2011) para establecer un Órgano Judicial “independiente”, sin “contaminación político-partidaria” y representativo de la ciudadanía. Pero además se reflexionó acerca de que los graves problemas de la justicia "no se resolverán teniendo a nuevas autoridades” (Página Siete, 07/07/2011), pues la “debacle” de la justicia en el país no sólo depende de la “probidad o la moral” de sus administradores, sino de factores estructurales como la “incapacidad física” de atender 350 mil causas o demandas con sólo mil jueces (Opinión, 31/05/2011).

Preselección, selección y elección de candidatos

En todo caso, la “oportunidad” se perdió, según el mismo campo discursivo, por la forma en que se llevó a cabo el proceso de preselección de candidatos: por un “interesante autoconvencimiento retórico” el Movimiento al Socialismo (MAS) logró mantener la atribución del sistema político -partidario para definir la composición del Órgano Judicial, pues la ciudadanía votaría sólo por quienes este partido decidió previamente (El Potosí, Los Tiempos, Correo del Sur, Nuevo Sur, 17, 18/07/2011), al aplicarse la “amplia mayoría oficialista” (La Palabra del Beni, 05/05/2011). El editorial de este diario beniano resumió con esta pregunta las dudas y cuestionamientos sobre el proceso: “¿Elegir entre elegidos?”.

El procedimiento de preselección de candidatos había derivado en “una plancha” confeccionada por la “élite” del partido oficialista (El Alteño, 15/07/2011), una vez que los legisladores del MAS “actuaron en función de una consigna… lo que no permitió ni siquiera poner en común los antecedentes, la preparación y el nivel intelectual de los candidatos" (El Día, 17/07/2011).

En este mismo campo discursivo, fueron anotadas las consecuencias negativas del proceso en general y de la preselección en particular: la consolidación del “paradigma presidencial que propone el quebrantamiento de leyes” (El Día, 26/05/2011). Por ello, se ponía en duda la legitimidad de los comicios electorales de octubre (El Ateño, 15/07/2011). Se señaló que "el voto ciudadano no es elector sino legitimador de lo que decide el sistema de partidos" (El Potosí, 24/07/2011, El Alteño, 25/07/2011), de tal forma que se consolidaba un “voto falso” (La Patria, 21/07/2011) o un "voto ciego", “sin opciones reales para la ciudadanía” (El Día, 28/07/2011).

Desde la línea editorial progubernamental de defensa y apoyo a las elecciones judiciales, se optó, en principio, por la reproducción discursiva (2)acerca de la legalidad formal del proceso, al recordar que la Carta Magna “manda” la elección de los magistrados mediante “sufragio universal” y “previa preselección” de la Asamblea Legislativa Plurinacional (Cambio, 20/05/2011). Se dejó sentado que el proceso era “democrático” y transparente (Cambio, 07/07/2011) y que la decisión estaba en “el pueblo” (20/05/2011). Se enfatizó, así, que el “primer órgano del Estado” (la Asamblea Legislativa) había cimentado un proceso para que “el pueblo” con su voto “elija” a las nuevas autoridades judiciales (Cambio, 17/07/2011).

Por consiguiente, las consecuencias, en este otro campo discursivo, fueron totalmente distintas, ya que se trataba de un “inédito proceso” (La Razón, 08/05/2011) que culminaría en la “creación de una nueva justicia en Bolivia” (La Razón, 13/06/2011). En suma se identificó el “fin supremo” de las elecciones: despolitizar y sepultar el cuoteo de la justicia y asumir la voluntad soberana del pueblo en las urnas (Cambio, 20/05/2011). Quienes cuestionaban las elecciones fueron identificados como la “oposición” que estaba en “intensa campaña de descrédito del proceso” (La Razón, 08/05/2011).

El DIC frente a la Ley 026

En relación a las restricciones al Derecho a la Información y la Comunicación (DIC) establecidas en la normativa electoral, desde las notas editoriales de defensa y apoyo se las justificó con el argumento de que ningún derecho es ilimitado y el ejercicio de la libertad de expresión “no es la excepción” (Cambio, 20/05/2011). Nuevamente estos argumentos de opinión se limitaron a reproducir la formalidad del discurso legal, en particular el artículo 82 de la Ley 26 del Régimen Electoral y sus prohibiciones expresas para realizar campaña o propaganda, emitir (los candidatos) opiniones a su favor o en contra de otros postulantes y conceder a entrevistas a los medios de comunicación (Cambio, 20/05/2011). Asimismo se advirtió con el mismo discurso a los medios que “bajo sanción y sin perjuicio de su responsabilidad penal, no podrán difundir documentos distintos a los producidos por el Órgano Electoral …” (Cambio, 20/05/2011).

En la misma línea de opinión editorial, se calificó positivamente el Reglamento de la Ley 026 como un documento que contenía las especificaciones “para garantizar la transparencia e idoneidad” de la elección y constituía “el marco para que los medios de comunicación informen sobre el avance del proceso” (La Razón, 06/07/2011). En ese sentido, se enfatizó que las disposiciones reglamentarias tenían que ver con “la vigencia de un principio elemental de la democracia”: la “igualdad de oportunidades”, lo que significaba una “idéntica cobertura y acceso a los medios de comunicación para todas y todos los candidatos…” (La Razón, 06/07/2011).

Por el contrario, los editoriales de cuestionamiento del proceso eleccionario señalaron que la Ley 026 violaba “la libertad de investigación, expresión, opinión e información”, dado que sólo el Órgano Electoral, “mayormente conformado con gente afín al MAS” podía difundir información sobre los postulantes (El Potosí, Los Tiempos, Nuevo Sur, Correo del Sur, 08 y 09/05/2011). Entonces, el primer ámbito de esa violación fue la Asamblea Legislativa, dado que “los nominados por los parlamentarios del MAS no podrán ser conocidos previamente … es algo que espanta” (El Deber, 08/05/2011). En suma, con “los dos tercios que controla el partido de gobierno” se perpetraba un “atropello” a “todos los indicios de democracia” (El Mundo, 16/05/2011).

En el mismo sentido, se cuestionó que la Ley impedía a los medios entrevistar a los candidatos, disposición calificada como “oscurantista” (Página Siete, 08/05/2011), dado que los medios, “al difundir amplia, libre, responsable y críticamente los méritos y deméritos de los candidatos”, podrían haber motivado en la ciudadanía acercarse a las urnas para “emitir un voto informado y consciente” (Página Siete, 10/05/2011). De manera específica, el Reglamento de la Ley 026 fue también descalificado como una “mordaza” (El Deber, 08/07/2011) que no sólo mantenía sino ahondaba la “censura” pues restringía “la libertad de expresión y de prensa al establecer prohibiciones a realizar entrevistas, propagandas y campañas publicitarias de los candidatos” (La Palabra del Beni, 11/07/2011). Con ello se quería evitar que “la prensa revele irregularidades y las debilidades de los candidatos” (La Patria, 24/07/2011).

Se había observado en la normativa electoral —incluso de manera antelada— “reglas absurdas que violan el derecho a la información de la ciudadanía" (El Día, 13/05/2011) y se demandó “una ley modificatoria que asegure transparencia y pluralidad en la delicada etapa de preselección de postulantes y que la tarea periodística no tenga limitaciones” (La Patria, 16/05/2011). Posteriormente, se reclamó nuevamente por “un reglamento que contribuya a la información", estableciendo la clara diferencia con la propaganda (Opinión, 07/07/2011).

Luego de un instante de complacencia entre los editoriales, cuando el Presidente Evo Morales solicitó al Órgano Electoral Plurinacional la modificación del artículo 82 de la Ley 026, el desencanto volvió a los diarios con las reformas validadas por la Asamblea Legislativa, pues se mantenía “el sesgo autoritario y discriminador”, como el de “prohibir a los postulantes emitir opinión a su favor o en contra de otros” y a los medios "generar espacios de opinión sobre los postulantes" (Reforma insuficiente, Los Tiempos, El Potosí, Correo del Sur, 29/05/2011).

En ese marco, se advirtió también que el electorado optaría por la abstención o el voto en blanco “como una forma de repudiar la imposición de candidatos” (El Mundo, 03/06/2011). Es más, se advirtió que “la suma de votos nulos, blancos y la abstención sería considerada como una muestra de rechazo al oficialismo" (Página Siete, 22/07/2011), con lo que se verificaría el temor de que esa sumatoria llegaría a ser mayor que los votos obtenidos por los candidatos (La Patria, 24/07/2011).

Así, cabe establecer que las posiciones editoriales formaron parte de la discursividad social que polarizó la opinión pública boliviana. En efecto, los cuestionamientos a las elecciones fueron asumidas expresamente por los gremios periodísticos y empresariales (Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, Asociación Nacional de la Prensa, Asociación Boliviana de Radiodifusión y Asociación de Periodistas de La Paz), así como por los partidos de oposición. Por su parte, la defensa y apoyo a los comicios estuvo respaldada por el discurso oficial de las autoridades del poder político y electoral.

Dado que los campos discursivos opuestos aquí presentados se articularon respectivamente alrededor de la legalidad o la legitimidad de las elecciones judiciales, es recomendable que toda política gubernamental o gestión legislativa se apoye en ambos elementos que hacen a la institucionalidad democrática. Los resultados electorales, verificados en octubre de 2011, con la votación nula más alta en la historia de Bolivia (3)debieran ser leídos de esa manera por las autoridades de todos los niveles del Estado para no caer en el error de sobreponer unos derechos ciudadanos, como el voto, sobre otros, como el de la información y la comunicación.

[1] Responsable metodológico operativo del Observatorio Nacional de Medios de la Fundación UNIR Bolivia.
[2] La reproducción es una función discursiva del editorial de prensa por la que “se limita a repetir, a veces con la misma terminología, los criterios de algún sector de opinión con el que el medio se identifica” (Torrico, Erick. El discurso editorial de la prensa Torrico. La  Paz, CIBEC: 1996, p. 21).
(3)A partir de los informes oficiales, en el conteo general, los votos nulos sobrepasaron el 42% y los votos blancos superaron el 15%. En: http://reyquibolivia.blogspot.com/2011/10/resultados-oficiales-elecciones.html y http://www.cambio.bo/noticia.php?fecha=2011-11-11&idn=58221

Medios a la vista 2: Para problematizar el periodismo

Erick R. Torrico Villanueva

El Derecho a la Información y la Comunicación (DIC), la calidad de la información periodística y la reorganización política del campo mediático boliviano son las tres grandes áreas temáticas que problematiza el libro Medios a la Vista 2 recientemente publicado por el Observatorio Nacional de Medios (ONADEM) de la Fundación UNIR Bolivia.

Se trata de un volumen que compila 25 estudios y documentos elaborados entre los años 2009 y 2011, los cuales dan cuenta del polémico proceso de regulación de diferentes aspectos del ámbito informativo-comunicacional que tuvo lugar en ese lapso, de las posiciones institucionales adoptadas por UNIR al respecto y de los planteamientos que efectuó en pro de los principios, las libertades y responsabilidades del DIC. Los materiales también analizan desde una perspectiva técnico-profesional el comportamiento de los medios noticiosos impresos, radiofónicos y televisivos en la cobertura informativa y de opinión de distintos momentos de la conflictividad vivida en el país durante ese trienio, además de que examinan la manera en que el escenario, los actores y las tendencias de los medios masivos en Bolivia se vienen reconfigurando en los últimos años.

El primer eje de la reflexión remite a la necesidad de que se lleve adelante un debate amplio y plural en torno a la concepción, los contenidos y los alcances DIC, un derecho que está garantizado por la Constitución Política del Estado desde febrero de 2009 pero que, aparte de ser muy poco conocido, no sólo que es reducido en su entendimiento y en su aplicación práctica a las prerrogativas del periodismo —el propio texto constitucional presenta esas limitaciones—, sino que ha resultado afectado en grados variables por leyes y reglamentos que fueron puestos en vigencia a partir de mediados de 2010.

De lo anterior, con lo expuesto en el libro, es posible extraer varias consecuencias inmediatas: tiene que aclararse doctrinal, conceptual y legalmente el sentido del DIC; hay que difundir entre toda la población que éste está en pleno vigor;el Estado está obligado a asegurar el cumplimiento de este derecho en todos los planos y a evitar toda decisión o acción que lo vulnere; debe involucrarse al conjunto de la ciudadanía en la exigibilidad y el ejercicio del mismo; se requiere impulsar la comunicación democrática intercultural; es preciso promover la discusión sobre la complementariedad probable entre autorregulación periodística y regulación comunicacionaly hace falta que todas las personas, en su condición de titulares del DIC,asuman un papel activo sobre el particular.

En el segundo caso, la calidad de la información noticiosa y de sus subproductos, la opinión y la interpretación periodísticas, es un factor del profesionalismo, la credibilidad e incluso el rating que ha sido introducido por el ONADEM en la agenda de los medios y de las carreras universitarias del sector al menos desde 2006 a fin de que se lo tome en consideración de modo permanente en el trabajo diario y en la formación de los nuevos cuadros profesionales. Guarda relación con la comprensión de la información periodística como un bien público y de los medios informativos como organizaciones estatales, privadas, institucionales, no gubernamentales o comunitarias que tienen como finalidad básica ofrecer un servicio de interés público.

Para alcanzar sus propósitos, la información de calidad tiene que sujetarse a un mínimo de estándares técnicos de la profesión periodística que, a su vez, implican conductas éticas de las fuentes, los anunciantes, los responsables de medios y los periodistas en la provisión, obtención, procesamiento y publicación de los datos sobre los hechos y las declaraciones que revisten utilidad para los lectores, oyentes, espectadores e internautas.

Esa calidad se hace perceptible tanto en los criterios de selección de los asuntos que son objeto de atención para los medios como en el rigor, el balance, la profundidad o la estética de los mensajes que éstos difunden acerca de ellos, pero de igual forma en los enfoques usados para abordarlos y en los estilos aplicados para su presentación a los públicos. La confianza que pueda merecer un medio depende, en gran medida, de la calidad de su trabajo, al mismo tiempo que del contexto en que éste se desarrolle: vigencia plena de libertades en la sociedad, condiciones laborales apropiadas, preparación profesional pertinente, etc.

Medios a la Vista 2 muestra, en esa dirección y basado en investigaciones empíricas, que el periodismo boliviano continúa registrando falencias, desequilibrios e insuficiencias, que ha estado inmerso en un clima de inseguridad e incertidumbre, que requiere una reconducción en la capacitación universitaria de sus generaciones de reemplazoy que, entre otras facetas, debe aprovechar mejor sus potencialidades.

Finalmente, el libro brinda un sucinto repaso al acontecer nacional del último quinquenio con un vistazo igualmente rápido a los antecedentes de la recuperación democrática en el país y formula la hipótesis de que el campo mediático boliviano está siendo reconfigurado desde el influjo proveniente de la política. Dicho campo es entendido como el conjunto de procesos de comunicación masiva que incluye a los medios impresos, radiofónicos, televisivos y a los sitios electrónicos autónomos o vinculados con aquéllos que difunden contenidos noticiosos, de entretenimiento, publicidad y propaganda.

Lo señalado significa que, a diferencia de lo que ocurrió a mediados de la década de 1980, cuando fue la economía de libre mercado la que reorganizó el sistema de medios nutriéndolo de la lógica de la competencia comercial, hoy este mundo —en realidad, a partir del año 2006— está siendo recompuesto en función de definiciones políticas surgidas ante todo de la iniciativa gubernamentalreordenadora, las cuales están alimentándolo de otra lógica, la de la confrontación por el poder.

Gracias a esta situación se hacen evidentes dos hechos relevantes no siempre apreciados: 1) la información y la comunicación son un asunto central de la vida pública, y 2) los medios periodísticos son actores cada vez más importantes de esa vida. Esto convierte a las primeras en un sector estratégico y separa a los segundos de la vieja retórica que los consideraba apenas como “mensajeros” o simples “mecanismos de reflejo de la realidad”.

Así, la reconfiguración del campo mediático en curso puede hacer posible una cierta contextualización de las pugnas y negociaciones que están dándose en el país en torno al DIC sin que todavía se hubiera producido un debate suficiente y puede, asimismo, facilitar algunas líneas de explicación para las asignaturas pendientes de la calidad del periodismo.

Medios a la Vista 2, aparte de documentar varias circunstancias en que el DIC, la calidad noticiosa y las fricciones entre autoridades de gobierno y medios privados estuvieron en el centro de la escena informativa y política durante el trienio 2009-2011, aporta una serie de análisis, de datos, elementos reflexivos y tomas de posición principistas que se orientan a motivar el interés por un mejor conocimiento ciudadano de estos temas que, por su naturaleza y derivaciones, debieran preocupara sectores más extendidos que los especializados.

Los medios y el periodismo, antes que ser calificados como un “problema”, tienen que ser asumidos como objeto de problematización en el marco mayor de la dinámica social que, como es sabido, ya no resulta concebible sin ellos.