7 de enero de 2010

La Información y la Comunicación como derechos fundamentales en la transición política boliviana

Erick R. Torrico Villanueva


El hecho de que, por una parte, el periodismo boliviano esté hoy enfrentado a cuestionamientos que proceden tanto del gobierno como de sectores de la ciudadanía —aunque las razones y las argumentaciones de tales ámbitos no siempre resulten coincidentes— y, por otra, de que luego de conocidos los resultados electorales deba confrontar también el reto de asumir en el corto plazo alguna fórmula de superación del dilema entre ética y legalidad, convoca a la necesidad de discutir la cuestión de los alcances y la vigencia de los derechos fundamentales en materia de pensamiento, expresión, prensa, información y comunicación.

Esas prerrogativas que junto a otras poseen todas las personas frente al Estado y frente a sus semejantes para poder ser y para poder crecer humanamente sin perjudicar al resto, son derechos que al estar formalizados en la norma constitucional garantizan la vida digna, en libertad, con igualdad, justicia y solidaridad para todos los miembros de la comunidad. No obstante, las circunstancias de la transición política que vive el país demandan para el pleno vigor de esos derechos —y de sus consiguientes obligaciones— que la reflexión, el debate, las posiciones, las decisiones y las acciones sobre el particular, en los poderes públicos y en la sociedad, estén a la altura de la construcción democrática deseable.

Y qué mejor ocasión para estimular un arranque de este análisis que la fecha en que se celebra un nuevo aniversario de la aprobación, en 1948, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, documento insoslayable y referencial cuyo Artículo 19 señala textualmente que “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

No se trata, sin embargo, de pretender que esta exposición introductoria defina ejes temáticos, proponga líneas de interpretación ni trace rumbos concretos para las tareas anunciadas. El único objetivo que se persigue con lo que será desarrollado a continuación es que los interesados en la deliberación tomen en cuenta como insumos algunas apreciaciones cuya pertinencia, por lo demás, dependerá de la consideración que lleguen a merecer.

En ese sentido y dentro de esos límites se ofrecerá, primero, una síntesis no exhaustiva de hechos y situaciones concernientes al periodismo y a los derechos ya señalados para luego plantear unas pocas pistas respecto de la dinámica que probablemente caracterizará el escenario político e informativo-comunicacional nacional tras las elecciones del pasado domingo.

Durante el período que va de la posesión presidencial de enero de 2006 a la actualidad se ha venido registrando un proceso de reconfiguración del espacio y el sistema mediáticos en torno a definiciones provenientes del campo político y estrechamente vinculadas con la situación polarizada que ha sido el núcleo de la conflictividad reciente. Esa confrontación, que se explica por la pugna existente entre al menos dos proyectos de poder, se extendió al plano de la comunicación masiva y quedó expresada en una relación de periódicas fricciones entre el gobierno y buena parte de los medios privados, en particular de aquellos que pueden ser considerados “grandes”. Paradójicamente, la inversión propagandística gubernamental en los medios comerciales, sobre todo en la televisión, se mantuvo en ascenso.

La política oficial que entendió a los privados como “adversarios” indujo un uso tendencialmente propagandístico de los medios a cargo del gobierno y avivó en la prensa, la radio y la televisión privadas un comportamiento tendencialmente alejado de la práctica pluralista. Esa politización más o menos abierta de los contenidos de información y opinión —que ya se venía explicitando siquiera desde el año 2000— fue acompañada por un resurgimiento de la improvisación profesional, por el frecuente recurso al sensacionalismo y por una complementaria modalidad de “farandulización” de los temas y los enfoques noticiosos. En general, entonces, entraron en cuestión la calidad de las informaciones y la confianza ciudadana en medios y periodistas, al tiempo que los públicos se fragmentaron ya no en función de intereses y preferencias como usuarios mediáticos sino más bien de afinidades ideológico-políticas y de pertenencias regionales o identificaciones socioculturales mostradas como antagónicas.

Todo ello incrementó la ubicación de los medios y el periodismo como tema relevante de la agenda pública. Surgió la observación mediática productora de evidencias y reflexiones sobre el desempeño de los medios a la par que emergieron diversas fuentes de críticas y demandas sociales hacia el mundo mediático. Casi no queda duda respecto a que la televisión ha sido el “lugar” donde hubo más violaciones a los derechos ciudadanos —por ejemplo mediante la “invención” de noticias, el sesgo informativo evidente, la invasión de la privacidad, el abuso de la imagen de niños o adolescentes, la exposición morbosa de escenas de accidentes, peleas, muertes y sexo, la utilización de lenguaje soez o la difusión pública de mensajes telefónicos íntimos—, aunque ha sido ahí mismo, en la TV, donde se han presentado, aproximadamente desde hace un año, algunas experiencias destinadas a posibilitar el debate plural y equilibrado sobre asuntos políticos. Pero asimismo la televisión, pese a que esto todavía no ha sido objeto de análisis detenido, se convirtió en protagonista de la política cuando una red privada fungió como propiciadora de la conformación y posterior promoción de la principal candidatura de oposición para las elecciones que acaban de efectuarse.

Cabe señalar que en el lapso que aquí se repasa también la autocrítica y la preocupación por la autorregulación fueron una constante en varias de las organizaciones sindicales, académicas y empresariales del periodismo, con notoria ausencia de los representantes de los medios televisivos. No obstante, estas organizaciones muestran aún una insuficiente coordinación intersectorial —lo que, entre otros momentos, se vio durante los esfuerzos para formular propuestas a la Asamblea Constituyente— así como una limitada capacidad de interlocución con la ciudadanía y el gobierno. La impune multiplicación de las censurables agresiones contra periodistas, camarógrafos, fotógrafos o presentadores de noticias, al igual que contra instalaciones o vehículos de medios, sean privados o gubernamentales, refleja no sólo los alcances de la polarización sino igualmente una situación de pérdida de respeto y molestia ciudadana con relación a la manera en que los medios cumplen sus labores, sentimientos que hasta ahora no parecen haber encontrado un cauce institucional para manifestarse y lograr eco.

La creación de un código de ética y la reciente conformación de un tribunal ético de la Asociación Nacional de la Prensa junto al empeño multisectorial para conformar, en un tercer intento, el Consejo Nacional de Ética Periodística que ya aprobó un código nacional de ética y se apresta a constituir un tribunal ético nacional, son respuestas concretas a parte de las circunstancias descritas, las cuales de todos modos requieren dar claras señales de su aplicación y eficacia para contribuir al reposicionamiento positivo del periodismo y su papel en la percepción colectiva. A dichas respuestas se suman iniciativas como las que lleva adelante la Fundación UNIR Bolivia con el Observatorio Nacional de Medios, el Fondo Concursable de Periodismo de Investigación y la Agenda Ciudadana, orientadas todas a cualificar el trabajo noticioso, mejorar la formación del personal periodístico y alentar la valoración pública de la labor informativa.

En relación a estos temas y más allá de las reiteradas reclamaciones así como de las poco pertinentes recriminaciones presidenciales a medios y periodistas, desde el campo oficial se ha constitucionalizado el derecho a la comunicación y a la información (Cap. 7º, artículos 106 y 107), se ha actualizado la posibilidad de que los periodistas publiquen una “columna sindical” en los medios en que trabajan (D.S. 0136 de 20/05/’09) y se ha presentado un anteproyecto de ley para prohibir “la promoción del proxenetismo, la prostitución y la pornografía por cualquier medio de comunicación y difusión”. Entretanto, se mantiene pendiente el anteproyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Como es dable deducir de lo presentado en este esquemático vistazo a lo sucedido en los últimos 46 meses, están modificándose el contexto y determinadas “reglas de juego” para el desempeño mediático a la vez que el ejercicio del periodismo se ha visto enfrentado a un período de relativa inseguridad que incluye la precarización de las condiciones laborales en muchos medios, sobre todo en aquellos de menor alcance o en los que prevalece la denominada “producción independiente”. Esto hace, en conjunto, que los derechos fundamentales en materia de información y comunicación vuelvan a cobrar vigencia como un asunto de interés público.

Además, la importancia de esta temática se hace más enfática en el marco del escenario pos-electoral que es posible perfilar luego de las votaciones del domingo anterior. Si bien lo que se anota seguidamente es apenas un punteo tentativo de rasgos que la política y lo comunicacional pueden adquirir en el próximo futuro en el país, tiene sentido hacer el ejercicio de pensar esos rumbos probables.

Los resultados electorales han confirmado la constitución de un actor con potencialidad hegemónica (el Movimiento al Socialismo, MAS) y de un modelo de país y Estado de al menos mediano plazo que están prefigurados en la nueva Carta Magna. De ello, entre otras, se derivan dos consecuencias inmediatas: i) la intensificación de la contienda político-regional por el control de los espacios de poder departamental y municipal, último reducto probable para la oposición, en los comicios de 2010, y ii) la apertura de un amplio margen de actuación para la redefinición institucional desde la perspectiva del oficialismo.

Lo que se tendrá en este segundo caso es el inminente comienzo de un proceso de elaboración de leyes y normas reglamentarias con la priorización del tratamiento de aquellas relativas a ámbitos estratégicos, entre ellos el de la comunicación y la información, tal como lo tiene puntualizado el programa de gobierno con que el MAS se postuló a las elecciones de hace cuatro días. Ese proceso que se desarrollará ante todo en el espacio legislativo será el nuevo campo de la disputa y la confrontación políticas en torno al control de recursos y las cuestiones de los derechos humanos.

Si se toma en cuenta que la oposición que llegará a la Asamblea Legislativa Plurinacional será reducida en número, débil en representatividad y poco estructurada en su proyecto, su accionar será escasamente propositivo y tenderá a basarse en la descalificación y la obstaculización de las propuestas y medidas oficialistas. Ante esa incapacidad, podrán surgir algunos movimientos ciudadanos dirigidos a suplantar a la oposición tanto como a promover lineamientos para el debate legislativo o, desde otra perspectiva a ofrecer resistencia a las iniciativas gubernamentales. Esta última opción implicaría, además, que se produzcan enfrentamientos por fuera de la Asamblea entre sectores y agrupaciones sociales afines al gobierno y otros de oposición civil. La conflictividad estará así ligada a la reorganización del Estado, a la puesta en vigor de la nueva Constitución y a las formas de proceder que adopten el órgano ejecutivo y la mayoría legislativa oficialista.

En lo directamente relacionado con el tema de los derechos que acá interesa resaltar, la victoria electoral del MAS alentará el potenciamiento de la visión y las definiciones estratégicas gubernamentales en materia de medios al igual que afianzará las posiciones pro-oficialistas de aquellos medios que simpatizan con las políticas del poder ejecutivo. En contrapartida, unos pocos de los medios privados que se distinguieron hasta ahora por sus posiciones y discursos contestatarios se ratificarán en esa índole mientras que otro bloque, presumiblemente mayor, buscará su reacomodo en una suerte de “centro democrático”.

A partir del recuento efectuado sobre lo que viene aconteciendo y de una preliminar aproximación a los datos arrojados por las urnas el pasado domingo debiera hacerse el intento de explotar la reinstitucionalización que empezará en breve como un horizonte en que será indispensable equilibrar oportunidades y riesgos en pro del bien común. Para eso, aparte de la preparación necesaria, el diálogo y los acuerdos deseables, habrá que recordar no sólo que los medios representan uno de los principales vínculos de los ciudadanos con lo público sino, igualmente, que esos ciudadanos son el Estado y no pueden quedar al margen de las decisiones que les atinjan.

El pensamiento y la palabra son inescindibles de la condición humana, la información es un bien público, la comunicación es un acto dignificante y el trabajo mediático es un servicio de interés público; de ahí que las libertades para ejercerlos figuren entre los derechos democráticos fundamentales y competan a todos. En términos generales, ello supone la plena vigencia de las garantías constitucionales y, en lo concreto, que haya democracia para los medios, en los medios y desde los medios.

La Paz, diciembre 10 de 2009

etv/.

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