Santiago Espinoza A.
Por las características inéditas que le otorgó la normativa electoral y por su incidencia posterior en la reconfiguración geopolítica del Estado boliviano, las elecciones municipales y departamentales del pasado 4 de abril alcanzaron una dimensión histórica que fue reconocida y realzada por los distintos actores involucrados en el proceso. En este contexto, con el objetivo de evaluar la cobertura periodística de la presentación de los resultados de las elecciones, el Observatorio Nacional de Medios (ONADEM) monitoreó seis redes televisivas (ATB, Bolivia TV, Bolivisión, PAT, Unitel y UNO) y 13 diarios nacionales (La Prensa, La Patria, El País, El Nacional, El Día, El Potosí, Correo del Sur, El Deber, Los Tiempos, El Alteño, Opinión, La Palabra y Cambio).
El informe completo del monitoreo incluyendo el análisis de los medios arriba citados ha sido socializado con periodistas de varias regiones del país, y un resumen del mismo se ha publicado en este mismo espacio en días pasados. Como una continuación del artículo inmediatamente anterior, en estas líneas se apuntarán algunos de los rasgos más visibles de la cobertura que el canal gubernamental Bolivia TV le dedicó a los resultados de las elecciones.
Gobernadores antes que Alcaldes
A la corresponsalía de la distrital 3 del ONADEM (Cochabamba y Chuquisaca) le correspondió efectuar el monitoreo de la cobertura de los resultados y sus repercusiones que se difundieron por el Canal 7 (Bolivia TV, administrado por el gobierno), labor que se extendió entre las 17:30 y las 23:00 del domingo 4 de abril pasado.
Producto de este análisis se puede señalar que Bolivia TV otorgó mayor importancia a los resultados de las elecciones a Gobernadores que a la de Alcaldes. A manera de hipótesis para explicar esta conducta, se puede afirmar que los comicios a gobernadores resultaron privilegiados en términos de cobertura debido a que arrojaron resultados más favorables para el partido en funciones de gobierno (y administrador del Canal 7), que se hizo de seis de las nueve Gobernaciones del país.
La hipótesis sugiere que la menor atención a los resultados de las elecciones municipales y al análisis de éstas obedece a que los comicios en los principales municipios del país (las ciudades capitales, donde el escrutinio es más inmediato y accesible a las empresas encuestadoras y a los medios), arrojaron resultados menos favorables para el partido oficialista, que sólo se quedó con tres de las diez Alcaldías más grandes e importantes del país. De alguna manera, estos resultados fueron minimizados y hasta invisibilizados por el canal gubernamental, acaso en un intento por ocultar las derrotas del partido en funciones de gobierno.
Un caso particular fue el de la Alcaldía de la ciudad de La Paz, donde las encuestas mostraban como favorito al MAS (Movimiento Al Socialismo), aunque la votación se inclinó a favor de la continuidad del MSM (Movimiento Sin Miedo) Lo particular del caso fue que el programa especial del Canal 7 (“Bolivia decide”) evitó el asunto hasta que lo sacó a colación uno de sus analistas invitados (Ilya Fortún), generando evidente incomodidad entre los presentadores, que sólo atinaron a cuestionar la difícil gobernabilidad que tendrá la Alcaldía de la ciudad sede de gobierno (pues sus concejalías están repartidas entre el MAS y MSM en partes iguales, lo que ha colocado al concejal de UN (Unidad Nacional) en una posición dirimidora).
Ganadores perdedores
Como en otros canales, el gubernamental se adelantó a los resultados oficiales y, a partir de sus datos preliminares, colocó a algunos candidatos oficialistas en posiciones (de triunfo) luego desmentidas o siquiera relativizadas por los resultados más cercanos a la realidad.
Cuando se mostraban los resultados de aquellos lugares donde el MAS se hallaba en desventaja, los conductores enfatizaban el hecho de que los datos mostrados eran aún preliminares, señalando que el partido oficialista se encontraba en pelea por una victoria.
El caso más sugestivo fue el del candidato del MAS a la alcaldía de Oruro, Félix Rojas, al que los presentadores proclamaron vencedor y futuro Alcalde, provocando en éste el mismo sentimiento victorioso mientras era entrevistado desde Oruro, rodeado de sus simpatizantes en pleno festejo. Los hechos demostraron luego que el candidato masista perdió la elección frente a la candidata del MSM, Rossío Pimentel Sin embargo, no hubo una rectificación oficial del Canal ni del candidato al conocerse los resultados más fiables.
Otro caso digno de mención fue el de la proclamación de Edwin Castellanos, candidato del MAS a la Alcaldía de Cochabamba, como ganador de los comicios por “una amplia mayoría”. El propio Castellanos reconoció, al momento de ser entrevistado por el Canal 7, que su victoria había sido “contundente”, afirmación luego impugnada por los datos oficiales de otros canales y del propio Órgano Electoral, que le dieron un triunfo por menos del 2 por ciento sobre su inmediato seguidor.
Así también fue llamativo el afán del Canal 7 por generar un clima de expectativa ante la posibilidad de que hubiera segunda vuelta en las elecciones a Gobernador en Santa Cruz, cuando los resultados difundidos por otras redes televisivas mostraban que esa posibilidad ya estaba descartada.
¿Pluralidad?
En la cobertura especial de los resultados de las elecciones, Bolivia TV no mostró pluralidad al momento de la consulta de fuentes. De todas las declaraciones que sus periodistas y presentadores recogieron de candidatos a Gobernadores, Alcalde y otros cargos, ninguna correspondió a una persona que representara a un partido de oposición. Todas provinieron de candidatos o autoridades del MAS, más allá de que hubieran ganado o no las elecciones.
En cuanto a la participación de la ciudadanía en la cobertura electoral, el trabajo del 7 se redujo a mostrar los festejos de los militantes del MAS en aquellos lugares donde resultó ganador. Consultas concretas con ciudadanos sólo las hizo cuando su corresponsal en Cobija dialogó por unos instantes con militantes del MAS en esa urbe, a manera de esperar la conferencia de prensa que brindaría en unos minutos el candidato del oficialismo a la Gobernación de Pando. La ciudadanía estuvo ausente de la agenda del canal gubernamental y sólo adquirió visibilidad cuando estaba abiertamente vinculada al partido en funciones de gobierno.
Fiabilidad de los resultados
A diferencia de otras redes televisivas, que acompañaron sus resultados con la identificación de la empresa encuestadora encargada de su procesamiento, el Canal 7 no dio a conocer con exactitud cuál era la fuente de los datos mostrados. A lo sumo, dio a entender que fueron, en primera instancia, extraídos de un conteo en boca de urna, y, en segunda, de un conteo rápido, pero sin aportar mayores precisiones (sobre la muestra, el porcentaje alcanzado en el conteo rápido, etc.).
En comparación con las redes privadas, que emplean empresas especializadas en encuestas y conteo de votos para la obtención y el procesamiento de los datos primiciales que les han de dar ventaja sobre sus competidoras, el canal gubernamental tuvo un manejo descuidado de los resultados electorales y de sus fuentes. Los datos que lanzó sólo pueden ser atribuidos al propio medio y no así a empresas encuestadoras. En ese contexto, los equívocos o imprecisiones en los resultados mellan la fiabilidad del Canal y de sus responsables.
16 de agosto de 2010
26 de julio de 2010
Elecciones, presentación de resultados y espectáculo
Equipo ONADEM
La presentación de resultados de las elecciones a gobernaciones y alcaldías del pasado 4 de abril tuvo un enfoque centrado en la disyuntiva de si el Movimiento al Socialismo (MAS) había ganado o perdido poder, en un estilo televisivo correspondiente a programas de espectáculo. Además, se trabajó en la presentación de resultados con datos imprecisos; éstos aparecieron con significativas variaciones durante más de tres horas y los diarios los usaron como base para sus ediciones del día siguiente.
Con el objetivo de evaluar la cobertura periodística de la presentación de los resultados de las elecciones, el Observatorio Nacional de Medios (ONADEM) monitoreó seis redes televisivas (ATB, Bolivia TV, Bolivisión, PAT, Unitel y UNO) y 13 diarios nacionales (La Prensa, La Patria, El País, El Nacional, El Día, El Potosí, Correo del Sur, El Deber, Los Tiempos, El Alteño, Opinión, La Palabra y Cambio).
Las elecciones quedaron confirmadas como un hecho mediático fundamentalmente televisivo y sometido a las reglas de la espectacularización propias de ese tipo de programas. Esa misma condición incentivó un crecimiento en el despliegue técnico de la cobertura y en el uso de recursos innovadores para la presentación visual de los resultados en la TV.
Pese al esfuerzo desarrollado para lograr una cobertura geográfica más amplia, los resultados presentados por los medios se refirieron a las capitales departamentales y a un máximo de 26 ciudades intermedias (en Bolivia TV), con lo cual la información fue fundamentalmente “urbana” y se consideró colateral aunque secundaria aquella relativa al ámbito municipal de las provincias.
La modalidad asumida por el trabajo informativo de las redes de televisión dio cuenta de una doble competencia: una relativa al enfrentamiento entre fuerzas políticas por la victoria electoral y otra, paralela, referida a la pugna entre medios de información por ser reconocidos como proveedores de la primicia noticiosa o el análisis más certero.
Esa carrera por ser los primeros en brindar la información llevó reiteradamente a que los medios no consideraran la índole preliminar de los datos de boca de urna; éstos, pese a su dispersión y sus contradicciones, más bien fueron presentados como válidos para definir ganadores y perdedores, desde los momentos iniciales de las emisiones de resultados.
Tal comportamiento –atravesado por la constante creación de un clima de expectativa– propició que se construyeran escenarios de supuestos que originaron no sólo coberturas anticipadas de consecuencias (entrevistas a presuntos ganadores que al final no lo fueron), sino comentarios y análisis carentes de sustento empírico suficiente.
La labor estricta de los periodistas –la información precisa, oportuna y fidedigna– quedó supeditada a la dinámica espectacular alentada por presentadores y presentadoras, a los datos cambiantes de las empresas encuestadoras y a las opiniones de los analistas basadas en esos datos inciertos y cambiantes.
La atención mediática se centró principalmente en la confrontación entre el polo Evo Morales/MAS y el polo oposición política (sobre todo el MSM) y regional (la “media luna”).
Ese enfoque de los hechos simplificó la geografía electoral que se fue estructurando en el país, y mientras la televisión oficial hablaba de una “victoria masista nacional”, la privada prefería referirse a triunfos del MAS en algunos bastiones y derrotas en otros.
Concentrada en la cuestión política nacional de la posesión, la sumatoria o la distribución del poder, la cobertura informativa prácticamente no consideró los procesos electorales en 337 municipios, la conformación de nueve asambleas departamentales ni la elección de otras autoridades departamentales y regionales (diferentes en algunos departamentos).
Al día siguiente de las votaciones, los diarios no sólo reprodujeron los datos emitidos por las redes televisivas la noche anterior (aunque la mayoría de ellos se ciñeron a los datos del conteo rápido y no a la información en boca de urna), hicieron lo mismo con el enfoque del mapa político nacional simplificado y carente de profundidad tanto noticiosa como analítica respecto de la primera concreción –en las urnas y para la conformación de los gobiernos locales, regionales y departamentales– del sistema autonómico.
La información que la televisión y los diarios proporcionaron sobre las elecciones del 4 de abril estuvo, entonces, marcada por una “victoria del apresuramiento” en la cual el periodismo pasó a segundo plano frente al espectáculo, las estadísticas diversas y los recursos gráficos o los efectos especiales. Pero también se distinguió por la interpretación genérica y superficial de un proceso eleccionario que sentaba las bases para materializar una organización estatal sustancialmente distinta, en razón de las autonomías, de la establecida por la Constitución Política hasta febrero de 2009.
Si bien la cobertura mediática ofreció datos y análisis sobre la composición del escenario político general a partir de las votaciones, no llegó a consignar en ese cuadro la información y los alcances referidos a las implicaciones de los resultados electorales en la puesta en marcha de los gobiernos departamentales y locales.
La presentación de resultados de las elecciones a gobernaciones y alcaldías del pasado 4 de abril tuvo un enfoque centrado en la disyuntiva de si el Movimiento al Socialismo (MAS) había ganado o perdido poder, en un estilo televisivo correspondiente a programas de espectáculo. Además, se trabajó en la presentación de resultados con datos imprecisos; éstos aparecieron con significativas variaciones durante más de tres horas y los diarios los usaron como base para sus ediciones del día siguiente.
Con el objetivo de evaluar la cobertura periodística de la presentación de los resultados de las elecciones, el Observatorio Nacional de Medios (ONADEM) monitoreó seis redes televisivas (ATB, Bolivia TV, Bolivisión, PAT, Unitel y UNO) y 13 diarios nacionales (La Prensa, La Patria, El País, El Nacional, El Día, El Potosí, Correo del Sur, El Deber, Los Tiempos, El Alteño, Opinión, La Palabra y Cambio).
Las elecciones quedaron confirmadas como un hecho mediático fundamentalmente televisivo y sometido a las reglas de la espectacularización propias de ese tipo de programas. Esa misma condición incentivó un crecimiento en el despliegue técnico de la cobertura y en el uso de recursos innovadores para la presentación visual de los resultados en la TV.
Pese al esfuerzo desarrollado para lograr una cobertura geográfica más amplia, los resultados presentados por los medios se refirieron a las capitales departamentales y a un máximo de 26 ciudades intermedias (en Bolivia TV), con lo cual la información fue fundamentalmente “urbana” y se consideró colateral aunque secundaria aquella relativa al ámbito municipal de las provincias.
La modalidad asumida por el trabajo informativo de las redes de televisión dio cuenta de una doble competencia: una relativa al enfrentamiento entre fuerzas políticas por la victoria electoral y otra, paralela, referida a la pugna entre medios de información por ser reconocidos como proveedores de la primicia noticiosa o el análisis más certero.
Esa carrera por ser los primeros en brindar la información llevó reiteradamente a que los medios no consideraran la índole preliminar de los datos de boca de urna; éstos, pese a su dispersión y sus contradicciones, más bien fueron presentados como válidos para definir ganadores y perdedores, desde los momentos iniciales de las emisiones de resultados.
Tal comportamiento –atravesado por la constante creación de un clima de expectativa– propició que se construyeran escenarios de supuestos que originaron no sólo coberturas anticipadas de consecuencias (entrevistas a presuntos ganadores que al final no lo fueron), sino comentarios y análisis carentes de sustento empírico suficiente.
La labor estricta de los periodistas –la información precisa, oportuna y fidedigna– quedó supeditada a la dinámica espectacular alentada por presentadores y presentadoras, a los datos cambiantes de las empresas encuestadoras y a las opiniones de los analistas basadas en esos datos inciertos y cambiantes.
La atención mediática se centró principalmente en la confrontación entre el polo Evo Morales/MAS y el polo oposición política (sobre todo el MSM) y regional (la “media luna”).
Ese enfoque de los hechos simplificó la geografía electoral que se fue estructurando en el país, y mientras la televisión oficial hablaba de una “victoria masista nacional”, la privada prefería referirse a triunfos del MAS en algunos bastiones y derrotas en otros.
Concentrada en la cuestión política nacional de la posesión, la sumatoria o la distribución del poder, la cobertura informativa prácticamente no consideró los procesos electorales en 337 municipios, la conformación de nueve asambleas departamentales ni la elección de otras autoridades departamentales y regionales (diferentes en algunos departamentos).
Al día siguiente de las votaciones, los diarios no sólo reprodujeron los datos emitidos por las redes televisivas la noche anterior (aunque la mayoría de ellos se ciñeron a los datos del conteo rápido y no a la información en boca de urna), hicieron lo mismo con el enfoque del mapa político nacional simplificado y carente de profundidad tanto noticiosa como analítica respecto de la primera concreción –en las urnas y para la conformación de los gobiernos locales, regionales y departamentales– del sistema autonómico.
La información que la televisión y los diarios proporcionaron sobre las elecciones del 4 de abril estuvo, entonces, marcada por una “victoria del apresuramiento” en la cual el periodismo pasó a segundo plano frente al espectáculo, las estadísticas diversas y los recursos gráficos o los efectos especiales. Pero también se distinguió por la interpretación genérica y superficial de un proceso eleccionario que sentaba las bases para materializar una organización estatal sustancialmente distinta, en razón de las autonomías, de la establecida por la Constitución Política hasta febrero de 2009.
Si bien la cobertura mediática ofreció datos y análisis sobre la composición del escenario político general a partir de las votaciones, no llegó a consignar en ese cuadro la información y los alcances referidos a las implicaciones de los resultados electorales en la puesta en marcha de los gobiernos departamentales y locales.
12 de julio de 2010
Votar a ciegas
Erick R. Torrico Villanueva
En contrapartida de lo que podría considerarse como avances para la democracia incorporados en la recién promulgada Ley del Régimen Electoral, esa misma norma introdujo algunas disposiciones que pueden conducir a transformar el “voto secreto” en un “voto a ciegas” en el caso de la elección de las autoridades del Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional.
Sucede que dicha ley, en concordancia además con una previsión constitucional, prohibe la realización de toda acción propagandística por parte de los postulantes a los cargos en los ámbitos mencionados, regla que es coherente con la naturaleza de los puestos en disputa, que no son materia para que haya una confrontación entre ofertas electorales. Sin embargo, el problema radica en el hecho de que a la par de esa aceptable limitación fueron establecidas otras por las cuales los electores —los ciudadanos— no podrán recibir ninguna otra información sobre los elegibles que no sea aquella entregada de manera oficial por el Tribunal Supremo Electoral.
En particular, el Artículo 82 de la citada norma se refiere a un “régimen especial de propaganda” y lamentablemente, de manera errónea, incluye a la información y a la opinión como parte del mismo. Aunque en otra parte la Ley del Régimen Electoral entiende por propaganda todo mensaje que se difunda para solicitar el voto, en ese artículo prohibe a los postulantes toda manifestación pública y, por si fuera poco, también prohibe a los medios periodísticos emitir cualquier juicio o noticia sobre esas personas. La única versión que podrá circular respecto de los “méritos” de los candidatos preseleccionados por la Asamblea Legislativa Plurinacional será la preparada oficialmente.
Es claro que aparte de una falta de discriminación conceptual (propaganda no es igual a información ni a opinión) se tiene en este caso un quebrantamiento del Derecho a la Información y la Comunicación y de las libertades de expresión, de prensa e información que están garantizados por la Constitución Política del Estado y que la propia ley en cuestión asume en varios de sus artículos.
Si el votante va a estar imposibilitado de contrastar la información oficial que distribuya el Tribunal Supremo Electoral y no ha de poder conocer la palabra de ninguno de los elegibles se verá forzado a acudir a las urnas —recuérdese que el voto es obligatorio— confiando ciegamente en los datos propalados desde una fuente central que tendrá el poder absoluto sobre los perfiles (estudios y trayectoria profesional, básicamente) de los postulantes.
Una elección tan significativa como la que está anunciada para diciembre próximo, en que por primera vez en la historia del país las autoridades del campo judicial serán seleccionadas mediante el voto universal, puede ver afectados no sólo su sentido y novedad sino —y ahí está lo más grave— su legitimidad por unas restricciones que en los hechos coartan derechos y libertades constitucionalmente garantizados. Pero no será apenas la validez del acto eleccionario la que estará en juego sino también la de su consecuencia, esto es, la de la conformación del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional.
Sería razonable que frente a estos riesgos que crean márgenes de duda sobre la institucionalidad que está en proceso de recomposición se abran espacios y canales de diálogo para promover una reconducción que beneficie al orden democrático. Lo contrario supondría sentar un muy preocupante precedente.
En contrapartida de lo que podría considerarse como avances para la democracia incorporados en la recién promulgada Ley del Régimen Electoral, esa misma norma introdujo algunas disposiciones que pueden conducir a transformar el “voto secreto” en un “voto a ciegas” en el caso de la elección de las autoridades del Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional.
Sucede que dicha ley, en concordancia además con una previsión constitucional, prohibe la realización de toda acción propagandística por parte de los postulantes a los cargos en los ámbitos mencionados, regla que es coherente con la naturaleza de los puestos en disputa, que no son materia para que haya una confrontación entre ofertas electorales. Sin embargo, el problema radica en el hecho de que a la par de esa aceptable limitación fueron establecidas otras por las cuales los electores —los ciudadanos— no podrán recibir ninguna otra información sobre los elegibles que no sea aquella entregada de manera oficial por el Tribunal Supremo Electoral.
En particular, el Artículo 82 de la citada norma se refiere a un “régimen especial de propaganda” y lamentablemente, de manera errónea, incluye a la información y a la opinión como parte del mismo. Aunque en otra parte la Ley del Régimen Electoral entiende por propaganda todo mensaje que se difunda para solicitar el voto, en ese artículo prohibe a los postulantes toda manifestación pública y, por si fuera poco, también prohibe a los medios periodísticos emitir cualquier juicio o noticia sobre esas personas. La única versión que podrá circular respecto de los “méritos” de los candidatos preseleccionados por la Asamblea Legislativa Plurinacional será la preparada oficialmente.
Es claro que aparte de una falta de discriminación conceptual (propaganda no es igual a información ni a opinión) se tiene en este caso un quebrantamiento del Derecho a la Información y la Comunicación y de las libertades de expresión, de prensa e información que están garantizados por la Constitución Política del Estado y que la propia ley en cuestión asume en varios de sus artículos.
Si el votante va a estar imposibilitado de contrastar la información oficial que distribuya el Tribunal Supremo Electoral y no ha de poder conocer la palabra de ninguno de los elegibles se verá forzado a acudir a las urnas —recuérdese que el voto es obligatorio— confiando ciegamente en los datos propalados desde una fuente central que tendrá el poder absoluto sobre los perfiles (estudios y trayectoria profesional, básicamente) de los postulantes.
Una elección tan significativa como la que está anunciada para diciembre próximo, en que por primera vez en la historia del país las autoridades del campo judicial serán seleccionadas mediante el voto universal, puede ver afectados no sólo su sentido y novedad sino —y ahí está lo más grave— su legitimidad por unas restricciones que en los hechos coartan derechos y libertades constitucionalmente garantizados. Pero no será apenas la validez del acto eleccionario la que estará en juego sino también la de su consecuencia, esto es, la de la conformación del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional.
Sería razonable que frente a estos riesgos que crean márgenes de duda sobre la institucionalidad que está en proceso de recomposición se abran espacios y canales de diálogo para promover una reconducción que beneficie al orden democrático. Lo contrario supondría sentar un muy preocupante precedente.
28 de junio de 2010
Un derecho emergente
Erick R. Torrico Villanueva
Una de las novedades presentes en la Constitución Política del Estado vigente desde el pasado año es el reconocimiento del Derecho a la Información y la Comunicación, hecho que representa un salto cualitativo con relación a lo que establecía la anterior Carta Magna acerca de la libertad de expresión.
La boliviana es la segunda Constitución latinoamericana en incorporar el mencionado derecho ¬—la ecuatoriana lo hizo en 2008— y abre un conjunto de oportunidades con potencial incidencia en la expansión de la democracia. Sin embargo, la Información y la Comunicación todavía no están asumidas en su dimensión de derechos por la población, además de que su definición constitucional es insuficiente.
Esa situación es propicia para que pueda llevarse a cabo un amplio diálogo social en torno a este derecho emergente que posibilite su correspondiente formalización precisa y lo convierta en exigible. Así lo ha entendido la Fundación UNIR Bolivia que hace unas semanas publicó el documento “Información y Comunicación, derechos de todas las personas – Notas para un programa de reflexión” con el fin de proporcionar elementos conceptuales, históricos y propositivos sobre el particular.
“El establecimiento de un derecho plantea inevitablemente una tensión entre el individuo y la sociedad, entre lo personal y lo colectivo, pues lo que busca es definir un ámbito de regulación de las conductas, intento que no puede concretarse si no es recomponiendo parte del orden imperante”, recuerda el documento en alusión al juego de intereses que moviliza un tema así. Frente a ello, sostiene que la democracia es el mejor campo y la mejor estrategia de gestión de las diferencias en vista a la promoción del interés público.
Anota, asimismo, que todo derecho está compuesto por una o más libertades y que éstas, a su vez, implican una o más responsabilidades. Es la comprensión de ello, indica, lo que ha permitido el desarrollo alcanzado hasta hoy por la humanidad en materia de consagración de derechos, un proceso que lleva siglos y que tuvo un momento culminante en 1948 con la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En materia de Información y Comunicación, un primer hito relevante estuvo representado por los debates que generó la propuesta del Derecho a la Comunicación en el seno de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura entre las décadas de 1970 y 1980.
Actualmente, se estaría manifestando un nuevo hito, a partir de la constitucionalización del Derecho a la Información y la Comunicación en algunos países como también de la aparición en varios otros de demandas sociales al respecto a diferencia de lo acontecido hace más de 30 años cuando tales movimientos más bien provenían de círculos especializados. Este segundo momento de importancia, entonces, comienza a caracterizarse por la legitimación ciudadana de la propuesta y por su real eficacia política.
La propuesta de la Fundación UNIR Bolivia (véase www.unirbolivia.org), que consigna una descripción de las libertades individuales y colectivas comprendidas en este nuevo derecho así como señala los principios irrenunciables que lo guían, se orienta a impulsar un programa de reflexión en que los actores de la sociedad y el Estado logren consensos para fomentar “la democracia comunicada y la comunicación democrática en el país” mediante el reconocimiento generalizado y la puesta en vigor del Derecho a la Información y la Comunicación.
Una de las novedades presentes en la Constitución Política del Estado vigente desde el pasado año es el reconocimiento del Derecho a la Información y la Comunicación, hecho que representa un salto cualitativo con relación a lo que establecía la anterior Carta Magna acerca de la libertad de expresión.
La boliviana es la segunda Constitución latinoamericana en incorporar el mencionado derecho ¬—la ecuatoriana lo hizo en 2008— y abre un conjunto de oportunidades con potencial incidencia en la expansión de la democracia. Sin embargo, la Información y la Comunicación todavía no están asumidas en su dimensión de derechos por la población, además de que su definición constitucional es insuficiente.
Esa situación es propicia para que pueda llevarse a cabo un amplio diálogo social en torno a este derecho emergente que posibilite su correspondiente formalización precisa y lo convierta en exigible. Así lo ha entendido la Fundación UNIR Bolivia que hace unas semanas publicó el documento “Información y Comunicación, derechos de todas las personas – Notas para un programa de reflexión” con el fin de proporcionar elementos conceptuales, históricos y propositivos sobre el particular.
“El establecimiento de un derecho plantea inevitablemente una tensión entre el individuo y la sociedad, entre lo personal y lo colectivo, pues lo que busca es definir un ámbito de regulación de las conductas, intento que no puede concretarse si no es recomponiendo parte del orden imperante”, recuerda el documento en alusión al juego de intereses que moviliza un tema así. Frente a ello, sostiene que la democracia es el mejor campo y la mejor estrategia de gestión de las diferencias en vista a la promoción del interés público.
Anota, asimismo, que todo derecho está compuesto por una o más libertades y que éstas, a su vez, implican una o más responsabilidades. Es la comprensión de ello, indica, lo que ha permitido el desarrollo alcanzado hasta hoy por la humanidad en materia de consagración de derechos, un proceso que lleva siglos y que tuvo un momento culminante en 1948 con la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En materia de Información y Comunicación, un primer hito relevante estuvo representado por los debates que generó la propuesta del Derecho a la Comunicación en el seno de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura entre las décadas de 1970 y 1980.
Actualmente, se estaría manifestando un nuevo hito, a partir de la constitucionalización del Derecho a la Información y la Comunicación en algunos países como también de la aparición en varios otros de demandas sociales al respecto a diferencia de lo acontecido hace más de 30 años cuando tales movimientos más bien provenían de círculos especializados. Este segundo momento de importancia, entonces, comienza a caracterizarse por la legitimación ciudadana de la propuesta y por su real eficacia política.
La propuesta de la Fundación UNIR Bolivia (véase www.unirbolivia.org), que consigna una descripción de las libertades individuales y colectivas comprendidas en este nuevo derecho así como señala los principios irrenunciables que lo guían, se orienta a impulsar un programa de reflexión en que los actores de la sociedad y el Estado logren consensos para fomentar “la democracia comunicada y la comunicación democrática en el país” mediante el reconocimiento generalizado y la puesta en vigor del Derecho a la Información y la Comunicación.
7 de junio de 2010
Radialistas de la Red Amazónica frente a las agresiones
Osman Patzzi Sanjinés
Los y las participantes del décimo taller de capacitación para radialistas de la Red Amazónica que se desarrolló del 19 al 21 de mayo en la radio Santa Cruz, con el auspicio de la Fundación Unir Bolivia y el Defensor del Pueblo, abordaron el tema de las agresiones a periodistas y concluyeron que todos y todas, en determinado momento de su ejercicio periodístico, habían sido víctimas de algún tipo de agresión.
Las más frecuentes fueron las agresiones verbales y de acuerdo a los testimonios y la representación gráfica que hicieron de ellos y ellas frente a las situaciones de violencia, existe una sensación de desprotección y una peligrosa tendencia a que los hechos sean cada vez más graves, tanto que se ve amenazada su integridad física.
Así como la impunidad es un factor común en los casos registrados en el informe actualizado Agresiones a periodistas y medios 2007-2009, trabajo del Observatorio Nacional de Medios realizado por Vania Sandoval y su equipo, los y las radialistas de emisoras de Pando, Beni, Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija perciben que la falta de sanciones en la justicia para los agresores son un aliciente para que ocurran reincidencias o que cualquier persona se sienta con libertad para “sentar la mano” a un o una periodista si considera que así lo amerita.
En un rico debate, los y las periodistas de la Red asumieron que muchas veces los actos de violencia son originados por fallas en el ejercicio periodístico, pero de manera casi unánime consideraron que nada puede justificar una agresión. La única voz contestataria fue la de un periodista de Ascensión de Guarayos, que sostuvo que “hay veces que los periodistas merecen llevar palo”, aludiendo los casos extremos de faltas a la ética y a las normas.
¿Qué se entiende por agresión? fue la pregunta de arranque. Y las respuestas fueron: Sinónimo de violencia física o verbal, sentimiento de rabia que deriva en acciones violentas, actitudes que se ejercen para provocar el silencio, manifestación de debilidad y falta de conciencia, una forma de menospreciar el trabajo periodístico, reaccionar violentamente por falta de diálogo, no respetar los derechos de otras personas, el dolor en el corazón que perdura por siempre, pero a la vez da fuerza para mejorar como periodista, acción física o psicológica que se comete por cualquier medio afectando el derecho e integridad de otro u otros en beneficio propio o de grupos de poder que se convierte en problema social, y una forma de expresarse faltando el respeto a los demás. Todas estas definiciones salieron del grupo, a partir de la construcción del concepto por lo que es, lo que no es, sus clases o tipos y de qué forma parte.
Otro aspecto relevante en la dinámica fue la presentación de los dibujos sobre cómo se veían los periodistas de la Red Amazónica frente a la agresión. Generalmente se mostraron como víctimas, ya sea de insultos, de golpes de puño y patadas, piedrazos y hasta amenazas con arma de fuego. También hubo una representación en la que la víctima de la agresión era la audiencia debido al contenido de las informaciones propagadas de manera sensacionalista por el locutor y la locutora.
Fue reiterada la representación de cerco a la emisora, donde el periodista aparece indefenso, rodeado por una turba armada con palos y piedras que además lanza insultos. El clima de polarización que no es ajeno en estas poblaciones también se reflejó en dibujos que muestran a los bandos radicales en actitud violenta. “Mentiroso”, “bandido” y “masista”, son las voces que se representaron como agresión verbal hacia el y la periodista.
En la conclusión, los participantes acordaron que la mejor forma de prevenir acciones violentas en su contra es ejercer el oficio con responsabilidad, pero para ello también demandaron de parte de las autoridades un mayor compromiso para castigar a los agresores, lo que es más difícil en poblaciones pequeñas, donde los poderosos se sienten impunes porque creen que el brazo de la justicia no los alcanza.
Los y las participantes del décimo taller de capacitación para radialistas de la Red Amazónica que se desarrolló del 19 al 21 de mayo en la radio Santa Cruz, con el auspicio de la Fundación Unir Bolivia y el Defensor del Pueblo, abordaron el tema de las agresiones a periodistas y concluyeron que todos y todas, en determinado momento de su ejercicio periodístico, habían sido víctimas de algún tipo de agresión.
Las más frecuentes fueron las agresiones verbales y de acuerdo a los testimonios y la representación gráfica que hicieron de ellos y ellas frente a las situaciones de violencia, existe una sensación de desprotección y una peligrosa tendencia a que los hechos sean cada vez más graves, tanto que se ve amenazada su integridad física.
Así como la impunidad es un factor común en los casos registrados en el informe actualizado Agresiones a periodistas y medios 2007-2009, trabajo del Observatorio Nacional de Medios realizado por Vania Sandoval y su equipo, los y las radialistas de emisoras de Pando, Beni, Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija perciben que la falta de sanciones en la justicia para los agresores son un aliciente para que ocurran reincidencias o que cualquier persona se sienta con libertad para “sentar la mano” a un o una periodista si considera que así lo amerita.
En un rico debate, los y las periodistas de la Red asumieron que muchas veces los actos de violencia son originados por fallas en el ejercicio periodístico, pero de manera casi unánime consideraron que nada puede justificar una agresión. La única voz contestataria fue la de un periodista de Ascensión de Guarayos, que sostuvo que “hay veces que los periodistas merecen llevar palo”, aludiendo los casos extremos de faltas a la ética y a las normas.
¿Qué se entiende por agresión? fue la pregunta de arranque. Y las respuestas fueron: Sinónimo de violencia física o verbal, sentimiento de rabia que deriva en acciones violentas, actitudes que se ejercen para provocar el silencio, manifestación de debilidad y falta de conciencia, una forma de menospreciar el trabajo periodístico, reaccionar violentamente por falta de diálogo, no respetar los derechos de otras personas, el dolor en el corazón que perdura por siempre, pero a la vez da fuerza para mejorar como periodista, acción física o psicológica que se comete por cualquier medio afectando el derecho e integridad de otro u otros en beneficio propio o de grupos de poder que se convierte en problema social, y una forma de expresarse faltando el respeto a los demás. Todas estas definiciones salieron del grupo, a partir de la construcción del concepto por lo que es, lo que no es, sus clases o tipos y de qué forma parte.
Otro aspecto relevante en la dinámica fue la presentación de los dibujos sobre cómo se veían los periodistas de la Red Amazónica frente a la agresión. Generalmente se mostraron como víctimas, ya sea de insultos, de golpes de puño y patadas, piedrazos y hasta amenazas con arma de fuego. También hubo una representación en la que la víctima de la agresión era la audiencia debido al contenido de las informaciones propagadas de manera sensacionalista por el locutor y la locutora.
Fue reiterada la representación de cerco a la emisora, donde el periodista aparece indefenso, rodeado por una turba armada con palos y piedras que además lanza insultos. El clima de polarización que no es ajeno en estas poblaciones también se reflejó en dibujos que muestran a los bandos radicales en actitud violenta. “Mentiroso”, “bandido” y “masista”, son las voces que se representaron como agresión verbal hacia el y la periodista.
En la conclusión, los participantes acordaron que la mejor forma de prevenir acciones violentas en su contra es ejercer el oficio con responsabilidad, pero para ello también demandaron de parte de las autoridades un mayor compromiso para castigar a los agresores, lo que es más difícil en poblaciones pequeñas, donde los poderosos se sienten impunes porque creen que el brazo de la justicia no los alcanza.
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