Erick R. Torrico Villanueva
Responsable del Proyecto de Comunicación
Democrática,
Fundación UNIR Bolivia
La
Organización de las Naciones Unidas (ONU) inicia este lunes 19 de enero una
crucial etapa de deliberaciones que debe concluir en septiembre próximo con la
adopción de un plan de acción orientado a hacer realidad la promesa del
desarrollo sostenible y a erradicar la pobreza extrema de la faz del planeta. Su
horizonte temporal es el año 2030 y el acceso a la información uno de sus
requisitos fundamentales.
Hay que recordar que la asamblea
general de la ONU celebrada al cierre del siglo veinte aprobó la “Declaración
del Milenio” y asumió una serie de compromisos para modificar la situación de
la población pobre del mundo hasta el presente año, es decir, 2015.
En ese documento, los representantes
de todos los Estados miembros afirmaron: “No escatimaremos esfuerzos para
liberar a nuestros semejantes, hombres, mujeres y niños, de las condiciones
abyectas y deshumanizadoras de la pobreza extrema, a la que en la actualidad
están sometidos más de 1.000 millones de seres humanos. Estamos empeñados en
hacer realidad para todos ellos el derecho al desarrollo y a poner a toda la
especie humana al abrigo de la necesidad”.
En vista a
ello, fueron aprobados estos Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM): 1) Erradicar la pobreza extrema y el hambre,
2) Lograr la
enseñanza primaria universal, 3) Promover la
igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer, 4) Reducir la
mortalidad infantil, 5) Mejorar la salud
materna, 6) Combatir el
VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades, 7) Garantizar la
sostenibilidad del medio ambiente y 8) Fomentar una
alianza mundial para el desarrollo. Además, fueron definidas 21
metas y un conjunto de indicadores para medir los avances alcanzados.
A poco de cumplirse el
plazo fijado para la consecución de dichos objetivos, las evaluaciones
efectuadas dan cuenta de que, pese a los significativos logros registrados en
algunos países –China, por ejemplo–, la situación general sigue siendo muy
compleja y en muchos casos precaria, entre otras causas por la ausencia de
voluntad política y la falta de financiamiento y de cooperación, razón por la
que desde hace casi dos años se comenzó a plantear la formulación de una
“Agenda post-2015”.
Al efecto, el Grupo de
Trabajo Abierto constituido por la asamblea general de Naciones Unidas en 2013
y del que formaron parte representantes de 70 naciones (entre ellas Bolivia),
elaboró una propuesta con estos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS):
1)
Poner fin a la
pobreza en todas sus formas en todo el mundo.
2)
Poner fin al
hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover
la agricultura sostenible.
3)
Garantizar una
vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
4)
Garantizar una
educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de
aprendizaje durante toda la vida para todos.
5)
Lograr la
igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas.
6) Garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación
sostenible y el saneamiento para todos.
7) Garantizar el acceso a una energía asequible,
segura, sostenible y moderna para todos.
8) Promover el crecimiento
económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el
trabajo decente para todos.
9) Construir infraestructura
resiliente(*), promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar
la innovación.
10) Reducir la desigualdad en y
entre los países.
11) Lograr que las ciudades y los
asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
12) Garantizar modalidades de
consumo y producción sostenibles.
13) Adoptar medidas urgentes para
combatir el cambio climático y sus efectos.
14) Conservar y utilizar en forma
sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo
sostenible.
15) Proteger, restablecer y
promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, efectuar una
ordenación sostenible de los bosques, luchar contra la desertificación, detener
y revertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad
biológica.
16) Promover sociedades pacíficas
e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia
para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos
los niveles.
17) Fortalecer los medios de
ejecución y revitalizar la alianza mundial para el desarrollo sostenible
Este planteamiento, en su conjunto, es
mucho más ambicioso y demandante que el de los ODM del año 2000, no solamente
porque implica un mayor número de objetivos y de metas (ahora son 169), sino
especialmente porque está dirigido a todas las naciones e incorpora dos temas
fundamentales: la lucha contra el cambio climático y la garantía efectiva de
todos los derechos y libertades, destacándose los vinculados con la información.
En términos políticos, esto significa que si
la asamblea general de la ONU de septiembre venidero consigue aprobar el
documento de los ODS con amplio consenso puede dar lugar a un nuevo tipo de
relaciones internacionales y a un aporte significativo en la construcción
democrática interna de todos sus países miembros al igual que a un posible cambio
esencial en el modo en que la humanidad viene relacionándose con la naturaleza.
De ahí que las deliberaciones que empiezan esta semana revistan suma
relevancia.
En ese marco, el ODS número 16 que
concierne a la plena vigencia de los derechos remarca en su meta número 10 que
todos los Estados deben “asegurar el acceso a la información pública y proteger
las libertades fundamentales en concordancia con las legislaciones nacionales y
los acuerdos internacionales”.
Es en ese espíritu que se pronunció la
conferencia de expertos en información celebrada en Nairobi en noviembre
pasado: “El desarrollo sostenible depende de la participación informada del
pueblo en los procesos de gobernanza y toma de decisiones, la cual a su turno
requiere del acceso a la información y el efectivo ejercicio del derecho a la
libertad de expresión, incluyendo la existencia de medios libres e
independientes”. Y el propio secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon, en su
reciente informe sobre la agenda de desarrollo sostenible post-2015, manifestó
que “la libertad de prensa, el acceso a la información y la libertad de
expresión” son “facilitadores esenciales del desarrollo sostenible”.
Así, el papel de la información está
nuevamente en la mesa de las preocupaciones y los debates internacionales.
Bolivia, que cuenta con una avanzada
disposición constitucional en materia de reconocimiento del Derecho a la
Información y la Comunicación (Cap. VII, Art. 106) aunque todavía carece de una
ley de transparencia y acceso a la información pública, tendrá sin duda una
valiosa oportunidad para contribuir a que se plasme en la ONU un consenso con
potencialidades transformadoras. Habrá que estar expectantes.
(*) “Resiliente” es un neologismo que equivale a “resistencia” a la vez que
a “elasticidad” de las infraestructuras.
