PERIODISTAS DE SANTA CRUZ ANALIZARON LOS AVANCES Y RETROCESOS DEL DIC

Cecilia Banegas Flores
cbanegas@unirbolivia.org

En Bolivia actualmente hay un retroceso en el marco legal sobre el Derecho a la Información y Comunicación (DIC). Esa fue una de las conclusiones a las que llegaron los representantes de los gremios del periodismo y la comunicación de Santa Cruz en un conversatorio de análisis organizado por el Observatorio Nacional de Medios (ONADEM) de la Fundación UNIR Bolivia el pasado 16 mayo.

Los periodistas y comunicadores coinciden en que si bien, con la nueva Constitución Política del Estado (CPE), hubo avances importantes al ser Bolivia uno de los primeros países que incluye el DIC como un derecho constitucional, actualmente con las nuevas leyes promulgadas por el Estado, este logro se ha disminuido.

Para Julio César Caballero, presidente del Tribunal de Honor de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, el Art. 106 de la CPE “fundamenta el régimen de garantías donde el Estado actúa como sujeto activo en la protección de las libertades fundamentales de informar en todos sus procesos”. Según Caballero los Art. 106 y Art.107 de la nueva CPE son garantía de la libertad de información para el gremio periodístico y para la sociedad civil en su conjunto.

Según Martha Paz, presidenta de la Asociación Boliviana de Carreras de Comunicación Social, a través de la CPE el país logró un avance importante al ser uno de los primeros en el mundo que incluye el DIC en su Constitución. Sin embargo, Paz afirmó que hay errores conceptuales sobre este derecho, puesto que prevalece en la CPE “una visión que limita la comunicación a los medios, puesto que se habla de comunicación en función a la prensa, televisión y radio y la comunicación en realidad va más allá”. Tomar en cuenta sólo a los medios en la legislación sobre comunicación, podría interpretarse como la generación de un espacio para el control de los medios, afirmó.

Para Erick Torrico, coordinador nacional del ONADEM, la presencia del DIC en la CPE representa un avance pues existe una diferencia cualitativa enorme con las anteriores Constituciones. “Se ha abierto el horizonte al DIC como un derecho integral, pensándolo como un derecho compuesto por varias libertades y responsabilidades” afirmó. Torrico coincidió con Marta Paz en que la definición de la CPE sobre el DIC es limitante a los medios de comunicación y el espacio periodístico. La CPE no termina de expresar lo que es el DIC, es decir, un derecho que no se limita sólo a los medios, sino un derecho integral que concierne a todas las personas.

Julio César Caballero y Martha Paz coincidieron en que la inclusión de la autorregulación en la CPE es un avance en el marco legislativo del DIC y que puede ser la base para la creación de una ley que norme el trabajo periodístico y la gestión de los medios de comunicación. Para Caballero, la CPE a través de su Art. 107 ha configurado el escenario propicio para la correcta aplicación de los códigos deontológicos del periodismo y propone que éstos sean la base para la redacción de la futura ley que norme el trabajo periodístico y el funcionamiento de los medios de comunicación. Dijo que “es absolutamente necesario aportar con la reglamentación del principio constitucional de la autorregulación, cuyas bases son los códigos deontológicos que deben ser convertidos al derecho positivo para reglamentar los alcances de la autorregulación en la futura “´ley del ejercicio del periodismo’, y que complementaría la Ley de Imprenta sin expulsarla del sistema jurídico”.

Por su parte Martha Paz señaló que se debe hace notar que la autorregulación se aplica al trabajo del periodista y que es fundamental para el manejo de la información, sin embargo esto no lo es todo. Afirmó que es importante actualizar las leyes y no aferrarse a la de Imprenta, sin racionalizar, ni considerarlo todo como un atentado contra la libertad de expresión. “No debemos aferrarnos a la Ley de Imprenta y la libertad de imprenta, cuando realmente es una ley que necesita ser actualizada”, señaló.

Sobre la situación del DIC en el actual marco legal del Estado Plurinacional, los representantes de las distintas instituciones de la Prensa y Comunicación en Santa Cruz, coincidieron en que hay un gran retroceso. Para Juan Carlos Peña, representante del Colegio de Comunicadores, en la normativa boliviana actual “sólo existen avances para el gobierno, y nada para los ciudadanos” y afirmó que es “más bien un retroceso cotidiano, porque nos encontramos restringidos en nuestro derecho a conocer la verdad en todos los aspectos”.

Por su parte, Roberto Carlos Hurtado, secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Prensa de Santa Cruz, sostuvo que la Ley del Régimen Electoral vulnera a la misma CPE violando el Art 21 y el Art. 106, puesto que también son ciudadanos los postulantes a las elecciones judiciales. Sobre la Ley Antirracismo indicó que los periodistas no desean que haya racismo, sin embargo no están de acuerdo con el Art. 16 y el Art. 23 que sanciona al periodista. Respecto a esa misma ley, Juan Carlos Peña, afirmó que trae tres consecuencias concretas: “censura para los medios de comunicación; autocensura para los periodistas y para la población y la opinión pública mordaza”.

Otro obstáculo al DIC que genera la Ley Antirracismo es que el Art. 16 y el Art. 23 y las manifestaciones de rechazo por parte del gremio periodístico, llevaron a que se genere en la opinión pública la dicotomía de libertad de expresión versus censura, convirtiendo este derecho en algo que sólo tendría que ver con los periodistas. Sin embargo, el DIC debe comprenderse como un derecho integral y de todas las personas, no sólo de los periodistas. Erick Torrico manifestó que es preocupante que el gremio periodístico reduce el DIC a la libertad de expresión dejando afuera a la ciudadanía.

La inconstitucionalidad de las leyes que atentan contra el derecho constitucional a la Información y Comunicación fue otro de los temas planteado por los periodistas. Según Julio César Caballero, la Ley contra el Racismo y Discriminación, la Ley del Régimen Electoral y el proyecto de Ley de Telecomunicaciones son inconstitucionales, pues son normas de menor jerarquía que la CPE; sin embargo, pasan por encima de ella violando el principio de jerarquía normativa. Juan Carlos Peña coincidió con Caballero en que estas leyes atentan contra la CPE y además contra el “Bloque de Constitucionalidad”, que se refiere a que también se violan los convenios y tratados internacionales, a los que está adscrito el Estado y que reconocen estos derechos y libertades, puesto que los tratados internacionales tienen rango de mandato constitucional aunque no aparezcan en las leyes del país.

Para Peña la Ley del Régimen Electoral viola el derecho a la información y comunicación al no permitir a los candidatos a magistrados a manifestar su opinión sobre su postulación ni participar en los medios. Con esto se viola las libertades de libre expresión, pensamiento y opinión de los candidatos como ciudadanos, dijo. Por otro lado, sostuvo que también se atenta contra la libertad de expresión de los medios de comunicación, pues están sujetos a sanción y prohibidos de difundir información que no sea la producida por el Órgano Electoral y de generar espacios de opinión sobre los postulantes.

Erick Torrico manifestó que la modificación realizada a la Ley del Régimen Electoral, a raíz de la petición del presidente Morales, tras las manifestaciones de rechazo del gremio periodístico, dejó la ley peor de lo que estaba, puesto que del Art. 82 se derogaron los incisos que prohibían a los postulantes acceder a entrevistas en los medios de comunicación y que prohibían a los medios difundir documentos distintos a los del Órgano Electoral, sin embargo y contradictoriamente a esto, se mantienen los incisos que prohíben a los medios generar espacios de opinión de ninguna índole sobre los postulantes y el Art. 84 donde se establecen las sanciones a los medios que violen el régimen especial de propaganda para los procesos de elección de autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional difundiendo información distintas a la preparada por esta instancia.

Por otro lado, la modificación del Art. 82 de la Ley del Régimen Electoral, también eliminó el parágrafo IV que prohibía a las autoridades o instituciones públicas emitir opiniones o realizar acciones que favorezcan o perjudiquen a alguna de las postulaciones. Con esta modificación “se restringe a la opinión pública, pero se le da toda la libertad a los funcionarios públicos y autoridades a emitir opiniones o realizar acciones que favorezcan o perjudiquen las postulaciones”, afirmó Juan Carlos Peña. Por su parte, Erick Torrico indicó sobre este punto que ahora sí se puede hacer campaña desde el gobierno y en el inicio la idea era evitarla. “La presunta modificación de la Ley del Régimen Electoral y su Art. 82 pone en cuestión la confianza en el voto”, afirmó.

Respecto al proyecto de Ley de Telecomunicaciones los expositores plantearon dos críticas: por un lado, Peña afirmó que se pretende comprometer el criterio editorial de los medios y restringir la libertad de prensa, a través de una imposición que obligaría a emitir en cadena nacional todos los discursos del presidente, lo que sería dar licencia sin límites para la propaganda gubernamental. Por otro lado, Abel Ticona, Representante de CEFREC, aseveró que con la distribución de frecuencias que plantea el anteproyecto de ley de telecomunicaciones, que establece 20 % para medios ligados al Estado y 80 % para medios comerciales “se desconoce a otras formas de comunicación desde los pueblos indígenas”; es decir, que quedan fuera de la distribución los medios comunitarios. Por otro lado, siendo las frecuencias comerciales adjudicadas a través de licitaciones, Ticona cuestionó el hecho de que sea el capital económico la única condición para acceder a una frecuencia.

A pesar de que el Estado avanzó en la legislación sobre comunicación y fue vanguardista al ser unos de los primeros países que establece en su CPE el Derecho a la Información y Comunicación, con las últimas leyes —como la ley antirracismo, la Ley del Órgano Judicial, la Ley del Régimen Electoral y el proyecto de Ley de General Telecomunicaciones—, se está violando la CPE y los tratados y convenios internacionales que protegen el Derecho a la Información y Comunicación, que incluye las libertades de expresión, pensamiento y opinión, entre otras. Como afirmó Torrico: “estamos en riesgo de un retroceso; el Derecho a la Información y Comunicación se está fragmentando pues se desarrolla una normativa dispersa, que podría hacer que principios y libertades sean vulnerados. El DIC está indefinido, confuso y debe ser definido y no será resuelto con esta distribución de normas en varios segmentos. El DIC debe ser entendido como un derecho integral”.

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Cecilia Banegas Flores es corresponsal del ONADEM en la Distrital 2 de la Fundación UNIR que trabaja en los departamentos de Santa Cruz y Tarija.

EN LOS MEDIOS DE LA PAZ Y EL ALTO: SE HABLA, PERO NO SE LEE AYMARA

Bernardo Poma Ulo

Entre los medios de información radiofónicos y televisivos de las ciudades de La Paz y El Alto se puede hallar una gama de formatos y contenidos de programación en idioma aymara, lo que, sin embargo, contrasta con la falta de al menos un periódico que permita leer noticias impresas en ese idioma nativo en las dos mayores urbes andinas de un país con cerca de un millón y medio de aymara hablantes .

En efecto, en un total de 17 medios estudiados de ambas ciudades —entre septiembre y octubre de 2010— sólo los televisivos y de radio ofrecieron y presentaron programación en aymara. Entre ellos, destacó una mayoría de 11 radioemisoras (65%) en relación a 6 canales de televisión (35%) que difunden algún programa o segmento en aymara.

El estudio hecho al respecto por el Observatorio Nacional de Medios (ONADEM) tuvo el objetivo de explorar y clasificar la oferta mediática en aymara en esas dos ciudades para después caracterizar específicamente los programas de carácter periodístico. Cabe señalar que la muestra inicial y total de 17 medios fue determinada por la exploración previa de las parrillas de programación y luego por la posibilidad técnica de grabación de los que presentaron efectivamente programas periodísticos.

 

En la muestra, presentaron alguna programación en aymara 10 medios paceños (59%), distribuidos entre 6 radioemisoras y 4 canales de televisión. Por tanto, el número de 7 medios alteños observados —con programación en ese idioma nativo— resultó menor (41%), los cuales, a su vez, se distribuyeron en 5 radioemisoras y 2 televisoras.

No obstante el menor número de medios alteños observados, éstos emitieron una notoria y mayoritaria cantidad de 53 programas en aymara (79%), en tanto que los paceños sólo un poco más de la quinta parte (14 programas, 21%) del total contabilizado en ambas ciudades (67 programas, 100%).

 

Diversos formatos, poco periodismo

La exploración inicial de esos 67 programas en aymara difundidos por los medios de La Paz y El Alto mostró una gama diversa de estructuras, contenidos y formatos. Para encarar esa diversidad se estableció una tipología con dos categorías que diferenció los programas con producción periodística de aquellos otros cuya forma y contenido no se ajustan al tratamiento noticioso de los temas presentados.

En esa categorización se pudo establecer que los programas periodísticos constituyeron menos de la cuarta parte (16 programas, 24%) de la oferta en aymara respecto de los otros contenidos que sobrepasaron las tres cuartas partes de la oferta (51 programas, 76%).

 

En la categoría mayoritaria de los otros programas, que no se ajustaron a la formalización periodística en aymara, la tipología más frecuente fue la de variedades (41%), esto es, los que presentaron información con una alta proporción de opinión (comentarios o diálogos informales de o entre los presentadores) y matizada, en ocasiones, con música. En este grupo fueron catalogados también algunos programas que presentaron noticias en español y que las comentaron en aymara.

En segundo término, se encontró a los programas cuya conducción fue en aymara pero para la difusión exclusiva de música (27%).

Un grupo de programas conducidos en aymara fue el de los producidos por instituciones que se identificaron expresamente (institucionales, 22%). Entre éstos, el que tuvo mayor difusión fue el micro-informativo del Gobierno Municipal de La Paz (“Buenas noticias para La Paz”) que tiene un segmento en aymara y fue emitido en 8 de los medios observados tanto de La Paz como de El Alto y en diferentes horarios. También se registró los programas del Centro de Educación y Comunicación para Comunidades y Pueblos Indígenas (CECOPI) y del Centro de Desarrollo Integral de la Mujer Aymara Amuyta (CDIMA) que fueron difundidos por dos radioemisoras de El Alto. Cabe señalar que estos programas, además de informar, cumplen con la función de preservar y difundir la imagen corporativa de la institución correspondiente.

Otro grupo de programas, los menos frecuentes (10%), no sólo concentraron sus contenidos en temáticas específicas sino que las dirigieron a la orientación de su audiencia. Fueron 5 programas todos presentados por 3 radioemisoras de El Alto, que abordaron temas jurídicos y agropecuarios (en radio Pachaqamasa), de Derechos Humanos y autonomías (en San Gabriel) y de salud (en Wiñay Jatha).

Aunque en otro artículo se detallarán las características de los programas periodísticos en aymara, hasta aquí se puede enfatizar y adelantar que menos de un cuarto de los programas de radio y televisión en este idioma resultó con estructura y formalización noticiosa. Además, como se dijo, el periodismo en aymara se vio disminuido aun más por la falta de siquiera un periódico en este idioma en la concentración urbana más grande no sólo del altiplano boliviano sino del país: las contiguas La Paz y El Alto. Un medio periodístico impreso con al menos una sección en aymara resultaría así necesario si se entiende que la mayoría de hablantes de este idioma nativo está ubicada en el altiplano paceño.

SIMULACRO DE DERECHO

Por Erick R. Torrico Villanueva

Un simulacro, dice el diccionario castellano, es “la acción por la que se aparenta algo”, y es justamente eso lo que el gobierno, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y el Órgano Electoral le han hecho vivir al país en los últimos días a propósito de los anuncios de modificar el “régimen especial de propaganda” para las elecciones del Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional establecido en los artículos 80 al 84 de la Ley del Régimen Electoral.

Luego de desconocer o de descalificar las críticas y los reclamos que generó el conjunto de prohibiciones fijado por ese régimen —que al impedir que los candidatos, los medios de difusión y la ciudadanía hablen sobre ese proceso electoral vulneran las libertades de expresión, opinión e información y atentan contra el Derecho a la Información y la Comunicación constitucionalizado en 2009—, finalmente el Órgano Ejecutivo, mediante el presidente Evo Morales que dijo haber “escuchado al pueblo” otra vez, admitió de manera indirecta que había cosas que arreglar en esa norma y pidió a la ALP que procediera a hacer los ajustes correspondientes.

El acelerado trámite para dar curso a las modificaciones supuso la inmediata elaboración de una propuesta por el Tribunal Supremo Electoral, la cual fue aprobada tanto por la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de la Cámara de Diputados como por la mayoría oficialista del pleno de dicha Cámara que, a su turno, acataron el instructivo presidencial. Sin embargo, el desconcierto surgió tras conocerse el texto y el carácter de las modificaciones introducidas en el ya citado régimen.

Por un lado, ese anteproyecto de ley deroga las disposiciones que impedían a los candidatos hablar de sus postulaciones y participar en espacios periodísticos de entrevista, pero al mismo tiempo mantiene las barreras que evitarán que los candidatos participen en programas mediáticos bajo riesgo de inhabilitación. Por otro lado, y en una nueva contradicción, libera la posibilidad de que los medios puedan opinar, “en forma positiva o negativa”, sobre los candidatos, a la vez que confirma la prohibición de que haya espacios de opinión en los medios.

Sin embargo, ahí no acaban las incoherencias. El referido anteproyecto legal permite a los medios publicar información sobre las candidaturas que sea distinta a la que oficialmente difundirá el Órgano Electoral, aunque a la vez deja sin modificación el artículo sobre la “Difusión de méritos”que otorga al Tribunal Supremo Electoral la condición de “única instancia autorizada para difundir los méritos de los postulantes seleccionados”. Y algo más interesante aún, como también mucho más preocupante, es que mientras ratifica que “ninguna persona particular, individual o colectiva, organización social, colegiada o política, podrá realizar campaña o propaganda a favor o en contra de alguna o algún postulante”, da la opción a las autoridades e instituciones públicas de poder “emitir opiniones o realizar acciones que favorezcan o perjudiquen a alguna de las postulaciones”.

En consecuencia, los cambios introducidos en el “régimen especial de propaganda” no sólo que no modifican nada de la situación previa de limitación del Derecho a la Información y la Comunicación sino que inclusive la empeoran; he ahí el simulacro. Lo que se tiene como resultado de ese juego de apariencias es el establecimiento de un semi-derecho, extraña figura que quizá sólo nacería en el seno de una semi-democracia.

QUE MUERAN LOS MEDIOS

Erick R. Torrico Villanueva

A diferencia de la sociedad retribalizada por las tecnologías comunicacionales que el pensador canadiense Marshall McLuhan imaginó en la década de 1960 –la “aldea global”–, algunos ideólogos actuales del comunitarismo en Bolivia parecen considerar que más bien de lo que se trata es de hallar formas de prescindir de esos recursos que, en su perspectiva, casi resultarían obstaculizadores no sólo del añorado proceso de recomponer la solidaridad y la convivencia aldeanas en el plano doméstico sino además del avance mismo de la democracia.

Esa quizá sea una de las explicaciones para que el gobierno, a tiempo de ratificar en la Ley del Régimen Electoral la vigencia del Derecho a la Información y la Comunicación reconocido en la Constitución de 2009, haya adoptado paradójicamente unas reglas de juego electorales que anulan toda posibilidad de que los votantes se informen y opinen de manera abierta, pues ni los medios masivos ni la Internet o la telefonía celular deberán ser utilizados para esos propósitos (seguramente detestables) durante el período en que se elija a las nuevas autoridades del ámbito judicial.

 

Esa norma que conducirá al país a una innegable etapa oscurantista, aprobada en julio de 2010, impide la circulación de toda información o juicio respecto a los candidatos a los cargos del Tribunal Constitucional Plurinacional, el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura. Los artículos 82 al 84 de esa ley son la más patética evidencia de que el Estado decidió convertirse en un gran censor, irónicamente para preservar la transparencia y equidad de esa sui géneris elección. Pero, ¿cómo se resuelve la contradicción de querer proteger derechos y libertades al tiempo que se los vulnera? La única respuesta posible es que hace falta apelar a sofismas.

 

Y los proveedores de argumentos para que esa estrategia de la falacia funcione no se dejaron esperar. Por ejemplo, mientras la Constitución prohíbe a los postulantes “realizar campaña electoral a favor de sus candidaturas” (Art. 182, numeral III), la ya referida ley extendió el veto al trabajo periodístico, equiparando propaganda con información. O mientras esa misma Constitución habla indistintamente de postulantes o candidatos, ahora el lenguaje oficial prefiere borrar la segunda opción para intentar enfatizar una desvinculación entre el futuro hecho eleccionario y el proselitismo. Mas ahí no termina todo, pues ya hubo incluso quien afirmó que sí sería posible desarrollar un amplio debate público sobre el tema “más allá de los medios”, seguramente trasmutando la geografía nacional en un ágora ilimitada, idea absurda por irrealizable.

Así, “en defensa del honor, la igualdad y la democracia”, la selección por voto popular de los candidatos pre-calificados por la mayoría política de la Asamblea Legislativa Plurinacional será apenas una convalidación formalista y desinformada de las decisiones parlamentarias, a la vez que representará un momento de “agonía” para los medios. Pero estos serán males menores frente a la imposición de la censura y la represión de la palabra, gravísima situación que empeorará con una lógica pérdida de confianza en el voto y con la consiguiente deslegitimación de origen de las autoridades que resulten electas. En resumen, ¡que mueran los medios!, pero que haya conciencia en los responsables del poder respecto a que ese deceso supondrá también el desfallecimiento de la democracia.

etorrico@unirbolivia.org

EL DESAFIO DE HACER PERIODISMO EN IDIOMAS NATIVOS

Santiago Espinoza A.*

En un país que se asume intercultural y reivindica su pluralismo lingüístico, no debería ser tan extraño abrir un periódico y encontrar un extenso reportaje redactado en quechua. Sin embargo, lo es. Más allá de su reconocimiento constitucional y de su vigencia cultural, el quechua -como los otros idiomas nativos que la Carta Magna señala como oficiales del Estado boliviano- continúa ocupando un lugar muy marginal en la estructural institucional del país. Y cuando nos referimos a la estructura institucional, estamos hablando también de los medios de comunicación, donde los idiomas nativos tienen una presencia imperceptible, sobre todo, en los medios masivos urbanos.

De ahí que, al abrir la edición del diario Opinión del domingo 27 de marzo pasado, no haya sido menor la extrañeza del que escribe al percatarse de que las páginas 12 y 13 A del matutino eran ocupadas por un largo reportaje escrito, casi por completo, en quechua (el segundo idioma más hablado en Cochabamba y en Bolivia luego del castellano). “Manchachikuyta chinkachina tiyan ama qisachay kananpaq”, rezaba al titular que abría el reportaje (traducido como “Tenemos que perder el miedo para eliminar la discriminación”) firmado por Zulma Camacho (periodista de planta de Opinión) y Eufrocina Soto (integrante de la Academia Regional de Quechua-Cochabamba).

Desde el año pasado, el Observatorio Nacional de Medios (ONADEM) de la Fundación UNIR Bolivia, que asume la interculturalidad como una transversal de su trabajo, ha abierto una línea de investigación orientada a la caracterización y valoración de las prácticas comunicacionales y periodísticas en idiomas nativos. Su primer resultado ha sido el estudio “En busca de una agenda informativa del mundo quechua. La oferta periodística en quechua en la ciudad de Cochabamba”, elaborado por la corresponsalía del ONADEM en Cochabamba, y a la fecha está en desarrollo otro trabajo sobre la oferta periodística en aymara en las ciudades de La Paz y El Alto, y se prepara una investigación similar sobre el periodismo en quechua en Sucre.

En el citado estudio sobre la oferta periodística en quechua en la ciudad de Cochabamba, se había advertido que el uso del idioma nativo en los medios masivos locales era mínimo, sobre todo, en la televisión y en la prensa. De hecho, apenas se había identificado un periódico institucional y de circulación bimensual con una oferta regular de contenidos periodísticos en quechua. Por eso causa sorpresa que un diario de circulación abierta y nacional, como Opinión, haya incluido en su edición dominical un reportaje en quechua, algo que, hasta hace sólo unos meses, habría sido impensable.

A modo de presentación del reportaje en quechua, el periódico explica que la publicación del texto en quechua obedece a los principios rectores del trabajo del matutino que “valora la diversidad y las culturas originarias”. Y añade que su objetivo es “llegar cada vez más a los lectores quechua parlantes”. El texto introductorio aclara que la pretensión del reportaje es reflejar la “percepción ciudadana sobre el trato que reciben los campesinos en las ciudades y los avances que se registran en la lucha contra la discriminación”. Para ello tiene por principal fuente al alcalde de Tacopaya, municipio perteneciente a la provincia Arque, enclavada en la región andina del departamento de Cochabamba, donde el quechua es de uso generalizado. La voz del alcalde es complementada por el testimonio de otros habitantes de Tacopaya, así como de otras poblaciones quechua parlantes, cuya voz, se infiere, ha sido recogida en el idioma nativo. La palabra de las personas consultadas sirve para valorar en qué medida han cambiado los comportamientos discriminatorios hacia ciudadanos del área rural, más aún tras la puesta en vigencia de la Ley Antirracismo.

Visualmente, lo primero que llama la atención del reportaje es el significativo espacio que ocupa en la edición dominical: dos páginas. Una extensión sólo reservada para los reportajes especiales de fin de semana, como es el caso. Otro detalle para nada despreciable es que el reportaje forme parte del cuerpo principal del periódico, en el que se publican los contenidos más importantes de la edición. Así pues, no se trata de un suplemento o de unas páginas especialmente diferenciadas del resto del cuerpo principal, sino que hace parte de él, convive con el resto de los materiales periodísticos cifrados en español.

Algo que también cabe resaltar particularmente del reportaje es el uso exhaustivo del idioma nativo en los diferentes componentes que hacen al texto periodístico publicado. A más de la columna introductoria, del rótulo de identificación de las páginas del periódico que ocupa y de un sugerente glosario (con algunos términos quechuas traducidos al español), el texto está redactado por completo en quechua. Antetítulos, titulares, recuadros con información adicional, recuadros con testimonios textuales, recuadros de análisis opinativo (de un especialista), pies de fotos y otros recursos propios del formato de presentación del diario, están escritos en el idioma nativo, lo que evidencia el esfuerzo por presentar un reportaje destinado a un lector quechua exigente. Incluso las fotografías que ilustran el reportaje dan cuenta de sujetos y realidades identificables con el mundo rural quechua. Las imágenes muestran a bolivianos con sombrero y ponchos y a bolivianas de trenzas y pollera, a sujetos que pueden permitir la identificación de los lectores quechua hablantes con el contenido del reportaje.

Y así como, formalmente, el reportaje apuesta por el uso del quechua en sus diferentes componentes morfológicos, temáticamente también apunta a dar cuenta de una problemática de interés especial para las personas quechua hablantes, en especial, para las procedentes del área rural. Su tema es la discriminación como conducta que media las relaciones entre las instituciones e individuos urbanos y castellano hablantes y las personas procedentes del área rural que son quechua hablantes (bilingües, en su mayoría).

Vistas así las cosas, el reportaje se ajusta a una tendencia de la construcción del discurso periodístico –identificada en el estudio del ONADEM sobre la oferta periodística en quechua en Cochabamba- en la que el idioma nativo no se limita a traducir informaciones impuestas por la agenda mediática tradicional, sino que sirve como punto de referencia para definir escenarios, fuentes, temáticas y formas de uso del lenguaje en los contenidos periodísticos.

Desde el ONADEM se busca brindar una mirada crítica sobre el desempeño de los medios de comunicación y la calidad de la oferta periodística en el país. Sin embargo, ello no implica que el Observatorio sólo haga mención de los problemas o taras que inciden negativamente sobre la calidad del periodismo boliviano, siendo también menester suyo dar cuenta de aquellas prácticas informativas virtuosas, que hablan bien del trabajo periodístico desarrollado en el medio local y que bien podrían ser imitadas. Y ése es el caso del reportaje en quechua publicado en Opinión. La iniciativa de este diario cochabambino no puede menos que ser resaltada, pues constituye un ejemplo de cómo los medios de comunicación pueden aportar a la construcción de un país intercultural, incorporando en sus páginas (o en sus emisiones radiales o audiovisuales) mensajes confeccionados en otros idiomas tan bolivianos como el castellano. Prácticas de este tipo sirven no sólo para llegar a aquellos públicos lingüísticamente interpelados por los mensajes, como en este caso son los quechua hablantes procedentes del área rural, sino que también pueden permitir que otros públicos, como los sujetos urbanos hispano hablantes, reconozcan y valoren la existencia y vitalidad de otras lenguas, de otros sujetos, de otras culturas en este país.

Por supuesto, un solo reportaje en quechua no puede ser tomado como una victoria per se de la pluralidad de lenguas y de la interculturalidad en Bolivia. Pero sí puede servir como punto de partida para plantear nuevos desafíos a fin de construir un escenario periodístico-comunicacional más intercultural y, por extensión, una sociedad más proclive al diálogo intercultural. Sería deseable, en este sentido, que la publicación de contenidos periodísticos en quechua se regularice y deje de ser motivo de sorpresas. Y esto, desde luego, es deseable no sólo para el diario Opinión, sino para otros medios locales y nacionales, ya sea impresos, radiales o televisivos. Así pues, el desafío de hacer periodismo en idiomas nativos está lanzado.

* Corresponsal del ONADEM en Cochabamba