29 de agosto de 2012

La violencia ligada a las protestas sociales incide directamente en el trabajo periodístico

Informe Semestral de Agresiones a Periodistas en Bolivia http://es.scribd.com/doc/104455474/Informe-Semestral-de-Agresiones-a-Periodistas-en-Bolivia

Informe ONADEM/ UNIR de agresiones a periodistas y medios: Primer semestre 2012

El primer semestre del 2012 las medidas de protesta de sectores sociales fueron los principales escenarios de ataques y hechos violentos contra periodistas y medios de comunicación en Bolivia.

El conflicto por la proyectada carretera que cruzaría el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) entre los indígenas agrupados en la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) que se oponen a su construcción y el gobierno nacional y sus aliados, las movilizaciones de los trabajadores en salud en protesta por un decreto gubernamental que incrementaba las horas de trabajo para el sector, las medidas de presión realizadas en la mina de Colquiri que enfrentaron a trabajadores asalariados con cooperativistas y las pugnas municipales en Yapacaní que ocasionaron tres muertos, fueron los temas que determinaron los mayores casos de agresiones a periodistas. Los policías ocuparon el primer lugar como agresores de los trabajadores de la prensa.

Abril y mayo fueron los meses que registraron el mayor número de acciones de protesta en el primer semestre del año; por ese motivo, en esos meses crecieron las agresiones a periodistas que cubrían las mismas. Consideramos “sucesos” a hechos de agresión (como un enfrentamiento en una ciudad durante una movilización donde hubo heridos), que pueden implicar personas o medios atacados.


Cuatro radios locales obligadas a suspender transmisiones

Cuatro radios locales fueron violentadas y obligadas a suspender sus transmisiones momentáneamente en el primer semestre del año. El 22 de abril, en la localidad de San Ignacio de Moxos (Beni), dirigentes de organizaciones que se oponían a las demandas de la CIDOB agredieron a la radioemisora comunitaria Arrairu Sache; irrumpieron con violencia en plena transmisión, causaron destrozos en los equipos y agredieron tanto al director como al locutor del medio, (1) de acuerdo a la denuncia realizada. Los atacantes justificaron su acción argumentando que era inaceptable la difusión de la resolución de convocatoria a la IX marcha indígena precisamente en defensa del TIPNIS.

En Oruro el mes de junio se agredió a tres radioemisoras comunitarias. El 14 de dicho mes, grupos de mineros confrontados obligaron a suspender la transmisión de las radios Vanguardia (de los mineros asalariados) y Cumbre (de los cooperativistas) mediante un ataque con explosivos. Cada grupo tenía intereses contrapuestos y estaba protagonizando medidas de hecho que incluían la “toma” de la mina Colquiri en la población del mismo  nombre. Es decir, tanto los asalariados como los cooperativistas atacaron a la radioemisora del otro sector (2).

El 26 de junio, otra radioemisora comunitaria en Oruro recibió un ataque con dinamita durante el “motín policial”, movilización en la que policías en varias ciudades paralizaron labores y protagonizaron marchas en demanda de un aumento salarial. El gerente de la agredida Radioemisoras Bolivia, Félix Condori, denunció que recibieron llamadas telefónicas amenazadoras que criticaban sus informes. Si bien no se registraron daños a personas en la explosión ocurrida a las 4:30 de la madrugada, el impacto dañó la antena y otros equipos con un valor de al menos cuatro mil dólares.

Periodistas de televisión, más vulnerables
Justamente, por la posibilidad de obtener imágenes de situaciones y protagonistas de enfrentamientos violentos que tienen los periodistas de televisión, ellos resultan los más agredidos:

En la relación varones/ mujeres, más agredidos resultaron los primeros, presumiblemente porque en su mayoría son quienes portan las cámaras y con ellas buscan obtener imágenes de las movilizaciones:



Los tipos de agresión, desglosados:


Los ataques violentos –que incluyeron agresiones físicas, como golpes y pedradas– fueron, junto al entorpecimiento del trabajo periodístico, las formas más denunciadas de agresión a periodistas; aunque decrecieron en cuanto a número en comparación al año pasado, como puede evidenciarse en el Gráfico 4. Este tipo de ataques generalmente están ligados a impedir la obtención periodística de imágenes de las movilizaciones, que puedan mostrar a los protagonistas de las medidas de presión; en varios casos se trató de ejercer violencia física como una advertencia respecto a la realización de una cobertura informativa que se consideraba parcializada. El entorpecimiento del trabajo periodístico, que implica impedir a los periodistas realizar coberturas, fue bastante común en el primer semestre del 2012, como lo refleja el Gráfico 4. Estas acciones fueron ejercidas por miembros del poder judicial y personal de seguridad que trabaja con el gobierno. Por ejemplo, una denuncia señala que el 8 de mayo, en la ciudad de Sucre, el juez de Instrucción Segundo en lo Penal, Oswaldo Aguilar, mandó a cerrar las puestas de la Fiscalía impidiendo el ingreso de periodistas a la sesión dónde se juzgaba al universitario Víctor Samos, por presunta implicación en un atentado con dinamita al edificio de la Gobernación chuquisaqueña (3).

Dentro de las agresiones a periodistas en el pasado semestre también se registraron amenazas. El periodista Marcelo Tedesqui, del periódico Página Siete, denunció haber sido amenazado a través de llamadas telefónicas anónimas, luego de la publicación de notas periodísticas que develaron el ingreso irregular de 54 cadetes a la Academia Nacional de Policía de Bolivia (ANAPOL), institución de formación para la que existe una gran demanda para el ingreso de jóvenes que deben pasar por un proceso de selección.

Tedesqui indicó que la persona que hizo las llamadas conoce los nombres, profesiones y rutina sus familiares. El periodista fue agredido por padres de algunos cadetes observados. A la vez, el ex comandante general de la Policía, Jorge Santisteban, justamente removido del cargo a raíz de este escándalo de corrupción para ser investigado denunció ante la Asociación de Periodistas de La Paz al mencionado periodista, acusándolo de una presunta extorsión para impedir la publicación de la información que denunciaba las irregularidades en la ANAPOL, situación que fue desmentida públicamente por Tedesqui (4).

 La policía tiene el mayor número de denuncias por agresión:



Los efectivos del orden protagonizaron las mayores arremetidas contra los periodistas durante este primer semestre.

Las mayores agresiones a periodistas se produjeron durante la cobertura informativa de medidas de protesta como marchas y bloqueos a los que la policía acudió a dispersar. El 11 de enero pobladores de Yapacaní (Santa Cruz), opositores al entonces alcalde David Carvajal, en un cabildo abierto determinaron destituirlo, para lo cual organizaron una movilización en las calles; la policía intentó disipar a los manifestantes con gases lacrimógenos y violencia física; cuatro periodistas de distintos medios resultaron golpeados mientras cubrían esta información: los camarógrafos Jorge Córdova y José Daza, los radialistas Fanor Villarroel y Yonsy Aliaga de Radio Ichilo-Erbol. Aliaga declaró "Nos patearon en el piso, a mi compañero de trabajo le quitaron su cámara, a mí me quisieron también quitar el celular a través del cual mandaba el despacho a Erbol; incluso nos detuvieron por algún momento” (5).

En La Paz el 16 de mayo estudiantes de medicina protestaron con marchas y bloqueos en inmediaciones de la plaza del Estudiante; la policía intentó dispersar la movilización y esta acción derivó en enfrentamiento, en medio del cual se reportaron agresiones a periodistas por parte de policías y universitarios. Por ejemplo, el corresponsal y camarógrafo de la cadena internacional CNN, Cristian Rosendi, fue herido en el rostro; el fotógrafo Gastón Brito fue impactado en la pierna derecha por unas canicas que le causaron una herida; y la periodista Carolina Ulloa, de la red Unitel, se desmayó a causa de la inhalación de gas lacrimógeno (6).

El 10 de marzo en la localidad de Coroico (La Paz) periodistas de Erbol y El Deber fueron agredidos por policías, quienes les decomisaron grabadora y libreta de anotaciones, limitando su trabajo de cobertura informativa de la reunión de gabinete ministerial que se realizaba en esa población, según denunció el periodista Marco Chuquimia (7).
 
El primer semestre del año 2012 continuaron las agresiones verbales de algunas autoridades contra periodistas tal como se habían registrado los últimos años. El 13 de mayo el presidente Evo Morales le dijo a un periodista de Erbol “Usted parece el senador Pinto, mi opositor, compañero periodista, ¿o viene recomendado?, ¿Alguien te está dictando atrás las preguntas, dime a ver? ¿Cómo se llama usted? Ah nos conocemos pues, razón nomás las preguntas” (8).

El 18 de marzo el alcalde cruceño Percy Fernández acusó a los periodistas de “inventarse noticias” sobre la saturación de pacientes en los hospitales públicos para desprestigiar su gestión administrativa. Pocos días después, el 30 del mismo mes llamó a los periodistas “pandilleros”(9). El burgomaestre enfrenta una querella por discriminación y racismo, interpuesta por el periodista de Televisión Universitaria Milton Montero la primera semana de enero con el apoyo de la Federación de Trabajadores de la Prensa de Santa Cruz (FSTPSC) y la Confederación de Trabajadores de la Prensa de Bolivia (CSTPB), luego de que sufriera una agresión verbal durante una conferencia de prensa realizada los últimos días del año pasado.

 
Los periodistas expuestos a la inseguridad ciudadana

Tres periodistas fueron asesinados por delincuentes en El Alto y La Paz en el primer semestre del año, causando gran consternación dentro de la sociedad boliviana. Si bien en estos casos no se puede hablar de una intencionalidad ligada al oficio, como en los otros mencionados, se los considera casos de agresión por su relación con las condiciones laborales.

El 25 de febrero los hermanos Verónica Peñasco Layme y Víctor Hugo Peñasco Layme fueron abordados por antisociales en la ciudad de El Alto y asesinados cuando salían de su casa para dirigirse a su puesto de trabajo. Ellos circulaban diariamente en horas de la madrugada para iniciar muy temprano su jornada laboral (10). La pérdida de estas vidas ocasionó que en los gremios se reabra el debate relativo a las condiciones laborales de los periodistas y que el gobierno nacional promulgue un Decreto Supremo el 29 de febrero estableciendo que en horarios nocturnos los medios de comunicación deben proveer de transporte seguro a los trabajadores de la prensa (11).

El tercer periodista víctima de la delincuencia trabajaba en el diario La Razón. El 13 de mayo, Eugenio Aduviri, fue hallado sin vida en inmediaciones de la autopista La Paz - El Alto, luego de haber sido asaltado para robarle(12).

 
Agresiones ligadas al TIPNIS(13)
En lo que respecta al primer semestre de este año y en relación a las movilizaciones ligadas a la temática del TIPNIS, se registraron agresiones en enero cuando la marcha de los integrantes del Consejo Indígena del Sur (CONISUR), en apoyo a la decisión gubernamental de construir una carretera atravesando el TIPNIS, llegó a la ciudad de La Paz e intentó ingresar a la Plaza Murillo para hablar con el Presidente Morales. Al no lograrlo, dada la protección policial, los marchistas agredieron a los uniformados lanzando objetos que también alcanzaron a los periodistas. En aquella ocasión cinco periodistas sufrieron las consecuencias, entre ellos la periodista de Gigavisión, Helga Velasco, quien perdió dos piezas dentales luego de que una piedra impactara contra su rostro (14).

Un balance del primer semestre

Las características de las agresiones a periodistas y medios en el primer semestre del 2012 se corresponden con la etapa de conflictos sociales expresados con medidas de presión y protestas visibles en las calles y carreteras. Los conflictos ligados al TIPNIS, las movilizaciones de los médicos y policías, así como los problemas en las minas (con la disputa por el control de las vetas) en Colquiri y los conflictos municipales, como el de Yapacaní, ocasionaron la mayoría de agresiones a periodistas durante la cobertura de las medidas de presión. El gobierno nacional, como actor más demandado por los actores en situación de medidas de presión, decidió desplegar a la policía para impedir, en ocasiones, que las marchas ingresen a la Plaza Murillo y desmovilizar las protestas. En ese sentido, la policía fue la mayor agresora de los periodistas que precisamente estaban cubriendo tanto la movilización como la desmovilización. La ciudad sede del gobierno nacional fue el escenario del mayor número de agresiones (véase Gráfico 6).

La muerte de tres periodistas víctimas de la delincuencia y el registro de 26 ataques físicos a periodistas a cargo de policías o funcionarios de gobierno, en la mayoría de los casos, hacen que este primer semestre del año las noticias sean desalentadoras para el gremio periodístico, a lo que se suma la situación de impunidad que prevalece en los casos denunciados. Las agresiones de efectivos policiales no están siquiera en proceso de esclarecimiento. Esta situación puede explicar en parte el hecho de que cada vez se denuncian menos las agresiones ante la fiscalía. En el año 2009 el 15% de las denuncias que se publicaban en los medios eran denunciadas a esta institución, el año 2010 el 10%, el año 2011 el 5% y el primer semestre del año 2012 sólo el 3%.
Es necesario destacar que constituye un avance la emisión del Decreto Supremo 1151 (del 29 de febrero 2012) que determina la obligatoriedad de que los medios brinden transporte nocturno a sus trabajadores, decreto promulgado luego de una reunión con las organizaciones sindicales, así como la idea de que es necesario que los periodistas gocen de un seguro de vida. En referencia a este último punto, el gobierno planteó un proyecto de Ley con el apoyo de la Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz, que sin embargo ha recibido críticas de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP, que aglutina a los propietarios de medios impresos), y está en la mesa del debate (15). 
Dentro del ONADEM existe la consideración de que no se podrá hablar de información periodística como bien público en su cabal dimensión si no se aseguran condiciones básicas para que los periodistas hagan un trabajo de calidad y puedan así sustentar la demanda ciudadana de ejercer el Derecho a la Información y la Comunicación en las diferentes áreas de la vida democrática.
 
Informe Agresiones a Periodistas y Medios
Primer Semestre 2012


Objetivos
·         Cuantificar y describir los casos de agresiones a periodistas y medios de comunicación ocurridos y denunciados públicamente durante el primer semestre del año 2012

·         Identificar actores, lugares y circunstancias de las agresiones registradas.

·         Dotar de insumos para el debate y la reflexión sobre el tema.

Muestra
·         Diarios: La Razón, El Diario, La Prensa, Cambio (La Paz); El Alteño (El Alto); Los Tiempos, Opinión (Cochabamba); El Deber, El Nuevo Día (Santa Cruz de la Sierra); Correo del Sur (Sucre); Nuevo Sur (Tarija); La Patria (Oruro) y La Palabra (Trinidad).

·         Agencia de noticias: ANF

·         Páginas web informativas: www.erbol.com.bo, www.abi.bo, www.bolpress.com y www.hoybolivia.com
Técnicas

·         Registro y análisis hemerográfico y webgráfico de las noticias publicadas en torno a agresiones de periodistas y medios desde el 1º de enero al 30 de junio de 2012.
·          
Equipo de trabajo
Vania Sandoval Arenas, Ruddy Laura Condori y Gary Ramírez Carvajal, bajo la dirección de Erick Torrico Villanueva.
 
-----------------------

(1) “El paro y bloqueo indefinido se ha iniciado este sábado 21 de abril y ya ha registrado su primer incidente tenso, con el asedio y ataque a la emisora ´Arairru Sache´, una radio comunitaria que es parte de la red del Estado Plurinacional y que es dirigida por los indígenas de las tierras bajas. La ira de las organizaciones ignacianas se desató cuando uno de los locutores dio lectura a una resolución que convocaba a la marcha en contra de la construcción de la carretera que pasará por el TIPNIS.”
Fuente: http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2012/0423/noticias.php?id=53162
 
(2) “Las autoridades bolivianas deben investigar los ataques contra tres radios locales en las últimas dos semanas que causaron la salida del aire de las emisoras, afirmó hoy el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).”


(3)“La audiencia se desarrolló por más de cuatro horas, con un intervalo a mediodía, a puertas cerradas con llave y estricta seguridad policial, porque el juez Aguilar así lo ordenó impidiendo el acceso de la prensa, que sólo pudo ingresar para escuchar la resolución.”
Fuente: Correo del Sur, 10 de mayo del 2012, local, p. 5.

(4) “Marcelo Tedesqui recibió amenazas anónimas por el trabajo que realizó y que por su alto valor periodístico y pertinencia mereció que la Fundación para el Periodismo lo elija ‘periodista del mes’.”
El periodista desmintió públicamente las denuncias de extorsión efectuadas por la ex autoridad policial.
Fuente: http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2012/0528/noticias.php?id=57935
 
(5) “En el momento en que uno de los periodistas de la radio Ichilo-Erbol mandaba esta información fue agredido por efectivos policiales, pese a que el trabajador se identificaba de manera constante como parte de la prensa”.
Fuente: http://erbol.com.bo/noticia.php?identificador=2147483954141

(6) “El camarógrafo de la cadena internacional CNN, Cristian Rosendi, fue el más perjudicado porque tiene una herida en el rostro; el fotógrafo Gastón Brito fue impactado en la pierna derecha por una canica; y la periodista Carolina Ulloa, de la red Unitel, sufrió un desvanecimiento por el gas.”
Fuente: http://www.eldeber.com.bo/nota.php?id=120516230643
(7) Seguridad de Evo Morales impide trabajo de periodistas en Coroico
(ANF). El personal de seguridad del presidente Evo Morales, impidió la labor de los periodistas que fueron a cubrir el gabinete ampliado que se desarrolló en el municipio paceño de Coroico y confiscó la grabadora reportera de una periodista e intentó decomisar la libreta de apuntes de otro. […] Una persona del plantel de seguridad del mandatario, vestida de civil, se acercó a los periodistas y confiscó la grabadora de la periodista de la radio Erbol y quiso adueñarse de la libreta de apuntes del periodista Marco Chuquimia del periódico El Deber de Santa Cruz, quien se encontraba tomando nota de las palabras de Morales."El policía procedió a quitarle sin previo aviso la grabadora, entonces hemos hecho un reclamo, pero solamente la compañera se movió y la grabadora entregaron al gerente del Canal 7", relató Chuquimia a los medios de comunicación.Fuente: http://lapatriaenlinea.com/?nota=100506
(8)“El presidente Evo Morales agredió en tonos burlescos a varios periodistas de distintos medios de comunicación, incluso a uno de ellos lo calificó de opositor, al compararlo con el Jefe de Bancada de Convergencia Nacional en la Cámara de Senadores, Roger Pinto.”
Fuente: http://www.noticiasfides.com/g/politica/evo-califico-de-opositor-a-periodista-en-conferencia-de-prensa-en-palacio-quemado-2321/

(9) “El periodista de canal 11 Milton Montero Rivero presentó una querella por discriminación y racismo contra el alcalde Percy Fernández…Este recurso fue planteado por las agresiones del alcalde el anterior jueves. De igual manera, la Federación de Trabajadores de la Prensa cruceña, a la cabeza de Roberto Carlos Hurtado, hizo la demanda en la Fiscalía de Distrito, por discriminación, racismo, amenaza, atentado contra la libertad de prensa y obstrucción al derecho al trabajo. En el memorial se pidió que la Fiscalía requiera un examen médico siquiátrico para el alcalde.”
Fuente: http://www.eldeber.com.bo/imprimir.php?id=120104214453

(10) “La periodista Verónica Peñasco Layme y su hermano, también comunicador, Víctor Hugo Layme, fueron asesinados el pasado sábado 25 de febrero, según denunciaron sus familiares, mientras el gobierno prometió una ‘minuciosa investigación’ para identificar a los responsables.”
Fuente: http://red.anpbolivia.com/index.php?option=com_content&task=view&id=298&Itemid=28

(11) "El Presidente Evo Morales promulgó ayer un Decreto por el cual establece la obligatoriedad que tienen los propietarios de medios de comunicación, de otorgar un servicio de transporte para el traslado y desenvolvimiento de labores de los trabajadores de la prensa…”
Fuente: http://www.jornadanet.com/n.php?a=74179-1

(12)“Eugenio Aduviri Maldonado, periodista del suplemento Marcas de La Razón, fue atracado y asesinado con un golpe en la cabeza la noche del sábado. Su cuerpo fue hallado a las 23:50 a la altura de la última pasarela de la autopista La Paz-El Alto.”Fuente: http://www.la-razon.com/ciudades/seguridad_ciudadana/Atracan-periodista-Razon-Eugenio-Aduviri_0_1614438603.html

(13)El Observatorio Nacional de Medios de la Fundación UNIR Bolivia (ONADEM), a partir de un monitoreo informativo que comenzó el 15 de agosto de 2011 en coincidencia con el inicio de la VIII marcha y que continúa a la fecha, ha sistematizado las agresiones a periodistas y medios relacionadas con las movilizaciones ligadas al tema TIPNIS realizando un corte metodológico para presentar los datos hasta el 15 de mayo de 2012. Las agresiones a periodistas y medios más frecuentes fueron las físicas, seguidas del ejercicio de la violencia verbal, existiendo 25 periodistas agredidos y un medio de comunicación. Este informe puede descargarse de la web de UNIR Bolivia o del Blog www.onadembolivia.blogspot.com

(14) “Los golpes recibidos por los trabajadores de la información fueron el fin de una larga jornada donde se produjeron declaraciones ofensivas desde los marchistas y organizaciones sociales afines al Gobierno central.”

(15)Los puntos del debate tienen que ver con la procedencia del dinero que sustentará el “fondo común” propuesto por el gobierno, y la forma de distribución del mismo.
 “La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) rechazó hoy la ´decisión política´ del Gobierno de crear un fondo de administración común para pagar un seguro de vida a los trabajadores de la prensa y pidió que sean las empresas las que asuman esa responsabilidad en forma directa.
En criterio de la ANP, un fondo administrado por un directorio conformado mayoritariamente por funcionarios estatales y dirigentes sindicales podría convertirse en una fuente de corrupción y juego de intereses políticos.” (5 de agosto 2012.) Fuente: http://www.lapatriaenlinea.com/?t=la-anp-rechaza-proyecto-de-seguro-de-vida-para-periodistas&nota=115282




2 de agosto de 2012

LA COCA Y LOS "PODERES PARALELOS" EN LOS EDITORIALES DE LA PRENSA BOLIVIANA

Bernardo Poma Ulo (*)

El “poder” político de los cocaleros y la producción excedentaria e ilegal de coca fueron los aspectos más enfatizados, con más apreciaciones negativas que explicaciones en la opinión editorial de la prensa boliviana que abordó esa problemática al iniciar el año 2012.

Esas valoraciones fueron estudiadas por el Observatorio Nacional de Medios (ONADEM) de la Fundación UNIR, entre el 1º y el 31 de enero, en 27 notas editoriales que se refirieron a la problemática de la hoja de coca y que fueron publicadas por 10 diarios nacionales: El Deber, El Mundo, El Día (Santa Cruz), El Nacional (Tarija), La Patria (Oruro), Cambio, El Diario (La Paz), El Potosí (Potosí), Opinión, Los Tiempos (Cochabamba) .

Al referirse al tema de la hoja de coca, los editoriales de los diarios privados criticaron el accionar de uno de los actores y sectores sociales directamente involucrado: los cocaleros y su “poder” político. Se remarcó sobre todo la capacidad de movilización sectorial en torno a sus intereses para la expansión de cocales ilegales y la imbricación del sector cocalero con el gobierno nacional, lo que llevó a los editoriales a visibilizar la parcialización de este último con aquél. Sólo un diario —el gubernamental Cambio— abordó el tema y presentó argumentos desde una perspectiva distinta, esto es, de defensa de la hoja de coca. 

La capacidad de movilización fue reconocida a partir de la “contramarcha” del Consejo Indígena del Sur (CONISUR) , la cual era en la opinión editorial “una marcha de cocaleros, parciales del Gobierno” y en la que primaba el “interés” de este sector (El Mundo, 13/01/12), es decir, “ampliar los campos de cultivo de la hoja de coca" (El Mundo, 30/01/12). En esa misma línea de opinión, en la movilización se identificó otro sector involucrado, el de los “colonizadores”, que junto a los cocaleros también buscan “ampliar la frontera agrícola” (El Potosí y Los Tiempos, 11/01/12).

Los antagonistas más cuestionados por el discurso editorial fueron los productores de coca cochabambinos, en particular del Chapare, al ser “los más interesados” en hacer del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) “el sitio apropiado para la expansión de cultivos de coca" (El Diario, 20/01/12). Este interés sectorial en el TIPNIS implicaba, según la opinión editorial de los diarios privados, desconocer la Ley Nº180 que protege el parque, por lo que la intención de la “contramarcha” era llegar a niveles de decisión legislativa, es decir, “revertir” dicha norma para “hacer que lo intangible se vuelva tangible” (El Mundo, 10/01/12).

Otro conjunto de notas de opinión editorial reconoció la existencia de distintos sectores en el movimiento cocalero boliviano y también su diferente relación política con el gobierno nacional. Así, a tiempo de señalar la capacidad de movilización y de confrontación de los cocaleros de La Asunta (Yungas de La Paz) con los “erradicadores” de coca , observaron además que "Los yungueños están molestos porque los chapareños quieren legalizar su coca y encima incrementar sus cultivos” (El Día, 12/01/12). Por ello, los cocaleros de Los Yungas paceños “empezaron a cuestionarle al Gobierno su tolerancia hacia los sindicatos del trópico cochabambino frente a la presión hacia el paceño" (El Nacional, 20/01/12), al punto de que estos últimos decidieran “crear sus propios grupos armados para defender sus cocales ilegales” (El Deber, 13/01/12). Esta correlación mostraría que el Poder Ejecutivo estaría “cada vez más atado a la geopolítica que se gesta en el Chapare" (El Día, 12/01/12).

La capacidad de movilización de los distintos sectores de cocaleros en particular de los del Chapare cochabambino, junto a su imbricación política con el gobierno nacional, hizo preguntarse en un editorial si ese “poder” constituye un “superestado capaz de doblegar al propio Ejecutivo” (El Deber, 13/01/12). Y al considerar lo sucedido con la ley protectora del TIPNIS , los cocaleros también tendrían capacidad de controlar el poder legislativo, con lo que habrían “consolidado su hegemonía” (El Deber, 13/01/12). Las críticas y valoraciones no sólo se refirieron al movimiento cocalero en sí, sino que se apoyaron en otros argumentos que apelaron a la ciudadanía al señalar que “los bolivianos no aceptan esta clase de poderes paralelos" (El Deber, 13/01/12).


Sobre la producción excedentaria de coca

Respecto de la producción de la hoja de coca, se enfatizó —en ocasiones sin mayor argumentación— los aspectos negativos, es decir, su carácter excedentario e ilegal, así como su relación con el narcotráfico. Así, se señaló que, en el marco de la “crisis permanente” del año 2011, “sigue aumentando la producción de la hoja” y que “el país está produciendo más de 200 toneladas de cocaína al año” (El Diario, 01/01/12).

En realidad, pocas fueron las notas editoriales que abordaron la problemática de la coca en su integralidad y con el apoyo explícito de datos, desde su producción hasta su consumo, así como su erradicación. Entre ellas, una de Opinión (10/01/12) al reconocer que el tema de la producción resulta “complejo y de alta conflictividad”, citó a la Naciones Unidas como fuente para señalar que Bolivia es el tercer productor mundial de coca y cocaína, tras de Colombia y Perú, y además el principal proveedor de droga del Cono Sur.

Los editoriales con más valoraciones que argumentos respaldados tendieron a la generalización y negativización de la coca en sí misma al señalar que la “hoja sagrada” es “el elemento omnipresente de la realidad del país”: “Todo el aparato diplomático boliviano está al servicio de la coca; el Chapare es la región que mayor cantidad de inversiones recibe; por la coca se destruye un parque; la coca es la articuladora de la vertebración caminera del país" (El Día, 06/01/12).

Erradicación insuficiente y escasa defensa

Los datos sobre el volumen de coca excedentaria, y que se debiera erradicar, variaron en el discurso editorial, dado que un medio, basado en Naciones Unidas, apuntó a 10 mil hectáreas plantadas no sólo en el trópico de cochabambino sino también en los Yungas paceños (La Patria, 29/01/12). Otro editorial, al calificar los “resultados” de la erradicación como “poco menos que nulos”, señaló que “los cultivos más bien aumentaron de 12 a 35 mil hectáreas”, así como la elaboración de cocaína “de 20 a 200 toneladas” (El Diario, 01 y 31/01/12).

La crítica y duda en torno al nuevo convenio tripartito se explicitó en un solo editorial y se apoyó en el argumento de que “se estaría partiendo del mismo error que en anteriores negociaciones", esto es, “encarar los efectos y no combatir el origen mismo del problema” (El Diario, 31/01/12). Aunque el editorial citado no explicitó ese origen, recordó que “entre los años 1980 y 2000 la lucha contra los cultivos de coca tuvo un costo de alrededor de mil millones de dólares, pero, contrariamente a lo que se esperaba, el resultado final fue que esa campaña terminó en un enorme cero" (El Diario, 31/01/12).

En sólo un editorial se argumentó expresamente la defensa de la coca, apoyándose en la Constitución que la “protege” como parte del “patrimonio cultural” del país y “establece que en su estado natural no es un estupefaciente" (Cambio, 02/01/12). La defensa también apeló a la “ciencia” pues ésta habría determinado que “en la savia de las hojas de la coca hay más de diez sustancias, entre ellas la cocaína, que constituye menos del 1%. Por ese 1% es que se condena a la coca" (Cambio, 02/01/12). Asimismo, se expresó la esperanza en el estudio de la Unión Europea, con el cual “se acabarán los mitos para desacreditarla" (Cambio, 02/01/12) . Finalmente, el editorial se apoyó en la figura de Evo Morales, quien, según el medio, considera un "deber, como Presidente y como dirigente", exigir —a la comunidad internacional— la despenalización de la coca, como consecuencia de sus múltiples usos medicinales y ceremoniales en varios países sudamericanos (Cambio, 02/01/12).

Consideraciones finales

Los editoriales estudiados escasamente abordaron y valoraron los aspectos positivos relacionados con la hoja de coca en sí misma (por ejemplo, las propiedades medicinales, preventivas, alimenticias y los efectos beneficiosos de los usos tradicionales como el masticado o acullicu). Tampoco presentaron argumentos a favor de las posibilidades de industrialización no sólo de la producción “legal” permitida, sino también de al menos parte de la producción excedentaria o ilegal.

Desde una perspectiva complementaria, en los editoriales estudiados la hoja de coca en sí misma fue estigmatizada negativamente y calificada como “omnipresente”. Como se describió, pocos fueron editoriales que abordaron la problemática de la hoja de coca, considerando al menos dos circuitos distintos: a) producción legal – consumo, b) producción excedentaria – erradicación. En ese sentido, sólo un editorial (Opinión, 10/01/12) hizo una aproximación más integral al tema de la hoja de coca (producción, consumo, erradicación) y con apoyo de datos. Asimismo, sólo un diario (Cambio) asumió la perspectiva de defensa de los aspectos positivos relacionados con el consumo tradicional de la hoja de coca.

En todo caso, los editoriales estudiados pusieron en debate público, desde su propia perspectiva, y alertaron sobre la conflictividad latente y manifiesta en torno a la producción de la hoja de coca en el país. Al criticar explícita e implícitamente la política estatal sobre el tema, visibilizaron asimismo el tipo de gestión gubernamental de la conflictividad boliviana, esto es, condicionada, de un lado, por la mayor o menor capacidad de movilización y presión de los sectores sociales involucrados y, de otro, por la mayor o menor afinidad ideológico-política con ellos. La consecuencia y coherencia entre legalidad y legitimidad parecen los elementos menos determinantes para la construcción y el fortalecimiento de la institucionalidad de la gestión pública, a diferencia de la capacidad de incidencia y presión de los “poderes paralelos”.

De ahí que el abordaje integral de los temas de interés público en los editoriales, idealmente, no debiera abusar de la generalización acerca de los temas, actores o hechos abordados, aún más en problemáticas complejas como la de la hoja de coca. La valoración, evaluación y críticas presentes en la opinión editorial también requieren de precisión, claridad, ecuanimidad y respaldo de argumentos y datos para contribuir mejor al debate público y democrático.

-------------
(*) Responsable Metodológico Operativo del Observatorio Nacional de Medios (ONADEM), iniciativa de la Fundación Unir Bolivia.

Referencias

- Boletín, s/Nº, del Programa de Apoyo al Control Social de la Producción de Hoja de Coca 2008-2012). Versión pdf en: http://www.controlsocial.bo/respaldos_2/boletin/files/boletin%20control%20social.pdf

- “ESTRATEGIA DE LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO Y REVALORIZACIÓN DE LA HOJA DE COCA 2007 – 2010”, Consejo Nacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas, CONALTID, 2007. Versión pdf en: http://www.cicad.oas.org/Fortalecimiento_Institucional/eng/National%20Plans/Bolivia%202007-2010.pdf

- GROSBERG, Lawrence. ”Entre consenso y hegemonía: notas sobre la forma hegemónica de la política moderna”. En: Revista Tabula Rasa, Nº 2, enero-diciembre pp. 49-57, Bogotá, 2004.

- LEY Nº 180 DE PROTECCIÓN DEL TERRITORIO Y PARQUE NACIONAL ISIBORO SÉCURE – TIPNIS. Versión electrónica en: http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/buscar/180

- LEY Nº 222 DE CONSULTA A LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL TERRITORIO INDÍGENA Y PARQUE NACIONAL ISIBORO SÉCURE – TIPNIS. Versión electrónica en: http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/buscar/222

- LEY Nº 1008 DEL RÉGIMEN DE LA COCA Y SUSTANCIAS CONTROLADAS. Versión pdf en: http://www.aipe.org.bo/public/lst_politicas_publicas_nac/LST_POLITICAS_PUBLICAS_NAC_ley_1008_es.pdf

- Medios a la Vista, informe sobre el periodismo en Bolivia 2005-2008. UNIR/ABOCCS/ONADEM, La Paz, 2009.

- SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0300/2012, Sucre, 18 de junio de 2012. Versión electrónica en: http://prensa.tribunalconstitucional.gob.bo/archives/1606


Publicaciones noticiosas de prensa

- “Los cocaleros de La Asunta se rebelan y piden plantar más coca”, Página Siete, 10/01/12, pg. 6).

- “Suscriben Acuerdo tripartito para controlar cultivos de coca”, El Diario, 21/01/12, pg. 5

- “UE pide acelerar la entrega del Estudio Ingegral de la Coca”, La Razón, 04/04/12. Versión electrónica en: http://www.la-razon.com/nacional/seguridad_nacional/UE-acelerar-Estudio-Integral-Coca_0_1589841048.html)

25 de julio de 2012

Agresiones a periodistas a propósito del conflicto por el TIPNIS (1)

Informe Sobre Agresiones a Periodistas - Caso TIPNIS Julior /> 

Cubrir conflictos es una tarea riesgosa para el periodismo boliviano. Y las movilizaciones sociales de apoyo o rechazo a la construcción de una carretera proyectada para atravesar el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) lo confirman. Entre la VIII Marcha Indígena cuya demanda fue evitar la construcción del Tramo II que cruzaría el núcleo del territorio indígena[1], la marcha del Consejo Indígena del Sur (CONISUR) pidiendo más bien la construcción de la misma[2] y la IX marcha ratificando las demandas de la VIII[3], van 25 periodistas agredidos y un medio de comunicación violentado, en un periodo de nueve meses (ver Anexo).
El Observatorio Nacional de Medios de la Fundación UNIR Bolivia (ONADEM), a partir de un monitoreo informativo que comenzó el 15 de agosto de 2011 en coincidencia con el inicio de la VIII marcha y que continúa a la fecha, ha sistematizado las agresiones a periodistas y medios relacionadas con las movilizaciones ligadas al tema TIPNIS realizando un corte metodológico para presentar los datos hasta el 15 de mayo 2012.[5]
            Las agresiones a periodistas y medios más frecuentes fueron las físicas, seguidas del ejercicio de la violencia verbal :
GRÁFICO Nº 1
Fuente: ONADEM
Los periodistas que sufrieron mayor violencia, en términos generales, fueron los de televisión, dado que recibieron el 56% del total de agresiones. Los hechos de violencia durante el desarrollo de la VIII marcha ocuparon la agenda de los medios, los camarógrafos y fotógrafos obtuvieron imágenes “exclusivas” que fueron transmitidas a la población, razón por la cual fueron obligados a entregar las cintas en que registraron las imágenes:
GRÁFICO Nº2
 
Fuente: ONADEM

Los discursos polarizados a causa de la construcción del tramo II de la carretera y la calificación del trabajo periodístico como parcializado con uno de los polos (gobierno y organizaciones aliadas a favor de la carretera y contra la VIII Marcha vs. la CIDOB y otras organizaciones aliadas que rechazan esta vía), fueron las principales causas de agresión a periodistas.
El contexto político, interdependiente del mediático, determinó que se clasifique también a los medios como favorables o desfavorables a la VIII Marcha, lo que fue asumido por varios actores sociales involucrados en el conflicto al interactuar con los periodistas. Un ejemplo de ello es que sólo algunos medios, principalmente los estatales, fueron convocados para grabar al diputado y dirigente indígena Pedro Nuni –uno de los líderes de la movilización indígena–consumiendo bebidas alcohólicas en Trinidad. Sus familiares en esta situación fueron denunciados como agresores de los periodistas que habían acudido a filmar al diputado, argumentando injerencia en una actividad privada de carácter familiar.[6]
El 25 de septiembre de 2011, en la población de San Ignacio de Yucumo, la VIII marcha indígena fue dispersada luego de una violenta intervención policial. Los camarógrafos y fotorreporteros fueron obligados a apagar sus cámaras y en algunos casos golpeados e insultados por miembros de la Policía Boliviana que hicieron el operativo. Entre el 16 y el 25 de septiembre, días antes y hasta la misma jornada de la intervención policial, fueron agredidos 11 periodistas de medios privados, por policías o por quienes bloqueaban el paso a los marchistas en Yucumo o en la cercana población de San Borja.
Trabajadores de medios estatales recibieron otro tipo de agresiones. La reportera de Bolivia TV, Laura Ibáñez, y su camarógrafo fueron obligados a apagar las cámaras en San Borja: “fuimos ultrajados por los marchistas por ser de Bolivia TV”, denunció.
Posteriormente, en enero de 2012 se registraron hechos violentos en la sede de gobierno, cuando la marcha de los integrantes del CONISUR en apoyo a la decisión gubernamental de construir una carretera atravesando el TIPNIS, llegó a la ciudad de la Paz e intentó ingresar a la plaza Murillo. Al no lograrlo dada la protección policial, agredieron a los uniformados lanzando objetos que también alcanzaron a los periodistas. En aquella ocasión cinco periodistas sufrieron las consecuencias, entre ellos la periodista de Gigavisión, Helga Velasco, quien perdió dos piezas dentales luego de que una piedra impactara contra su rostro.[7]
Los presuntos agresores de periodistas en el lapso estudiado de 10 meses fueron, en su mayoría, los opositores a la VIII marcha indígena, es decir, colonizadores o representantes del CONISUR:
GRÁFICO Nº 3
Fuente: ONADEM
Durante los preparativos de la IX marcha indígena se registró una agresión a una emisora radial local, en medio del clima polarizado --a favor y en contra de la movilización-- existente en San Ignacio de Moxos. El 22 de abril, tres días antes del inicio de la medida de protesta, la radio comunitaria Arairu Sache (Soy para todos) fue intervenida y obligada a cortar su emisión después de que un locutor diera lectura a una resolución que convocaba a la marcha contra la construcción de la carretera. Según la denuncia efectuada, el director de la radio René Nuni y el reportero Hefiquio Salazar, fueron golpeados por personas que se oponían a la lectura del comunicado que convocaba a la marcha. Los agresores --pertenecientes a organizaciones locales que se oponen a la marcha indígena-- irrumpieron violentamente en la radio y hurtaron equipos.
Analizando estos datos, se puede concluir que la polarización política entre gobierno y opositores a sus decisiones en torno al TIPNIS ha ocasionado que el periodismo esté inserto en la conflictividad y sea identificado –según el tipo de medio y la cobertura realizada– como favorable o desfavorable a las movilizaciones en torno a este Territorio Indígena y Parque Nacional. Las clasificaciones de los medios y el tratamiento que les dieron los actores políticos se pueden visibilizar en las declaraciones del Presidente Evo Morales y de los ministros de Estado en torno a la cobertura informativa. También los colonizadores (llamados comunidades interculturales) y los marchistas indígenas identificaron medios supuestamente pertenecientes a uno u otro bando.
La VIII marcha indígena y la “contramarcha” del CONISUR fueron cubiertas de manera muy distinta por el periodismo. La primera tuvo un amplio despliegue de periodistas y espacios informativos durante todo su proceso, con especial énfasis en la cobertura de la violenta intervención policial realizada en Chaparina el 25 de septiembre del 2011, la que se cubrió con dificultades que involucraron riesgo a la integridad física de los periodistas desplazados en el lugar. Como correspondía a la magnitud de la coyuntura informativa, los medios televisivos mostraron las imágenes de las agresiones policiales en emisiones especiales. Y redes de radio salieron al aire de manera extraordinaria ese domingo en la tarde para informar sobre la intervención de la marcha en una emisión de varias horas, registrando las repercusiones desde varios puntos del país.
El gobierno criticó esta cobertura, señalando que se produjeron imprecisiones en la cobertura de los medios. El propio Presidente Morales conminó a que le demuestren que hubo un niño muerto, como informaron algunos medios con base en el boletín publicado por la unidad de comunicación de la marcha.[8]
La VIII Marcha tuvo cobertura de medios alternativos de información y redes sociales, como blogs, sitios web de instituciones que apoyaron a la esta movilización, que informaron minuto a minuto sobre los acontecimientos con incidencia informativa sobre todo dentro del público citadino. Estos medios actualmente continúan realizando un seguimiento cotidiano e incluso promueven los aportes ciudadanos y ayuda humanitaria para la IX Marcha, movilización que está recibiendo un despliegue periodístico importante desde el anuncio de su realización.
La marcha del CONISUR, en cambio, fue cubierta por la prensa con menor despliegue de periodistas. Se destacaron las situaciones de violencia generadas con la llegada de los marchistas a la ciudad de La Paz, cuando se les impidió el ingreso a la plaza Murillo y se registraron agresiones a policías y periodistas.
Al ser la problemática del TIPNIS un tema que ha generado opiniones polarizadas y en la sociedad boliviana entre los actores sociales y políticos, y que involucra la gestión de los recursos naturales, los alcances de la autonomía indígena y el ejercicio de derechos fundamentales, se hace necesario que se instale en todos los actores involucrados (incluyendo gremios periodísticos, dueños de medios, gobierno central, departamental y gobiernos municipales, organizaciones e instituciones de la sociedad civil) la reflexión sobre el rol de los informadores en escenarios de conflicto, garantizándose un ejercicio libre del periodismo y promoviendo la información de calidad, situaciones que incluyen obligatoriamente la preservación de la integridad física de las y los periodistas. Como se encuentra en curso la IX marcha que mantiene similares características en la polarización de los discursos de los actores involucrados, es necesario visibilizar la temática de agresiones a periodistas en su real dimensión, en la línea de fortalecer la creación de significados sociales conjuntos de respeto a los derechos fundamentales.
Bolivia, junio de 2012



[1] En el presente trabajo se toma en cuenta las agresiones denunciadas públicamente por los propios periodistas agredidos y difundidas por el medio de comunicación en el que trabajan y/u otro medio de comunicación. No se registran posibles agresiones que no hayan sido denunciadas públicamente.

[2] Los pueblos indígenas de las tierras bajas habitantes del TIPNIS, organizados en la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), Sub Central TIPNIS, y otras organizaciones indígenas y sociales, se movilizaron en la VIII Gran Marcha Indígena por la Defensa del TIPNIS, por la Vida, la Dignidad y los Derechos de los Pueblos Indígenas que partió desde Trinidad hacia La Paz el 15 de agosto de 2011. La demanda central fue frenar la construcción de la carretera Villa Tunari - San Ignacio de Moxos que atravesaría por su territorio con impactos sociales, ambientales y económicos irreversibles. La marcha que llegó a la sede de gobierno, el 19 de octubre 2011, fue recibida por gran parte de la población paceña que se volcó a las calles para expresar su apoyo y solidaridad. El gobierno central luego del arribo de la marcha, promulgó la Ley 180, que estableció la intangibilidad del TIPNIS. Además de las demandas por la mencionada carretera, tanto la VIII como la IX Marchas Indígenas elaboraron una plataforma de demandas relacionada a la titulación y formas de gestión de sus territorios.

[3] La Marcha del CONISUR fue una movilización realizada por organizaciones campesinas y de colonizadores (actualmente llamados comunidades interculturales) afines al gobierno de Evo Morales, quienes demandaron la anulación de la Ley 180, que declaraba territorio intangible al TIPNIS, para que más bien se construya la carretera Villa Tunari- San Ignacio de Moxos atravesándolo.

[4] La VIII marcha indígena, que se oponía a la construcción, demoró 65 días (15 de agosto al 19 de octubre de 2011). La marcha del CONISUR, llegó en 43 días (del 17 de diciembre de 2011 al 30 de enero de 2012). La IX marcha indígena, que partió desde Trinidad el pasado 25 de abril, pide que se respete la Ley 180

prácticamente desconocida por la Ley 222 que establece la consulta a las comunidades para la construcción de la carretera, argumentando que la consulta establecida por el gobierno es “posterior y no previa” considerando que ya se construyeron el tramo I y III, y además que el contrato para el tramo II ya había sido firmado. La CIDOB asegura que la consulta no ha sido organizada junto a las organizaciones representativas de los indígenas ni ha sido emprendida de buena fe. El gobierno, por su parte, argumenta que es necesaria la mayor presencia del Estado dentro del parque por la cantidad de explotación ilegal de madera que existe, además de insistir en que no hay otro tramo por donde pueda construirse una carretera. Fundamenta la Ley 222 indicando que las comunidades tienen que ejercer el derecho a la consulta previa establecido internacionalmente, y ataca a la IX marcha acusándola de tener fines desestabilizadores del gobierno.

[5] Este análisis puntual se enmarca dentro del trabajo integral de seguimiento de Agresiones a Periodistas y Medios en Bolivia, que el ONADEM de la Fundación UNIR Bolivia realiza de manera permanente desde el año 2007. La sistematización y análisis de ese tema forma parte del libro “Medios a la Vista 2. Análisis sobre el Derecho a la Información y la Comunicación y el Periodismo en Bolivia 2009-2011” presentado en diciembre 2011. 

[6] “Nosotros fuimos allá (al festejo de la familia de Pedro Nuni) debido a que recibimos una información de que dirigentes que habían salido de la marcha estaban consumiendo bebidas alcohólicas, por lo tanto quisimos hacer una entrevista y preguntar, que nos den información sobre la situación de la marcha, pero lamentablemente fuimos recibidos de muy mala forma con agresiones”. Carlos Cuba, periodista del canal 21 en Beni (http://www.cambio.bo/noticia.php?fecha=2011-08-29&idn=53276) Sitio consultado el 10 de mayo 2012.
[7] La periodista Helga Velasco testimonió: “Tengo dos piezas dentarias dañadas, me las van a tener que reconstruir, uno no espera que pasen estas cosas, tampoco nos exponemos, estábamos detrás de los policías y fue en un segundo que levante la cabeza y me llegó la piedra” (Ver: http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2012/0131/noticias.php?id=41861). Sitio consultado el 10 de mayo 2012.
[8] En una nota de prensa, el presidente Evo Morales declaró que “algunos grupos usan a la prensa y la prensa tergiversa. Ayer (por el lunes) el pueblo con razón estaba gritando sobre un niño fallecido, y ahora que me digan dónde está el niño, quiénes son sus padres, dónde se enterró, cómo se llama. Es la prensa de la derecha (utilizada) para confundir a la población, para causar reacción en la población, quieren enfrentar” (http://www.cambio.bo/noticia.php?fecha=2011-09-28&idn=55383) Sitio consultado el 12 de diciembre 2011.


9 de julio de 2012

Representaciones de la seguridad ciudadana en la prensa cruceña

Por Cecilia Banegas Flores(1)

Los problemas como la violencia urbana relacionada con delitos como ser atracos, narcotráfico, homicidios, entre otros, convierten a la demanda por  seguridad ciudadana en un tema prioritario que merece la atención de todas las instituciones públicas, privadas y la sociedad civil en su conjunto. La demanda que hace la población por seguridad ciudadana surge a partir de la percepción de un aumento del delito o incremento de la violencia. Esta percepción, que se forma en el imaginario colectivo de la sociedad, está fuertemente vinculada al discurso que los medios masivos de información difunden sobre la situación de la seguridad ciudadana.

Los medios masivos  reconstruyen la percepción social o imaginario colectivo de la realidad. A esto apuntan teorías de la comunicación masiva como la de la Agenda Setting, que afirman que los medios de comunicación se centran en unos temas destacándolos más que otros e influyen al decirle a la gente sobre qué es importante pensar, más que en cómo o qué pensar sobre los temas. Así el discurso mass-mediático contribuye a la construcción social de la realidad y a la “tematización” del espacio público, es decir, la definición de cuáles son los temas importantes a los que se debe prestar atención. Según el profesor de periodismo político Xavier Giró, las políticas que los gobiernos adoptan para erradicar la inseguridad, “están influidas por la percepción social de los delitos y de las personas que los cometen y esa percepción está condicionada, cada día que pasa con más fuerza, por el discurso de los medios de comunicación” (2).

Es por ello que el Observatorio Nacional de Medios (ONADEM) de la Fundación UNIR Bolivia realizó una investigación sobre las características de la cobertura periodística dada al tema de la inseguridad ciudadana en Santa Cruz. ¿Cuáles son las temáticas abordadas? ¿Quiénes son las fuentes consultadas? ¿Cómo describen a los hechos y sus actores? ¿Cómo se presentan los delitos de violencia contra la mujer y niños o adolescentes? ¿Se explica el contexto social, económico, cultural y las causas estructurales de la violencia? Y ¿qué propuestas de políticas de seguridad se plantean? Tales fueron  algunas de las interrogantes que el ONADEM se propuso responder a través de un análisis de contenido realizado a 493 noticias y 23 editoriales correspondientes a 72 ediciones diarias de los periódicos El Deber, El Mundo, La Estrella del Oriente y El Día, entre los meses de abril y agosto de 2011. En base a listas de preguntas abiertas y cerradas y por categorías, se analizó un total de 76 indicadores para describir las características de la cobertura periodística sobre el tema con los siguientes resultados:

Las temáticas de las noticias.  Las temáticas relacionadas a la seguridad ciudadana que predominan en los medios impresos en Santa Cruz son el narcotráfico —que es un tema constante en la prensa— y temas con fuertes cargas de violencia como los homicidios y atracos. Los temas relacionados a la prevención de delitos, como las políticas de seguridad, han tenido bastante difusión; sin embargo, esto se debe a que fueron temas de coyuntura en el periodo analizado. Individualmente cada diario dio prioridad a temas particulares. En El Mundo y El Día, el narcotráfico fue el tema más publicado. En La Estrella del Oriente  y El Deber el intento de homicidio.

Las fuentes de la noticia. Respecto a las fuentes consultadas, los diarios coincidieron en tomar a la Policía como la principal fuente de información; en segundo lugar está el Ministerio Público, en tercer lugar  Autoridades Judiciales y en cuarto lugar las víctimas de los hechos y personas relacionadas con ellas. Las autoridades de la Gobernación, del Órgano Ejecutivo Nacional y las autoridades médico forenses son otros grupos de fuentes bastantes consultadas. Sin embargo, llama la atención que a pesar de ser los hechos relacionados con la violencia y la inseguridad problemas sociales que tienen sus causas en las estructuras socio-económicas y la desigualdad social, no se consulte con fuentes especializadas que analicen esa situación, como investigadores sociales, informes de instituciones públicas, organismos internacionales u organizaciones no gubernamentales relacionadas con los Derechos Humanos y expertos en el tema.
Al ser la Policía, el Ministerio Público, las autoridades judiciales, las fuentes mayormente consultadas, se elabora la noticia a partir de las posiciones de poder y de la autoridad. Entre los actores involucrados en el hecho, la víctima y personas relacionadas con ella, son las fuentes más consultadas. Son escasas las consultas a los testigos del hecho, el acusado y personas relacionadas con él. En este sentido, la noticia también se elabora a partir de la posición de la víctima.

El pluralismo y la ecuanimidad, que se refieren a la variedad de perspectivas, al balance y equilibrio en las fuentes de información, son dos estándares de calidad periodística propuestos por el ONADEM (3). La investigación demostró que no hubo pluralismo ni ecuanimidad en las fuentes, puesto que la mayoría de las noticias contaron sólo con una fuente de información, siendo El Mundo el diario que utilizó mayormente una sola fuente en el 68%  de sus notas,  dos fuentes en el 16 % de las notas, además de que en el 9 % de sus notas no mencionó la fuente. En La Estrella del Oriente el 49 % de las notas tiene una sola fuente, el 30 % dos fuentes, el 12 % tres fuentes y el 8,5 % de sus notas no tiene fuentes de información. En El Día, el 38 % de las notas tienen una sola fuente, el 33 % dos fuentes, el 11 % presenta tres fuentes y en el 10 %  de las notas no se menciona la fuente de información. En el caso de El Deber, un 36% de las notas usan una sola fuente, el 22 % dos fuentes, el 21 % tres fuentes y el 10 % de las notas no mencionan una fuente de información. Aunque en un mínimo porcentaje este último medio también publicó notas con 4, 5, 6 y 7 fuentes de información, en este sentido se podría decir que fue el medio más plural. 

Representación de los actores de los hechos. Germán Rey afirma que “el delito es casi siempre una forma de imaginación del Otro, y en muchos casos también una forma de discriminación del otro, el extraño, el diferente. Estas fronteras entre unos y otros están muy marcadas por la información de los medios” (4) .  Y es que según la forma  cómo describan los medios a los actores involucrados en hechos delictivos o de violencia se pueden también crear estereotipos positivos o negativos de estos grupos sociales, como ha pasado en el caso de las pandillas o los barrios y sectores marginales. Estas representaciones de las “figuras amenazantes” pueden conducir a la definición y ejecución de las políticas de seguridad e inclusive a acciones extremas tomadas por grupos sociales, como en el caso de los linchamientos que se han dado en Bolivia u otras formas de hacer justicia por mano propia.

En la mayoría de las noticias de los diarios cruceños analizados se identifica y se da a conocer el nombre de la víctima y del supuesto victimario. En cuanto a las fotografías, la  figura que aparece mayormente en las imágenes es la del presunto victimario, siendo el diario El Mundo el que muestra esta figura con mayor frecuencia, seguido por La Estrella del Oriente y El Deber. La segunda figura que aparece con mayor frecuencia es la víctima, en tercer lugar se muestra a la fuerza pública (policías, gendarmes, militares). La identificación de los actores del hecho, en el caso de que sean menores de edad, ya sea publicando  su nombre o su imagen, vulnera el derecho a la privacidad, intimidad, honra, honor, propia imagen y dignidad como lo establece el Art. 21 de la Constitución Política del Estado. Además al publicar el nombre del “presunto culpable” y anunciarlo como el autor de los hechos delictivos o de violencia, se atenta también contra el derecho universal a la presunción de inocencia que afirma que “toda persona acusada de un delito tiene el derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa” (5). Siendo culpable o no, para el público, la identidad e imagen del presunto victimario quedará señalada ya como un delincuente. En estos casos se debe presentar a los acusados como “presuntos culpables”.

Sensacionalismo. En el caso de las noticias relativas a la seguridad ciudadana, el estudio realizado por Dastres y otros autores afirma que los altos niveles de sensacionalismo en la presentación de las noticias sobre delitos y violencia genera un incremento del temor al crimen en los miembros de la comunidad (6).  Por ello, el estudio del ONADEM analizó si los titulares y textos de las noticias contenían frases de impacto, apertura sensacionalista o un cierre emotivo. En los resultados, se evidenció que en la mayoría de las noticias los titulares y el texto no tenían frases sensacionalistas. El diario  que publicó más titulares sensacionalistas fue El Mundo en un 29,5 % de las noticias sobre la temática de seguridad ciudadana. El Día publicó titulares sensacionalistas en un 27, 6% de sus noticias, El Deber en un 19,4 % y La Estrella del Oriente utilizó sensacionalismo en un 17 % de las noticias. Otros recursos como la apertura sensacionalista o  cierre emotivo fueron usados por El Día en el 23,7 % de sus notas, seguido por El Mundo que lo utilizó en el 16,9 % de sus notas. Algunos ejemplos de titulares y textos sensacionalistas fueron los siguientes:

Titular: “Atracaron a un hombre y le cortaron la tráquea”  Texto: “Un hombre fue atracado por  delincuentes, quienes no conforme con robarles sus pertenencias le cortaron el cuello…La víctima sufrió una perforación en la tráquea y no podía hablar, incluso no pudo identificarse” (La Estrella 13-04-11). En este titular y el texto de la noticia se puede observar la repetición y descripción detallada del hecho violento. Otros titulares sensacionalistas que se encontraron fueron: “En las narices de varias personas asaltan y acuchillan a un cobrador”(La Estrella 14-04-11); “Fue amarrada, quemada y violada” (La Estrella 25-8-11); “'Narco' multi - reincidente regresó a su 'casa': la cárcel de Palmasola” (La Estrella 25-8-11).

Representaciones del delito y sus actores.  La investigación del ONADEM hizo un seguimiento especial a algunos hechos de inseguridad que tuvieron mucha repercusión en los medios. En el caso del intento de asesinato contra el gobernador Rubén Costas ocurrido en abril de 2011, cuando trató de evitar el atraco a una funcionaria de Credinform y a consecuencia de ello resultó herido por un disparo que rozó su cráneo, las noticias pusieron énfasis en calificar este hecho como un acto heroico por parte Costas y su sobrevivencia se calificó como un milagro: “Intervino en el atraco porque no podía quedar de brazos cruzados” (El Mundo 13/04/2011); “Destacan actitud de Rubén Costas” (El Deber 13-4-11); “Un milagro. Rubén Costas vuelve a nacer. El Gobernador sobrevive a un disparo en la cabeza” (El Deber 13-4-11); “A milímetros de encontrar la muerte” (El Deber 13-4-11). También se puso énfasis en los escasos resultados de la investigación convirtiéndose los medios en una presión para que la policía encontrara a los autores del hecho.
En las noticias sobre la Cumbre de Seguridad que se efectuó el 16 y 17 de junio de 2011, se dio énfasis a lo anecdótico, como se evidenció en estos titulares: “Presidente en contra de las telenovelas” (La Estrella 17-06-11); “Alcohol y telenovelas causan inseguridad” (El Día 17-06-11); “Revela que bebió durante varios días”  (El Deber 17-6-11);  “Películas y novelas son las causas de causas de crimen y divorcios” (El Mundo 17-06-11).  Otras noticias se enfocaron en mostrar las exposiciones de los problemas de la inseguridad y las propuestas que surgieron en la Cumbre de Seguridad Ciudadana.

Se  analizaron también los tipos de fuentes consultadas para hablar de Políticas de Seguridad Ciudadana y  las temáticas que se plantearon. Las fuentes más consultadas por los medios en temas de políticas de seguridad fueron el Gobierno Nacional y el Gobierno Departamental, que fueron dos primeras fuentes más consultadas. Los investigadores sociales fueron para El Deber su tercera fuente mas consultada; sin embargo, no fueron tomados en cuenta por los demás medios. El Comité Cívico Pro Santa Cruz fue la tercera fuente más consultada por el diario El Mundo. Las organizaciones de DD.HH., Policía y Autoridades Legislativas, fueron consultadas pocas veces. Fueron casi inexistentes las consultas a la sociedad civil.

Respecto a las propuestas de políticas de seguridad que se mencionaron en los diarios, la elaboración del un plan de seguridad fue la más mencionada; convocar a las instituciones que tienen que ver con tema de seguridad ciudadana y la creación políticas departamentales de seguridad ciudadana fueron respectivamente  la 2a y 3a propuesta más frecuente los diarios. Además hubo otras propuestas como cualificar y aumentar los oficiales y reformar la policía, educar a la gente, creación de una ley para regularizar la venta y consumo de alcohol, aumentar y mejorar las cárceles, crear Observatorio de Comportamientos Sociales, que se mencionaron pocas veces en la prensa.

Sobre el tema narcotráfico se podría afirmar que las noticias han puesto énfasis en la magnitud y crecimiento del narcotráfico en Santa Cruz, enfocándose en las cantidades de droga, fábricas, dinero incautado y detenidos.  Por otro lado, también se magnificó el delito afirmando que la seguridad del Estado está en peligro:“Carteles penetraron la seguridad del Estado”  (El Mundo 30-06-11); “El narcotráfico nuestro de cada día”  (El Día 17-7-11); “Millonarios y presos” (El Día 17-7-11). También fue muy frecuente encontrar una estereotipación negativa de nacionalidades y regiones, por ejemplo: “Sicarios peruanos y bolivianos ejecutaron a Baptista por deudas” (La Estrella 15-7-11); “Envían a Chonchocoro y a Palmasola a peruanos” (La Estrella 16-7-11); “Sicarios brasileños operan en Bolivia” (El Día 21/07/2011); “Peruanos son nuevamente llevados a audiencia” (El Mundo 17-07-11); “Hay muchos colombianos ligados al narcotráfico” (La Estrella 2-7-11); “Santa Cruz es catalogada zona roja del narcotráfico” (La Estrella 28-8-11); “…los pueblos de San Germán, San Carlos y Nuevo Horizonte son considerados la sede del narcotráfico” (El Día 17-7-11); “Yapaní: Megacentro del narcotráfico” (El Mundo 16-07-11).

En el caso del secuestro de Adriana Rivera Bravo, ocurrido en julio de 2011 cuando la víctima se encontraba en posesión de 10 mil dólares americanos, fue otro de los sucesos que tuvo bastante repercusión mediática. La víctima estuvo secuestrada por 4 días y finalmente pudo ser rescatada por la Policía y se aprendió a tres personas. En este caso, el énfasis de las noticias estuvo en la relación familiar que tiene el esposo de la víctima, Alfredo Von Borries, con el Dr. Jorge Von Borries, quien en ese entonces ejercía como Presidente de la Corte Suprema de Justicia. Repetidamente las notas sobre el tema mencionaron este parentesco: “Asalto y secuestro estremece a la familia Von Borries” (El Mundo 1-07-11); “No encuentran a la esposa de Von Borries” (El Día 3-7-11); “…Von Borries es sobrino del Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Von Borries y al momento del suceso su esposa tenía alrededor de 10 mil dólares”(La estrella 3-7-11). En este caso hubieron otros datos sorprendes como el hecho de que un ex teniente de Policía  y un  ex funcionario del Ministerio de Gobierno que pertenecieron a este despacho en el 2008, fueron detenidos como parte del grupo que secuestró a Adriana Ribera. Dos personas aprendidas por este caso también fueron acusadas de estar involucradas en el caso de intento de homicidio al abogado Denver Pedraza.

En el caso del intento de homicidio  contra el abogado Denver Pedraza, sucedido en julio del 2011 en las afueras del Palacio de Justicia de Santa Cruz cuando un sicario disparó nueve balazos contra el abogado, de los cuales dos proyectiles lograron impactarle en el cuerpo; los diarios La Estrella del Oriente y El Mundo destacaron el hecho de que haya salvado su vida por un celular: “Celular salva la vida del abogado Denver Pedraza” (El Mundo 19-07-2011); “Abogado baleado se salvó gracias a su celular”  (La Estrella del Oriente 19-07-2011). Por su lado, los diarios El Deber y El Día pusieron énfasis en la trayectoria  y desempeño profesional de la víctima: “Balean a polémico abogado” (El Día 19-07-2011); “Apoyado y resistido en su labor”  (El Deber 19-07-2011); “Balean a un abogado de casos de narcotráfico” (El Deber 19-07-2011). En este caso, también se acusó a un teniente de la Policía como autor intelectual del hecho.

El porqué y las causas de la violencia. Al igual que los demás tipos de noticia, la noticia sobre seguridad ciudadana, sigue una pauta orientada por las preguntas clásicas: ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? y ¿Por qué? Las noticias generalmente están compuestas por al menos tres de las cinco primeras preguntas; sin embargo, resolver la sexta, es decir, el por qué, las causas por las cuales ocurren los hechos de delitos y violencia, requiere de un análisis que conlleve investigación, profundidad, documentación y contextualización, que son otros de los estándares de calidad del periodismo propuestos por el ONADEM.
Problemas estructurales como la pobreza y desigualdad social  inciden en el incremento de los hechos delictivos; en este sentido, se analizó si en las noticias sobre inseguridad se explicaba también el contexto social y económico de los hechos. En los resultados, la gran mayoría de las notas no explican este contexto. Los diarios que tuvieron un mayor porcentaje de notas donde se explicaba el contexto fueron El Deber y El Día en el 10% y 18 % de sus notas, respectivamente. La Estrella del Oriente sólo lo hizo en el 1 % y El Mundo en el 3 % de sus notas. El estudio analizó también si en las notas periodísticas se mencionaban investigaciones sociales sobre inseguridad ciudadana, pero se evidenció que un muy bajo porcentaje de notas mencionaban investigaciones sobre este tema. La Estrella del Oriente lo hizo sólo en el 1% de sus notas, El Mundo en un 3% de sus notas; El Día y El Deber fueron los diarios que utilizaron más estos datos en el 8 % y 14 % de sus notas, respectivamente.

El patriarcado y la violencia de género. El patriarcado es el conjunto de creencias que suponen que los hombres son superiores a las mujeres y que por lo tanto pueden someterlas, maltratarlas, imponerles un tipo de conducta y un rol que cumplir en la sociedad, considerando incluso que el hombre tiene derecho de propiedad sobre las mujeres. La vigencia de este sistema de creencias es tan fuerte que incluso muchas mujeres lo comparten y aceptan vivir en una relación de opresión injusta y violenta que consideran “normal”. Los medios de comunicación, como productores de discursos que llegan a un público amplio, pueden contribuir a fomentar, mantener o desvirtuar este y otro tipo de creencias.

En este sentido, se analizó con qué enfoque se mostraban los delitos de violencia de género en los diarios.  En los resultados se vio que los diarios La Estrella del Oriente y El Deber en la mayoría de sus notas (87 % y 62 %, respectivamente) mostraron el hecho como un atentado contra los derechos de las mujeres. Por otro lado, en la mayoría de las notas de los diarios El Mundo y El Día (67 % y 100 %, respectivamente) se presentaron los hechos de violencia de género como un delito más de la sección de seguridad. Es decir, no hubo un análisis sobre la vulneración de los derechos de las mujeres como personas.

Por otro lado, en las notas sobre hechos de violación, trata y tráfico de personas se encontraron algunos errores, como por ejemplo llamar Prostitución Infantil a la Violencia Sexual Comercial o Explotación Sexual Infantil contra niños, niñas y adolescentes (7). La prostitución se concibe como una actividad que implica la compra y venta de servicios sexuales entre personas adultas y de manera voluntaria;  en el caso de los infantes no se trata de prostitución sino de actos de violencia y delito. Algunos de esos errores fueron los siguientes: Titular: “Banda que prostituía a menores hoy irá ante el juez” (El Mundo 1-07-11); Titular: “Una proxeneta cobraba hasta Bs. 2.000 para prostituir niñas” (El Deber 1-7-11); Titular: “Atrapan al "cliente fijo" que pagaba por las niñas para violarlas”. Texto: … “detención de las cuatro personas que serían parte de una red de prostitución infantil”. “Se montó otro operativo para dar con el cliente fijo en Santa Cruz” (La Estrella 01-07-11). En el caso de esta última noticia, no puede hablarse de “clientes” sino de violadores.

La falta de investigación, análisis y documentación sobre las causas estructurales y consecuencias probables de la violencia, provoca un deficiente o inexistente periodismo de investigación. El periodista se queda sólo con lo que dice la autoridad (fiscal o policía) y no recurre a otras fuentes que pueden enriquecer la nota. Hace falta el análisis de las causas estructurales y las posibles consecuencias de la violencia. En los medios se relata la violencia visible o violencia directa, pero no se hace una análisis de la violencia estructural proveniente de la desigualdad social, y la violencia cultural que proviene de creencias como el machismo, racismo, homofobia, entre otros. Tampoco se hace diferenciación entre los hechos delictivos y temáticas tan preocupantes como la violencia de género.

Si bien las características de la cobertura periodística a la inseguridad, mencionadas anteriormente, son las más frecuentes en las noticias, no quiere decir que no haya en los medios analizados buenas propuestas de periodismo de investigación con altos estándares de calidad. Ahora es tarea de los periodistas, de los medios, de las instituciones y la sociedad civil, apoyar estos esfuerzos dado que los medios como actores sociales pueden favorecer procesos de formación ciudadana, convivencia pacífica y seguridad ciudadana tanto a través del análisis y difusión de las causas estructurales como de la exploración de posibles soluciones.

------
(1) Corresponsal del Observatorio Nacional de Medios (ONADEM)/Fundación UNIR Bolivia,  para trabajar en Santa Cruz y Tarija.
(2) Giró,  Martí Xavier. Los medios y la cobertura de la violencia ciudadana en Revista Lazos, Año 6, Nº 9, 32-39. La Paz, Fundación UNIR Bolivia: 2011, p. 32
(3) Bernardo Poma. Estándares de calidad en la autorregulación periodística boliviana en Medios a la Vista 2. La Paz, ONADEM-Fundación UNIR: 2011, p. 233.
(4) Rey, Germán. El cuerpo del delito. Representación y narrativas mediáticas de la seguridad ciudadana. Colombia, Centro de Competencia en Comunicación para América Latina: 2005, p. 33 www.c3fes.net.
(5) Organización de la Naciones Unidas. Declaración Universal de Derechos Humanos, Art. 11.1. 1948
(6) Dastres et al. La construcción de noticias sobre Seguridad Ciudadana en prensa escrita y televisión. ¿Posicionamiento, Distorsión o Comprensión?. Santiago, Universidad de Chile- Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana. 2005, p.12.
(7) Agencia Nacional de Noticias por los Derechos de la Infancia- Anni Bolivia. Manual de Tratamiento Periodístico de la Violencia Sexual Comercial. Bolivia. 2006 

----
Pueden descargar el informe completo de la investigación aqui
Representaciones de la seguridad ciudadana en la prensa cruceña