Vania
Sandoval Arenas[1]
La paz no sólo es la ausencia de
guerra si no que contempla la desestructuración de todos los tipos de violencia
incluyendo la simbólica. Desde el Observatorio Nacional de Medios (ONADEM) de
la Fundación UNIR Bolivia se propone a la comunicación democrática, como un
componente esencial de la cultura de paz.
La comunicación democrática es el proceso de interacción entre
personas, grupos, sectores sociales, instituciones, regiones y/o culturas que
hace posible tanto el diálogo como la deliberación sobre temas de interés
común. Se establece como un componente esencial y estratégico para avanzar
hacia una sociedad equitativa, pluralista y participativa con capacidad para
promover el acceso ciudadano a la información y al conocimiento, y para que los
medios de comunicación ejerzan su labor orientada a la convivencia pacífica,
democrática e intercultural (Erick Torrico, 2013).
Este proceso de interacción es un
derecho de todos los seres humanos, y va más allá del rol de los medios de
comunicación para formar parte de la misma convivencia ciudadana en la búsqueda
de la equidad de todos los actores
sociales. Se expresa en el Derecho a la Información y la Comunicación (DIC), un
derecho integral que incluye principios que posibilitan el ejercicio de otros
derechos individuales y colectivos. Libertad, no discriminación, pluralismo,
inexistencia de censura previa, respeto de la intimidad, acceso a medios,
participación, interés público y protección de derechos forman parte de los
principios del DIC. Los medios de información son fundamentales para el
ejercicio de este derecho aunque constituyen
sólo un aspecto del mismo.
En este artículo se presentará
una reflexión poniendo el foco en los medios de información en el contexto
boliviano actual, mostrando algunos desafíos pendientes para avanzar hacia una
comunicación democrática.
El Derecho a la Información y la Comunicación (DIC)
La Constitución Política del
Estado Plurinacional boliviano, vigente desde el 2009 incorpora en su Art. 106 al Derecho a la
Información y la Comunicación (DIC), lo cual constituye un avance significativo
para Bolivia. El desafío actual está en lograr que la normativa que se construya
a partir de la CPE no lo vulnere y más bien lo consolide y operativice.
El ejercicio de una ciudadanía
activa y participativa requiere acceder a la información generada por todos los
niveles de gobierno, así como de otras
instituciones que reciben y administran recursos públicos. El acceso a la
información pública debe garantizarse y normarse. Actualmente existe un
proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública elaborado por el Ministerio
de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, que está siendo
analizado en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Este proyecto incluye artículos
que necesitarían ser cambiados para que la norma sea coherente con su enunciado
espíritu de transparencia, por ejemplo el que clasifica como información
reservada a los estudios de impacto ambiental (imprescindibles para que actores
como los pueblos indígenas tomen decisiones respecto a su territorio), o el que
señala que por Decreto o Ley en cualquier momento puede clasificarse como
reservada determinada información (más allá de las lógicas excepciones ya establecidas
por el mismo proyecto de Ley).
Este proyecto de Ley es sólo un
ejemplo de normas que merecen más debate ciudadano, en el que también deben
estar involucrados los periodistas. Si
bien ellos no son los únicos que necesitan acceder a información pública, son
los que trabajan cotidianamente con este bien público y necesitan generar
noticias e investigaciones que aporten a la interacción de la sociedad civil
con el Estado, para posibilitar una democracia participativa.
Agresiones a periodistas
El trabajo periodístico no puede
estar desprotegido y expuesto a las agresiones de todos los actores del
conflicto social. A lo largo de siete años de seguimiento y análisis a las
agresiones a periodistas en Bolivia, en el ONADEM se ha encontrado que los
ataques físicos a los trabajadores de la información en su mayoría están
ligados a la cobertura de protestas y movilizaciones sociales.
En el año 2012, el gobierno nacional,
como actor más demandado por los actores que protagonizaron medidas de presión, decidió desplegar a la
policía para impedir, en ocasiones, que las marchas ingresen a la Plaza Murillo
y desmovilizar las protestas. En ese sentido, la policía fue la mayor agresora
de los periodistas que precisamente estaban cubriendo tanto la movilización
como la desmovilización, con el 31% de las denuncias por agresión en su contra.
La impunidad en la que permanecen
las agresiones a periodistas puede explicar en parte el hecho de que cada vez
se denuncian menos las agresiones ante la fiscalía. En el año 2009 el 15% de
las denuncias que se publicaban en los medios eran denunciadas a esta
institución, el año 2010 el 10%, el año 2011 el 5% y el año 2012 sólo el 3%.
Regulación y Autorregulación
Es necesario que se combinen la
regulación y la autorregulación periodística para garantizar el ejercicio del
DIC en lo concerniente al trabajo periodístico, preservando también derechos
ciudadanos. Eso significa por ejemplo, respetar la intimidad de todas las
personas, a la vez que posibilitar que los periodistas puedan trabajar sin
censura. Es necesaria la regulación para garantizar que no se vulneren derechos
humanos establecidos en la CPE y otras leyes, por ejemplo es necesario proteger por Ley a las niñas, niños y y adolescentes.
La autorregulación comprende el
ámbito de los contenidos éticos del trabajo periodístico. En Bolivia es
necesario generar una sinergia entre los gremios periodísticos y los medios de
comunicación para que la autorregulación
que funcione efectivamente, y todos los ciudadanos, incluidos
funcionarios públicos y por supuesto periodistas, puedan confiar en Tribunales Independientes (como el
Tribunal Nacional de Ética periodística) y acatar sus resoluciones.
Cobertura de conflictos y violencia
A partir de investigaciones realizadas
por el ONADEM, en casos de cobertura periodística de la violencia y delitos,
por ejemplo contra las mujeres, por lo general no se hace referencia a patrones
estructurales o relaciones de poder que complejizan el asunto. Puede citarse,
por ejemplo, la cobertura del tristemente célebre caso de la presunta violación
a una funcionaria en la Asamblea Departamental de Chuquisaca ocurrido en
diciembre de 2012 y que fuera denunciado en enero de 2013.
En medios audiovisuales, en
particular, además de mostrar imágenes que no respetan los derechos de niños
niñas y adolescentes, así como otros sujetos y víctimas de delitos, se generan o
refuerzan juicios anticipados, información que mezcla rumores con información
confirmada, no se contextualiza ni se
aborda el tema de la violencia y el delito como problemáticas estructurales, sólo información fragmentada con
énfasis en lo morboso.
Medios y conflictos
Incorporando a esta reflexión los
hallazgos de varios trabajos del ONADEM, y sin pretensión de generalizar se
puede señalar que muchas noticias y buen número de editoriales, en eventos
relevantes de la coyuntura boliviana como elecciones, conflictos con medidas de
presión en temas sensibles entre regiones, informaciones sobre violencia
simbólica o física, no contribuyeron a tender puentes entre los actores
polarizados, presentando al “otro” (por ejemplo gobierno u oposición) como
antagonista portador de todos los valores antidemocráticos, y, por lo tanto,
como un actor “ilegítimo” que estaría descalificado y no sería válido para
establecer una relación democrática entre adversarios políticos. El discurso
maniqueo (A vs B) no permite visibilizar a otros actores involucrados en el
conflicto. Como decía el conflictólogo sueco Johan Galtung, hay medios que se dedican a fomentar el
maniqueísmo en la representación noticiosa de los hechos y a la reducción de
las ideas fuerza en el campo político a solamente dos, excluyentes entre sí.
Evitando caer en
generalizaciones, se sostiene que existe poca diferencia entre el discurso de
los actores políticos polarizados y la representación de los mismos en buen
número de medios de información. Este
tipo de cobertura informativa no está relacionada con el periodismo para la
paz, que cuestiona la cobertura del tipo “nosotros Vs. ellos”, así como la
cobertura que expone “las mentiras del otro” y ayuda a “nuestras mentiras/
encubrimientos”. La propuesta de cambiar el enfoque y trabajar por un
periodismo de paz se sustenta en dotar a los periodistas de un nuevo rol
protagónico: contribuir a transformar los conflictos y a evitar desenlaces
violentos.
Los desafíos presentados ─y otros no citados acá─ convocan a
periodistas, gremios, universidades, organizaciones sociales e instituciones de
todos los niveles del Estado, a trabajar de manera conjunta vigilando la
construcción de normas que garanticen el DIC pero también realizando aportes
desde la cultura ciudadana avanzando hacia una comunicación democrática,
construyendo paso a paso una cultura de paz.
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